Mientras en Argentina archivos relacionados con la última dictadura militar fueron incorporados al “Registro de la memoria mundial” por la UNESCO, en Uruguay investigadores universitarios difundieron una gigantesca investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en los años setenta y ochenta

 

 

Los 29 archivos argentinos seleccionados por la organización dependiente de Naciones Unidas constan de documentos emanados de las propias fuerzas de represión, de organismos de derechos humanos y de distintos poderes del Estado.

 

La inscripción por la UNESCO de esos documentos en su Registro de la memoria mundial equivale a declararlos patrimonio de la humanidad. Ese programa, instituido en 1992, “se basa en el supuesto de que algunos elementos, colecciones o fondos documentales forman parte del patrimonio mundial. (...) Se considera que su importancia trasciende los límites del tiempo y de las distintas culturas y que deben preservarse para las generaciones actuales y las futuras”, señala un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos argentina.

 

Hay allí escritos elaborados o conseguidos por las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la más diversa índole, desde copias de legajos de juicios o sentencias a denuncias y comunicados realizadas por esos grupos a lo largo de años, pasando por cartas o dibujos realizados por víctimas del terrorismo de Estado.

 

También aparece reunida documentación surgida de los propios aparatos represivos, como diversos archivos de inteligencia estatales y provinciales o fichas de seguimientos realizados a militantes políticos, y otra generada luego de la caída de la dictadura, tal como las denuncias que sirvieron para enjuiciar a los integrantes de las juntas militares que se sucedieron en el poder entre 1976 y 1983 y para investigar a otros ex jerarcas.

 

Todo ese material permite reconstruir la historia del terrorismo de Estado en la Argentina de los setenta y los ochenta, conocer en detalle las formas de operar de las fuerzas armadas, los métodos de exterminio utilizados, sus técnicas de inteligencia, sus planes, la coordinación represiva con otros regímenes similares de la región y también cómo fue la resistencia a la dictadura.

 

En el caso uruguayo, los trabajos que este mes de junio difundió la Presidencia de la República tienen un mérito mayúsculo: constituyen el primer esfuerzo de sistematización de la documentación existente, en el país y en el exterior, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico militar que se extendió entre 1973 y 1985, en especial sobre los casos de secuestros y desapariciones de militantes políticos.

 

Durante casi dos años, por encargo directo del presidente socialista Tabaré Vázquez, un equipo de historiadores y sociólogos coordinado por tres universitarios “de peso” se dedicaron a desbrozar unos 15 mil documentos reunidos en 19 archivos nacionales y extranjeros.

 

El resultado fueron cinco tomos de un total de más de 3.500 páginas de un llamado Libro Blanco sobre la represión en aquellos años.

 

A diferencia de Argentina, donde un intento de sistematización de ese tipo ya estaba presente en el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas que luego se conocería como “Nunca más”, en Uruguay debieron pasar 20 años para que desde el poder político se decidiera la promoción de una tarea similar.

 

“Esta es la primera vez que el Estado contrata investigadores para documentar sus crímenes, cometidos en otro período”, comentó el historiador Álvaro Rico, coordinador del trabajo.

 

Pero el Libro Blanco tiene una carencia nada menor, aunque de ninguna manera achacable a quienes lo hicieron: carece de documentación emanada directamente de las Fuerzas Armadas que muestre su manera de actuar, sus objetivos, que mencione nombres de quienes participaron y condujeron operativos y acciones.

 

Los investigadores debieron recurrir a otras fuentes, nacionales y extranjeras, para elaborar un mapeo de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en aquella época.

 

Y es que en Uruguay, treinta años después de los hechos, los militares responsables de centenares de casos de torturas, asesinatos y desapariciones continúan, por lo general, guardando silencio o difundiendo informaciones falsas y negando la existencia de archivos.

 

Ninguno de los gobiernos que se sucedieron luego de 1985 ha logrado que las Fuerzas Armadas pusieran a disposición del poder político, de las autoridades civiles, la documentación existente de aquellos tiempos.

 

Quienes elaboraron el Libro Blanco sí tuvieron acceso a documentación de cancillería, del Archivo General de la Nación, de los servicios de inteligencia policial que les permitió comprobar cómo los mandos castrenses de la época de la dictadura tenían incluso una obsesión por el registro de sus acciones. (Se sabe, por ejemplo, que el Servicio de Información de Defensa distribuía 18 juegos de documentación a otros tantos organismos militares).

 

Tanto estos investigadores como las organizaciones de defensa de los derechos humanos están convencidos de la imposibilidad de que toda esa documentación haya sido destruida.

 

“A falta de esos registros directos, el Libro Blanco contiene de todas maneras suficientes materiales probatorios que ayudarán a la justicia a romper el silencio de los militares y comenzar a conocer, por ejemplo, cómo fueron detenidos, torturados y probablemente asesinados las decenas de uruguayos que continúan como desaparecidos”, dijo a SIREL un integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

 

Mientras se espera la llegada de ese momento continúa apareciendo documentación que termina por echar por tierra afirmaciones del actual comandante en jefe del Ejército uruguayo según las cuales las violaciones a los derechos humanos que se “hubieran podido cometer” durante la dictadura no fueron más que hechos aberrantes “aislados”.

 

Esta semana se divulgó un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires que informa del traslado a Uruguay, en 1977, en un probable “vuelo de la muerte”, de una veintena de uruguayos secuestrados en Argentina.

 

Esa operación se habría realizado en “retribución” por el envío, por las autoridades uruguayas, en un helicóptero militar, de un militante guerrillero argentino secuestrado en Montevideo.

 

“Este documento corrobora un patrón de conducta represivo en función del cual las dictaduras uruguaya y argentina intercambiaban permanentemente detenidos, que en su mayor parte continúan aun hoy desaparecidos, y termina por liquidar ese mito de que la dictadura uruguaya era ‘menos asesina’ que la argentina”, dijo a SIREL el abogado Oscar López Goldaracena.

 

López, integrante de una comisión que promueve la anulación de una ley que en 1986 dejó sin castigo los crímenes cometidos por el personal uniformado en los años setenta, confía en que el conocimiento público de la verdad sobre lo ocurrido en aquella época termine por fin por acorralar a los militares y conduzca a su castigo.

En Montevideo, Daniel Gatti © Rel-UITA 26 de junio de 2007