En el mes de junio del 2006 32 nuevas víctimas menores de 23 años se sumaron al registro de muertes violentas y/o ejecuciones y durante el corto periodo de tiempo que ha transcurrido de la administración del presidente Zelaya Rosales se ha alcanzado la cifra de 205 asesinatos, o sea un promedio de 41 muertes por mes. Esta realidad hace con que la organización Casa Alianza de Honduras se dirija a los medios de comunicación, autoridades del país y a la sociedad en general, manifiestando que continua lamentando estos hechos.

 

Los departamentos de mayor incidencia de asesinatos fueron Cortes con 47% y Francisco Morazán con 44%. Las autorías de los crímenes se responsabiliza en un 25% a supuestos militantes de pandillas y un 75% a personas o grupos desconocidos. En el 100% de los crímenes se utilizó como instrumento de muerte armas de fuego, como ser revólveres, pistolas 9mm y las AK-47.

 

Según Casa Alianza desde 1998 hasta el recién finalizado mes de junio, 3.200 han sido las muertes o asesinatos de niños ,niñas y jóvenes ocurridas en Honduras, por lo que se percibe que a pesar de las recomendaciones establecidas en el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias en Honduras en el 2002, la practica de las ejecuciones no han cesado y que las respuestas de las autoridades indica que no se están tomando las medidas que se requieren para atender eficientemente este problema.

 

Esta desatención por parte del Estado y la sociedad al problema de las ejecuciones, ha provocado que la espiral de violencia contra la niñez, adolescencia y juventud vaya en aumento año tras año. El director nacional de Casa Alianza José Manuel Capellin manifesto que Honduras es un país que se define como un Estado de Derecho, pero expresar que se vive en un sistema democrático o en un Estado de Derecho cuando a diario son asesinados niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es contradictorio.

 

Casa Alianza insta al Estado de Honduras a fortalecer con recursos humanos, técnicos y financieros la Unidad Especial de Investigación de Muerte de Menores para que se investigue de manera eficiente y efectiva todos estos hechos. Además el Estado de Honduras y la sociedad deben iniciar y mantener una campaña dirigida a sensibilizar e inculcar en la población, una cultura de respeto a los derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud, especialmente su derecho a la vida.

 

La entidad también lamenta profundamente la tragedia ocurrida en el centro de internamiento para menores infractores Renaciendo, en la localidad de Tamara, donde el día 08 de julio perdieron su vida de manera violenta tres jóvenes adolescentes que se encontraban privados de libertad en dicho centro.

 

Adital

13 de julio de 2006

FOTO: caiman.de/honduras