La única buena noticia fue que, a última
hora, la reforma eliminó un párrafo que
equiparaba las movilizaciones sociales
de protesta con el crimen organizado.
Pero esto no contuvo las críticas. Hasta
el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), José
Luis Soberanes, consideró que la
aprobación de esta reforma significa un
retroceso, aunque expresó su esperanza
de que la Cámara de Senadores, que aún
debe ratificar las reformas, corrija una
serie de disposiciones que no preservan
las garantías individuales de los
mexicanos.
Las declaraciones de Soberanes
resaltaron no sólo por su condición de
defensor público nacional, sino porque
las hizo en la residencia oficial de Los
Pinos justo después de que el presidente
Calderón defendiera su propuesta
de reforma al entregar el Premio
Nacional de Derechos Humanos a un
abogado invidente. Ahí, Calderón
dijo que su gobierno no tolerará el
combate al crimen violando la ley y se
comprometió a actualizar las normas
sobre derechos humanos para impedir que
las “lagunas” o deficiencias de la ley
permitan violaciones, establecer un
programa en la materia, priorizar la
atención de grupos vulnerables y
promover campañas por el respeto a las
garantías individuales. “Todo abuso será
castigado”, dijo horas antes de que su
reforma fuera aprobada.
Sin embargo, el Consejo Consultivo de la
CNDH cuestionó que la nueva
legislación inscriba el arraigo en la
Constitución; se ponga en peligro la
inviolabilidad del domicilio, al
permitir la entrada de la policía sin
orden judicial, y se “rebaje” el derecho
al respeto de las comunicaciones
privadas, al darles valor probatorio en
un juicio penal. Al igual que
Soberanes, los integrantes del
órgano de consulta de la CNDH
consideraron que se trata de un
“retroceso en la tutela de los derechos
fundamentales de los mexicanos”.
La parte más celebrada de esta reforma,
la instauración de los juicios orales,
que deberá traducirse en una justicia
más transparente y expedita, fue
criticada por jueces y magistrados
federales en materia penal. De 20
impartidores de justicia especializados
en procesos penales federales y de
apelaciones, consultados por el diario
La Jornada, 12 se manifestaron
totalmente en contra de los juicios
orales, cinco dijeron que a corto plazo
serían inviables y sólo tres
consideraron que serían el remedio para
agilizar los procesos y garantizar un
mejor sistema de justicia. El consenso
entre ellos es que resultan mucho más
urgentes la capacitación de los
policías, fiscales, abogados y jueces,
como el fortalecimiento de las
instituciones de procuración e
impartición de justicia y de la
concentración de las fiscalías en la
recopilación de la evidencia.
