Una ley interpretativa que “deje sin efectos” la ley de Caducidad, que ha impuesto en Uruguay la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y pasó ahora al Senado donde el gobernante, Frente Amplio intenta aprobarla antes del 19 de noviembre, fecha en que el Estado uruguayo será condenado por la Corte de Derechos Humanos de la OEA por el Caso Gelman.

El Senado uruguayo enfrentará, una vez más, el debate sobre la impunidad instalada en el país a partir de 1986, cuando se aprobó la denominada “Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, con la que se ha intentado impedir el enjuiciamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías durante la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985.

La Cámara alta decidirá la aprobación de una ley interpretativa de la “Caducidad”, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, a impulsos de la bancada del oficialista Frente Amplio para adelantarse a una segura condena de Uruguay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por el caso de secuestro y desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

La “Ley de impunidad” fue sometida a referéndum en 1989 y fue entonces confirmada por el voto ciudadano. En 2008 las organizaciones sindicales y sociales nuevamente recurrieron a un plebiscito para su anulación, pero tampoco consiguieron la mitad mas uno de los votos. La norma ha sido declarada inconstitucional, en una causa, por la Suprema Corte de Justicia.

El Caso Gelman

María Claudia García de Gelman (19 años), fue secuestrada en Buenos Aires en agosto de 1976, recluida en el centro de torturas Automotores Orletti y trasladada a Montevideo, donde dio a luz una niña, Macarena, quien recuperó su identidad en el año 2000 y, desde entonces, con su abuelo, reclama la verdad de lo ocurrido y ubicación de los restos de su madre desaparecida

La desaparición de María Claudia fue oficialmente reconocida por el Estado uruguayo, pero las investigaciones del Poder Ejecutivo no han dado frutos y el Poder Judicial se ha visto impedido de actuar (la causa se cerró dos veces) por la vigencia de la “Ley de Caducidad” que amparó el caso por decisión del presidente Jorge Batlle en 2003.

En 2006, Juan y Macarena Gelman recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en el año 1992 ya había hecho una observación al Estado uruguayo por considerar que la Ley de Caducidad es incompatible con las normas y acuerdos internacionales. En 2009 el caso pasó a la Corte de la OEA que realizará su audiencia el próximo 19 de noviembre.

Impunidad aplicada

A la salida de la dictadura, la “Ley de Caducidad” fue negociada por el presidente Julio María Sanguinetti y los mandos militares como una amnistía, pero el texto de la ley aprobado por el Parlamento el 22 de diciembre de 1986 no amparaba delitos económicos ni en el exterior, y ordenaba al Poder Ejecutivo investigar y esclarecer las denuncias aunque no hubiera castigo.

Sanguinetti aplicó la ley –que otorgaba al Poder Ejecutivo decisión sobre qué casos podía o no juzgar el Poder Judicial- como una amnistía total y amparó todas las denuncias presentadas por familiares de las víctimas, aún en casos que habían ocurrido antes de la dictadura militar.

De igual modo la aplicaron sus sucesores Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.

Con la asunción en 2005 del primer presidente de izquierda, Tabaré Vázquez, la ley se siguió aplicando, pero con otra interpretación por la que se permitió actuar a la justicia contra las mandos superiores y en algunos casos de desaparición forzada. Los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez fueron procesados, al igual que una docena de militares y policías.

Un debate confuso

Todos los legisladores del Parlamento uruguayo admiten hoy (aunque no lo hagan públicamente) que la Ley de Caducidad es inconstitucional por el sólo hecho de someter a la justicia a decisiones del Poder Ejecutivo, pero la fórmula para “dejar sin efectos” la norma, como exige la OEA, implica un enredado debate político, que muchos disfrazan con argumentaciones jurídicas.

Por un lado, están quienes rechazan la norma con el alegato de que la Ley fue sometida dos veces a la votación ciudadana y en ambas ocasiones no fue eliminada. Este argumento es sostenido incluso por legisladores del oficialista Frente Amplio, como el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, que podría pedir licencia a su banca para no votar y dejar que su suplente lo haga.

Por otro lado, se señala que en Uruguay las leyes no pueden ser anuladas ni tener efecto retroactivo, por lo tanto todas las causas que ya fueron amparadas por la ley de caducidad (la mayoría de los casos denunciados) no podrían volver a reabrirse, lo que limitaría las posibilidades de la justicia a causas nunca presentadas y, por tanto, no se cumpliría lo exigido por la OEA:

Una clara realidad

El mecanismo que se debate en el Parlamento para cumplir con el reclamo de la Corte de Derechos Humanos, implica una interpretación de un artículo de la Constitución, a través del cual se podrían considerar que los convenios y pactos internacionales suscritos por Uruguay son normas superiores a las leyes internas, los códigos y los reglamentos.

En la Cámara de Diputados el proyecto de ley fue aprobado por 50 votos en 80 de los 90 legisladores presentes. El texto sólo tuvo a favor todos los votos del Frente Amplio y el voto en contra de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado, que fueron los que en 1986 aprobar la Caducidad y los que desde entonces habían gobernado el país.

La definición en el Senado y en la OEA, instala otra realidad en Uruguay: la ley de impunidad no podrá aplicarse, las causas serán reactivadas y en el 2011 el Poder Judicial juzgará a decenas de militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad. La ley de caducidad está muerta, pero habrá que enterrar la impunidad que ella instauró en Uruguay durante veinticinco años.