El Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
presentó el
Informe anual 20061
sobre la situación de los derechos humanos en
Nicaragua.
Frente a
una nutrida representación de la prensa nacional e internacional y de
agencias de cooperación, la presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñez de Escorcia,
expresó: “nuestro balance respecto a los
derechos humanos en el 2006 es negativo. Esta situación no se refleja
solamente en los datos que les vamos a presentar como CENIDH, sino
también en el Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano del PNUD.
Para comenzar no se puede hacer ninguna valoración objetiva de derechos
humanos si los hechos violatorios no se analizan en el contexto dentro del
cual se desarrollan”.
Para la
presidenta del CENIDH, el 2006 fue marcado por el proceso
electoral con una campaña agresiva y de confrontación, debido principalmente
a una
gran injerencia extranjera. Los hechos que caracterizaron negativamente el
año recién concluido fueron además “el debilitamiento y el deterioro
institucional producto del pacto entre el Frente Sandinista (FSLN) y
el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la crisis de la
Asamblea Nacional que llevó a dos hechos muy graves. Estos hechos fueron la
penalización del aborto terapéutico por fines electorales y para complacer
la alta jerarquía de la Iglesia Católica, y la aprobación de la Ley Orgánica
de la Asamblea Nacional, que contiene una serie de imposiciones que entran
en contradicción con la Constitución Política del país”. Además,
otro elemento que
caracterizó el contexto nacional fue la actuación del Poder Judicial
“instrumentado para resolver problemas de carácter político y vinculado con
los problemas del narcotráfico y con la violación de los derechos humanos de
los periodistas que investigaban estos hechos”, indicó.
Analizando
el último año de la administración Bolaños, Vilma Núñez
señaló que el ex presidente continuó profundizando la pérdida de
credibilidad, portándose como una persona autoritaria y prepotente y
demostrando una predisposición a generar crisis y una incapacidad a generar
consenso. Fracasó,
además, en la lucha contra la corrupción y la desacreditó transformándola en
un pleito personal contra Arnoldo Alemán.
“A nivel
económico –continuó Núñez– con Bolaños hubo avances
macroeconómicos, pero no se reflejaron en la vida cotidiana de los
nicaragüenses. Deja una deuda pendiente en materia de derechos humanos,
donde hay un evidente deterioro en la vida de la mayoría de la población. No
es cierto, como dijo el ex presidente, que deja la mesa servida para el
nuevo gobierno, sino que la mesa quedó vacía y con muchos comensales
esperando”.
El 10% de
los más ricos obtuvo el 44.4% de los ingresos nacionales, mientras que el
10% de los más pobres recibió solamente el 0.9%. El 80% de la población
sigue viviendo con menos de 2 dólares al día y el 45% con menos de 1 dólar.
Nicaragua sigue en el lugar 112 de los 177 países analizados en el
Índice de Desarrollo Humano2.
El 54% de la población no tiene acceso a la canasta básica, el 40% no está
en la condición de adquirir ni siquiera los alimentos que la misma incluye3.
El 27% sufre de desnutrición, el 72% de la población rural no tiene acceso a
agua potable. Sólo el 34 % de la población urbana tiene servicio de
alcantarillado4.
Núñez
analizó también las primeras semanas del nuevo gobierno de Daniel Ortega,
detectando una profundización del deterioro de la institucionalidad del
país, con un intento de centralizar más el poder y con una confusión de
roles entre el presidente de la República y la Primera Dama y entre
Estado-Partido-Familia.
Derechos Civiles
El informe
del CENIDH abordó los derechos a la libertad individual, los
cuales fueron afectados durante las protestas de diferentes sectores
sociales contra la administración Bolaños por la intervención
policial, llevando consigo detención y lesiones físicas, tanto de
manifestantes como de oficiales de Policía. El Poder Judicial ha venido
perdiendo credibilidad, ya no sólo por la falta de acceso a la justicia para
las víctimas de diversos delitos, sino porque muchas de las y los
funcionarios judiciales están íntimamente vinculados con partidos políticos
e intereses económicos de un determinado grupo. Uno de los problemas más
graves en materia de derechos humanos en el país está relacionado con la
seguridad ciudadana.
“La
descomposición –declaró Vilma Núñez– ha aumentado y según datos de
la Policía, hubo un aumento de casi el 12% en delitos. Esto es producto de
la falta de oportunidades, del hambre y de la falta de trabajo. Entre los
focos de donde se originan los delitos hay que mencionar el alcoholismo, el
narcotráfico y las pandillas. Además, no
podemos hablar de seguridad ciudadana sin hablar de la situación de la
Policía Nacional, que en el año 2006 fue tremendamente sacudida por el
descubrimiento de actos de corrupción, muchos de ellos vinculados al
narcotráfico”.
La Policía Nacional resulta involucrada en casi el 30% de las
denuncias presentadas al CENIDH en el 2006 y junto al Ministerio del
Trabajo, representan las instituciones con más índices de violaciones a los
derechos humanos.
Respecto a
la libertad de expresión, el CENIDH expresó su preocupación
por 13 casos de amenazas, agresiones físicas, verbales y demandas judiciales
en contra de periodistas y medios de comunicación. Las acusaciones por
injurias y calumnias se han convertido en una forma de persecución contra
periodistas que investigan casos de corrupción, en los cuales la mayoría de
las personas señaladas son funcionarios públicos.
Derechos económicos, sociales
y culturales
Según la
presidenta del CENIDH “como los otros años, el problema principal es
el tema del desempleo y las violaciones a los derechos laborales. De la
cantidad total de las violaciones a los derechos humanos tramitadas en
nuestra organización y de la cantidad de violaciones comprobadas, casi el 40
por ciento fueron hechos relacionados al derecho al trabajo. El derecho al
trabajo es el derecho más vulnerado en Nicaragua”.
El Informe
señala que se comprobó, una vez más, el deterioro de los derechos laborales
debido en parte a que la tutela de esos derechos por el Estado sigue siendo
muy pobre. Continúa la tendencia por parte de las autoridades de utilizar
las leyes en detrimento del derecho de la población trabajadora. A esto se
añade que los trabajadores desconocen muchos de sus derechos y cuando los
conocen, sienten que es muy difícil hacerlos respetar por temor al despido,
optando por perderlos para conservar el empleo, que muchas veces es el único
sustento familiar.
En
Nicaragua –continúa el informe del CENIDH– la pobreza afecta no
sólo a personas desempleadas, sino a los trabajadores precarizados e
informales. La mitad de las personas asalariadas perciben sueldos inferiores
al umbral de la pobreza. Es decir, el problema no se resuelve únicamente
creando empleos, se necesitan empleos de buena calidad, con mejores
condiciones de trabajo y acceso al desarrollo humano.
Se
evidencia también como el campesinado abandona la vida rural para buscar
algo mejor en la ciudad, encontrando solamente trabajos ocasionales o
comercio minorista de objetos de poco valor. La precariedad del empleo se ha
acentuado, lo que se refleja en el aumento de la proporción de personas
ocupadas en los sectores informales o de baja productividad (63.3% de la
población trabajadora)5.
Esta clase de empleo se ha convertido en el principal mecanismo de ajuste
del mercado laboral ante la insuficiencia de las ocupaciones formales. De
esta manera la actividad informal ha actuado como un amortiguador de los
efectos de la reducción en el empleo.
En las
violaciones de los derechos laborales hay que destacar el problema de las
maquilas. Para Vilma Núñez “a la maquila no se le puede llamar centro
de trabajo, sino un centro de violación de los derechos humanos y representa
el lugar donde mayormente se violan los derechos laborales de los
trabajadores. El ejercicio de los derechos de libertad sindical y de
asociación es visto como una actividad incompatible con el derecho al
trabajo, haciéndose cada vez más difícil la creación de organizaciones
sindicales”.
Violaciones
a la seguridad social, debilitamiento de las organizaciones sindicales,
falta de protección adecuada por parte del Ministerio del Trabajo (MITRAB)
y hasta complicidad de los inspectores del MITRAB con las empresas.
Para las empresas son paraísos fiscales, mientras que para los trabajadores
son centros de explotación intensivas en los cuales se confunden trabajo y
padecimiento.
Entre las
denuncias del CENIDH resalta también el caso de los buzos, casi
siempre indígenas misquitos, que se dedican a la pesca de langostas.
Actualmente hay casi 700 buzos lisiados e incapacitados y en los últimos 10
años han fallecido 100 de ellos a causa del síndrome de descompresión. Esta
práctica es utilizada por empresas pesqueras para capturar grandes
cantidades de langostas y exportarlas. Los buzos se ven obligados a
sumergirse a grandes profundidades, sin el equipo ni la capacitación
requerida.
El informe
incluye también los datos sobre la situación y las violaciones al derecho a
la salud, a la seguridad social, a la educación, a la propiedad y termina
con los ámbitos específicos, que incluyen los derechos humanos de las
mujeres, donde destacan las violaciones intrafamiliares y el problema del
aborto terapéutico, de la niñez y la adolescencia, de la tercera edad, de
los emigrantes, del medio ambiente y de los defensores de derechos humanos.
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En Managua,
Giorgio Trucchi
© Rel-UITA
13 de febrero de 2007 |
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1
El CENIDH es miembro de FIDH y OMCT y es apoyado por NOVIB, HIVOS, Autoridad
Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, Pan para el Mundo, CAFOD,
INKOTA, EIRENE, Iniciativa Cristiana “O. A. Romero”, Ayuda Popular Noruega
2
PNUD
3
Néstor Avendaño – economista independiente
4
Centro Humboldt de Nicaragua
5
XXI Encuesta de Hogares para
la Medición del Empleo Urbano-Rural (INEC 2006)
