Los papeles muestran que
en 1976 el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger dio la orden
a las embajadas norteamericanas en la región de no meterse con los crímenes
que entonces se cometían en el marco del Plan Cóndor.
El 16 de
septiembre de 1976, sólo cuatro días antes de que el canciller de
Salvador
Allende
muriera en un atentado en Washington, el entonces secretario de Estado,
Henry Kissinger,
dio la orden a las embajadas estadounidenses en la región de no meterse.
Documentos desclasificados demostraron que el gobierno norteamericano sabía
que existía el Plan Cóndor y lo que éste significaba. “Existen
rumores de que esta cooperación excede el intercambio de información e
incluye planes para asesinar a subversivos, políticos y prominentes figuras,
tanto dentro de las fronteras de ciertos países del Cono Sur como fuera de
ellas”, escribió el propio
Kissinger
en un cable secreto a finales de agosto de ese año. Dos semanas después, sin
mediar una explicación, el entonces jefe de la diplomacia,
Gerald Ford,
y Premio Nóbel de la Paz se desdijo y ordenó no intervenir.
“Simplemente instruya a los embajadores para que
no tomen ninguna otra medida”, le ordenó a su subalterno,
Shlaudeman, en otro cable ahora desclasificado, que
escribió desde Lusaka, la capital de
Zambia, donde se encontraba realizando una visita
oficial.
Aún quedan muchos documentos por desclasificar
para poder completar la historia de lo que sucedió hace casi 34 años. Pero
los cables secretos publicados ayer por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) confirmaron algunas
de las sospechas, por ejemplo, que la Casa Blanca supo, desde el inicio,
sobre el Plan Cóndor y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos
cometidas por las dictaduras latinoamericanas en los años setenta.
En el cable de finales de agosto de 1976,
Kissinger se mostraba preocupado por cómo los asesinatos
de líderes de alto perfil afectarían la imagen internacional de las
dictaduras sudamericanas. En el caso argentino, su preocupación era
específica. Ese tipo de actividades tendría un impacto negativo en general
sobre la imagen de
Argentina en el extranjero en general y, en particular,
sobre los esfuerzos de refinanciamiento externo de
Martínez de Hoz.
Para evitar mayores críticas de la comunidad
internacional hacia sus aliados sudamericanos en la Guerra Fría, el
secretario de Estado les envió un cable a los embajadores norteamericanos en
Buenos Aires, Montevideo, Santiago y La Paz para que trasmitieran sus miedos
directamente a los dictadores o los comandantes de las Fuerzas Armadas de
turno: Jorge Rafael
Videla,
Julio César Vadora,
Augusto Pinochet
y
Hugo Banzer.
La respuesta de los cuatro embajadores fue casi
la misma, según se desprende del informe que presenta más tarde el hombre de
Kissinger para
América Latina,
Harry Shlaudeman. Ninguno quería herir las “sensibilidades” de
los dictadores. El embajador en Montevideo,
Ernest Siracusa, incluso llegó a admitir que temía que su vida
pudiera peligrar si elevaba el cuestionamiento a la cúpula militar. De
hacerlo, pedían un respaldo directo de Washington.
Kissinger
se tomó más de dos semanas en contestar y lo hizo con un tono muy diferente
al que había utilizado a finales de agosto. “No ha habido más informes en
estas últimas semanas que indiquen una intención de activar el Plan Cóndor”,
dijo el secretario de Estado junto a la instrucción de no actuar en el cable
desde
Zambia. La orden les llegó a los embajadores el 20 de
septiembre.
Un día después la noticia les llegó desde
Washington. El ex canciller del asesinado presidente chileno
Salvador Allende,
Orlando Letelier, y su secretaria de 26 años,
Ronni Karpen Moffitt, habían sido asesinados, cuando conducían por la
avenida Massachusetts, en la capital estadounidense. Años después, las
investigaciones demostraron que la bomba que hizo estallar el vehículo fue
colocada por un agente de la DINA, la policía secreta de
Pinochet. La dictadura chilena nunca reconoció su
responsabilidad sobre el crimen y el responsable,
Michael Townley (sospechoso también de haber plantado la bomba
que mató al ex comandante chileno Carlos Prats y su mujer en Buenos Aires en
1974), camina libre en las calles estadounidenses, gracias al sistema de
protección al testigo.
Para
Peter Kornbluth, uno de los analistas de NSA, la organización
que desclasificó los documentos y los publicó en su página Web, los
documentos revelaron el verdadero rol que jugó
Estados Unidos
en la historia del Plan Cóndor:
“Ahora sabemos lo que pasó: el Departamento de
Estado inició a tiempo un esfuerzo para frustrar asesinatos en el
Conosur y
Kissinger sin explicación lo abortó”.
