El periodista Roger Rodríguez, especializado en investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura uruguaya, fue virtualmente amenazado por militares, que “colgaron” en Internet todos sus datos personales.

Rodríguez, colaborador del Sirel, acababa de publicar en el semanario Caras y Caretas una nota en la que indagaba en el surgimiento, en la red social Facebook, de un grupo de amigos del Foro Libertad y Concordia, agrupación que dice reunir a cientos de militares retirados susceptibles de ser convocados por la justicia por delitos de tortura, secuestro, desaparición forzada y homicidio cometidos en los años setenta y ochenta.

En su artículo, titulado “La ofensiva de los indagables”, Rodríguez daba datos acerca de la composición de ese grupo de apoyo y sus vinculaciones políticas nacionales e internacionales.

La respuesta de los militares fue colocar en Internet todos los datos personales de Rodríguez, desde su documentación hasta su número de teléfono, los nombres de sus padres y su dirección detallada. Hubo incluso en el sitio un intercambio de informaciones sobre la ubicación exacta de la vivienda de Rodríguez y la forma de llegar a ella, hasta un mapa.  

"Hicimos lo mismo que él hace cuando habla de todos los militares y distribuye nuestras direcciones y nombres. Lo que queríamos era que nuestros camaradas se enteren, es un intercambio de información sobre un hombre público. De ninguna manera es una amenaza, y no hay ningún tono intimidatorio", dijo el teniente coronel retirado Héctor Marcos Varela González, uno de los firmantes de la nota en Facebook. “Tal vez alguien quiere ir a su casa y preguntarle algo. Como es un hombre tan activo…”, ironizó.

Varela González, ex oficial de Caballería, tuvo activa participación en la dictadura y actualmente integra la Agrupación Maldonado del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, en el que también figuran ex represores  como José Baudean y Eduardo Ferro, identificados como responsables de secuestros y torturas en Uruguay y en el exterior.  

Todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos se solidarizaron con Rodríguez, al igual que la Asociación de la Prensa Uruguaya, que alertó de la situación al Ministerio del Interior.