Videla, Harguindeguy, Nicolaides,
Menéndez y Bussi son algunos de los
acusados por la acción represiva
conjunta de las dictaduras del Cono Sur
La justicia federal elevó
a juicio oral y público el expediente
que investiga la acción represiva
conjunta de las dictaduras del Cono Sur
conocida como Plan Cóndor.
La decisión del juez
Sergio Torres afecta al ex
presidente de facto Jorge Rafael
Videla y a otros 16 militares. En la
nómina de militares llevados al
banquillo de los acusados se encuentran
Eduardo Albano Harguindeguy,
Cristino Nicolaides, Luciano
Benjamín Menéndez, Antonio
Domingo Bussi, Santiago Omar
Riveros y Eduardo Daniel De Lio,
entre otros.
La medida ordenada por
Torres, que subroga en la causa al
renunciante Guillermo Montenegro,
incluye a Carlos Humberto Caggiano
Tedesco, Ramón Genardo Díaz
Bessone, Antonio Vañek,
Juan Pablo Saa, Carlos Tragant,
Bernardo Menéndez, Jorge
Carlos Olivera Rovere, Antonio Guañabens
Perelló, Carlos Landoni y Ernesto
Arturo Alais.
Videla
cumple arresto domiciliario desde 1998
por el robo de bebes ocurrido durante la
dictadura.
A todos ellos -procesados
en una medida confirmada por la Cámara
Federal- se les imputan delitos de lesa
humanidad cometidos en el marco del
denominado Plan Cóndor como se conoció
al programa de coordinación represiva
entre las dictaduras del Cono Sur en los
setenta.
Pedido
presidencial
La elevación a juicio de
los crímenes cometidos en el marco del
Plan Cóndor, que forma parte de la
megacausa del I Cuerpo del Ejército, se
produce diez días después de que la
Cámara Nacional de Casación Penal
convalidara la
reapertura
de la causa en que se investigan
los crímenes ocurridos en la ESMA
El máximo tribunal penal
del país destrabó así el más demorado de
los casos de derechos humanos que estaba
pendiente de resolución desde hace
cuatro años.
A lo largo de su gestión
el presidente Néstor Kirchner
insistió una y otra vez para que la
Justicia avanzara con las causas que
investigan lo ocurrido durante la última
dictadura.
Su embestida más fuerte
fue justamente contra la Cámara de
Casación y, en particular, contra su
titular Alfredo Bisordi que, poco
después pidió una licencia en el cargo.
Durante la etapa de
instrucción la Cámara Nacional de
Casación Penal concedió la excarcelación
a todos los procesados detenidos a
excepción de Videla que nunca
solicitó ese beneficio.
De todas maneras, la
mayoría de los militares está detenida
por otras causas también relacionadas
con crímenes de la dictadura.
Acuerdo
criminal
En estas actuaciones se
investiga la "concertación de un acuerdo
criminal", como se calificó a los
procedimientos conjuntos de las fuerzas
armadas y de seguridad de la
Argentina, Chile, Paraguay,
Bolivia, Brasil,
Uruguay, Perú y Ecuador
para la "comisión de ilícitos, entre
ellos la desaparición forzada de
personas" que provocaron centenares de
víctimas.
En el marco de la
pesquisa se investigan las privaciones
ilegítimas de la libertad de alrededor
de 70 víctimas, entre ellas María
Claudia Irureta Goyena de Gelman,
nuera del escritor Juan Gelman,
desaparecida en Buenos Aires el 24 de
agosto de 1976.
Tomado de
La Nación, Argentina
29 de
noviembre de 2007
