Los abogados que defienden a las víctimas de
violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura tienen prisa: las
causas podrían prescribir en unos pocos meses.
La mayoría de los militares
y civiles que han recibido sentencia y han sido enviados a prisión
convencional o domiciliaria (no llegan a quince) fueron procesados por
“homicidio muy especialmente agravado”. Lo mismo sucedería con las decenas
que están siendo citados por los tribunales desde el 1 de febrero.
El problema es que ese
delito, en la jurisprudencia uruguaya, prescribe a los 26 años y ocho meses.
Como la fecha a partir de
la cual se inicia la cuenta regresiva es el 1 de marzo de 1985, día de la
instalación del primer gobierno democráticamente electo tras el fin de la
dictadura, las causas de ese tipo caducarían el 1 de noviembre próximo.
“Todos los abogados de
derechos humanos y buena parte de los fiscales pensamos que en realidad los
crímenes que se están juzgando, desde la tortura hasta la desaparición
forzada, pasando por el secuestro y el homicidio políticos, son de lesa
humanidad, y por tanto imprescriptibles, pero los jueces, por ahora, no lo
entienden así”,
comentó el abogado Juan Errandonea.
“La figura de delitos de
lesa humanidad recién fue incorporada a una ley en 2006, y los jueces
consideran que los crímenes cometidos antes de esa fecha no pueden ser
juzgados con ese parámetro”.
Errandonea es parte
acusadora en uno de los procesos más sonados de estos últimos tiempos en
Uruguay, el que se le instruye al general Miguel Dalmao, el
único oficial en actividad que ha sido enviado a prisión por crímenes
cometidos en dictadura.
Existe una posibilidad de
que las cosas cambien, y a ella se aferran tanto los abogados como las
organizaciones humanitarias, de familiares de las víctimas y de ex presos:
la Suprema Corte de Justicia tiene a estudio desde recursos presentados por
la fiscal Mirtha Guianze para modificar la tipificación de
casos de homicidio especialmente agravado a desaparición forzada.
Allí el panorama sería
otro, porque si la justicia uruguaya se alineara con la tendencia que está
primando a nivel internacional en la jurisprudencia, de que estos crímenes
políticos son delitos de lesa humanidad, no correría la prescripción. En
particular el delito de desaparición forzada, que sería considerado un
delito permanente hasta que se encuentre el cuerpo de la víctima o se tenga
la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora
que tenemos presunciones, señaló la fiscal Guianze.
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si la justicia uruguaya
se alineara con la tendencia que está primando a nivel internacional en la
jurisprudencia, de que estos crímenes políticos son delitos de lesa
humanidad, no correría la prescripción. |
“En Argentina,
Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está
aceptado que los delitos cometidos en el marco de las dictaduras del Cono
Sur son claramente de lesa humanidad”, comentó.
En esos países la justicia
se aviene a “las elaboraciones doctrinarias que se han hecho desde el fin de
la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a considerarse -por entonces en
relación al nazismo- que hay determinados delitos de tal gravedad tal que la
humanidad tiene la obligación de perseguirlos”.
La ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 con el objetivo de que
ningún militar fuera castigado por las barbaridades realizadas entre 1973 y
1985, retardó y mucho la posibilidad de hacer justicia. No anuló todas las
posibilidades de castigo, porque algún resquicio dejó y permitió que unos
pocos fueran sentenciados, “pero impuso un atraso enorme”, afirmó la fiscal.
“De no haber existido esa
ley no estaríamos corriendo detrás de los plazos”.
Los intentos de anular la
ley del 86 hasta ahora han fracasado. En dos plebiscitos (1989 y 2009) y en
el parlamento. El gobernante Frente Amplio decidió en su último congreso,
que precedió de poco a las elecciones que lo llevaron por segunda vez al
poder, en noviembre de 2009, sumarse a los esfuerzos por anular la ley de
Caducidad.
Sin embargo, fue notorio
que algunos de sus sectores poco hicieron para concretar ese objetivo en el
plebiscito realizado junto a las elecciones. Y luego, una vez presentado
desde las propias filas de la coalición un proyecto para anular el texto en
el parlamento, anunciaron que no sumarían los votos de sus legisladores y es
muy probable que el nuevo intento fracase. El proyecto de anulación recibió
media sanción en la cámara de Diputados, pero chocaría contra un muro en el
Senado.
De todas maneras, las
presiones del movimiento social para que la “ley de impunidad” de 1985
desaparezca continúan. Y también las presiones exteriores.
La Corte Interamericana de
Justicia ha instado varias veces al Estado uruguayo a “suprimir de su
ordenamiento jurídico” una ley que “contraviene” todas las disposiciones
internacionales en la materia, y podría darse la paradoja de que Uruguay
sea condenado por ese organismo cuando está gobernado por un partido de
izquierda, en cuyas filas militaron o militan la gran mayoría de las
víctimas de la dictadura.
