Ahora, el gobernador José Manuel de la Sota -no por sus 
						convicciones sino ante el temor de que el local sea 
						ocupado por la militancia- cedió el edificio ubicado en 
						el Pasaje Catalina, contiguo al Cabildo Histórico, en 
						pleno centro de la capital mediterránea. La cesión 
						aprobada por ley en marzo de este año, solo nueve meses 
						después se cumple íntegramente. A partir de ahora, la 
						Comisión Provincial de la Memoria y los integrantes de 
						la Comisión de Notables: Sonia Torres (presidenta de 
						Abuelas de Plaza de Mayo), Juan Enrique Villa (ex 
						secretario general del sindicato de Perkins y de la Mesa 
						Nacional de Gremios en Lucha en los ´70), Carlos Alonso 
						(artista plástico), Guillermo Mariani (sacerdote) y 
						Santiago D´Ambra (de Familiares y Detenidos por Razones 
						Políticas), tienen la misión de concretar crónicas de 
						vida, donde antes reinó la muerte. Precisamente lo 
						primero que reclamaron es la entrega de los archivos 
						policiales celosamente guardados por los gobiernos de 
						turno. 
						 
						
						En ese edificio, que aún muestra en su interior 
						las celdas y sitios de torturas que culminaban en el 
						asesinato de decenas de combatientes, se transformará en 
						un ámbito de puertas abiertas a la memoria, a nuevos 
						proyectos políticos y sociales.
						 
						
						En las horas previas, los organismos de derechos 
						humanos, con la presencia de alrededor de un millar de 
						ex presos políticos y sus familias, de representantes de 
						organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, 
						entre otras, descubrieron un monumento a los fusilados 
						en la Penitenciaria. Entre el 30 de abril y el 11 de 
						octubre de 1976 fueron asesinados Eduardo Bartoli, 
						Miguel Mozé, José Svagusa, Luis Verón, Eduardo 
						Hernández, Diana Fidelman, Ricardo Yung, Carlos 
						Sgandurra, José Puchetta, Claudio Zorrilla, Miguel 
						Barrera, Mirta Abdón, Esther Barberis, Marta Rossetti de 
						Arqueola, José Funes, Rául Bauducco, José Moukarzel, 
						Miguel Vaca Narvaja, Higinio Toranzo, Gustavo de Breuil, 
						Ricardo Tramontini, Liliana Páez, Florencio Díaz, Pablo 
						Balustra, Jorge García, Oscar Hubert, Miguel Ceballos, 
						Marta González de Baronetto y en julio de 1978 Osvaldo 
						de Benedetti.
						 
						
						Muchos de ellos fusilados fuera del penal, 
						sacados con la complicidad de los jueces, los que 
						después convalidaban los comunicados de prensa del 
						Ejército Argentino en que se daba cuenta de 
						"enfrentamientos" o "intentos de fuga". Y otros, el tiro 
						en la nunca o estaqueados en los patios de la cárcel en 
						el invierno del ´76, completaron la práctica del Terror 
						de Estado, cuyos responsables materiales e intelectuales 
						gozan de libertad gracias a las leyes de impunidad y la 
						llamativa morosidad de los juicios tras su derogación.
						 
						
						En ese sentido, cabe recordar uno de los tramos 
						del documento de los HIJOS de las presas y presos 
						políticos fusilados en la Penitenciaría: "La democracia 
						fue generosa con los asesinos", haciendo referencias a 
						las leyes de impunidad derogadas por la fuerza de la 
						lucha. También expresa que la construcción del futuro 
						debe ser "sin mentiras, sin hipocresías, sin crímenes, 
						sin impunidad". Para manifestar finalmente: "Y estamos 
						aquí sobre todo para exigir. Para reclamar que la 
						Justicia Federal de Córdoba cumpla, de una vez por 
						todas, con su obligación y encierre para siempre a 
						Menéndez y su siniestra corte de asesinatos cobardes y 
						decadentes. Nuestros muertos viven en nosotros. Justicia 
						para ellos. Juicio y Castigo a los culpables".
						 
						
						
						Adital
						
						21 de 
						diciembre de 2006
						
						 
						
						
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