Vuelvo después de un mes al 
						Colegio de Abogados de Ica para dirigir un taller sobre 
						derechos humanos y me sorprende encontrar, en la esquina 
						opuesta, una flamante agencia del BIF. El ingreso de un 
						nuevo banco podría ser una buena muestra de la 
						prosperidad que ha traído a Ica la agroexportación.
						
						
						
						Sin embargo, cada madrugada, entre cuatro y cinco de la 
						mañana, se aprecian escenas menos alentadoras: camiones 
						y combis de los services recorren los pueblos jóvenes, 
						recogiendo personas muy pobres, en su mayoría mujeres. 
						Muchas son desplazadas por la violencia que afectó 
						Ayacucho y Huancavelica en los años ochenta y buena 
						parte son analfabetas... Seres vulnerables y frágiles, 
						que fácilmente pueden ser explotados y no volverán a sus 
						hogares hasta las 9 o 10 de la noche. 
						
						
						Los trabajadores son trasladados hasta las pampas de 
						Pisco, convertidas en una floreciente campiña gracias a 
						la irrigación. Algunos se dedican al espárrago, otros a 
						cosechar alcachofas, otros páprika o cebollas... pero 
						para todos la jornada es dura: el sol de Ica puede ser 
						agradable para quien llega de vacaciones, pero agobiante 
						para quien debe trabajar hasta doce horas, día tras día.
						
						
						
						Muchas trabajadoras se enferman porque sólo tienen a su 
						disposición agua contaminada con fertilizantes o lejía. 
						En realidad, el agua es un grave problema en Ica. La 
						capital del departamento estaba rodeada por varias 
						lagunas, pero ahora sólo queda la Huacachina. Debido a 
						los pozos cavados por algunas agroexportadoras, varios 
						barrios pobres de la ciudad ahora carecen de agua.
						
						
						Otro problema que afecta la salud de las trabajadoras 
						son los hongos y parásitos que esconden las hortalizas. 
						Las que no tienen seguro deben pagar la consulta en una 
						posta médica... pero algunos ingenieros se rehúsan a 
						darles permiso. "Si te vas, ya no te recogeremos 
						mañana", les dicen y una trabajadora no tiene ninguna 
						protección frente a esta u otras arbitrariedades, porque 
						no hay sindicatos en las pampas. Además, siempre habrá 
						otra mujer pobre dispuesta a ocupar el lugar de la 
						enferma. 
						
						
						
						Las prósperas agroexportadoras ni siquiera pagan a las 
						trabajadoras el salario mínimo, gracias a Fujimori, 
						quien pocos días antes de abandonar el Perú, promulgó la 
						Ley 27360, impulsada por el ministro de Agricultura José 
						Chlimper. Esta norma dispone un jornal mínimo en las 
						actividades agrícolas de 16 soles, ahora reajustado a 
						18, por lo que al mes, trabajando 26 días al mes 
						perciben 468 soles... y esta suma comprende la partida 
						para la CTS y gratificaciones. 
						
						
						Sin embargo, existen services que pagan apenas trece o 
						catorce soles diarios y que, por horas extras nocturnas 
						pagan sólo un sol. Insultos, malos tratos o acoso sexual 
						son también frecuentes. Existe, claro, una Dirección 
						Regional de Trabajo, que sólo tiene dos personales, lo 
						cual cierra el círculo de la precariedad laboral. 
						
						
						
						Aunque los medios de comunicación no divulgan estos 
						abusos, algunas denuncias han llegado al extranjero y 
						las empresas compradoras de espárragos a veces envían 
						misiones para observar las condiciones laborales. Por 
						unas horas, los trabajadores tienen guantes, uniformes y 
						agua limpia a su disposición, hasta que los observadores 
						se retiran. Los compradores peruanos tienen muchos menos 
						escrúpulos frente a la explotación de sus compatriotas.
						
						
						
						Un integrante de la Cámara de Comercio de Ica lamenta 
						todas estas injusticias, pero sostiene: "Si no fuera por 
						la agroexportación, esas personas no tendrían cómo 
						subsistir". Puede ser cierto, pero no deja de ser 
						chocante este panorama, porque las empresas podrían muy 
						bien pagar sueldos dignos, asegurar agua limpia y 
						condiciones decentes, manteniendo importantes ganancias. 
						Perderían, eso sí, el sobrenombre de "agroexplotadores".
						
						
						
						
						También Toledo, días antes de concluir su mandato, se 
						acordó de proteger a los agroexportadores mediante la 
						Ley 28810, aprobada sin ninguna discusión en el Congreso 
						de la República, que prorroga la norma anterior... hasta 
						el año 2021. ¿Recién en quince años más pagarán las 
						empresas gratificaciones y CTS a los trabajadores?
						
						
						
						¿Enfrentará el gobierno aprista los abusos que sufren 
						los campesinos? ¿Modificará el nuevo Congreso la 
						concesiva legislación? Quizás deberían pensar que, si 
						los trabajadores tuvieran mejores ingresos, 
						contribuirían a dinamizar la economía regional... y 
						habría más agencias bancarias. 
						
						
						Mientras miraba el local del BIF se detuvo ante el 
						semáforo una camioneta 4x4 manejada por un hombre con 
						anteojos oscuros. A su lado había una niña rubia de unos 
						tres años, sin cinturón de seguridad. Estaba de pie, 
						haciendo bromas a su hermanito y la empleada doméstica 
						que iban atrás. Involuntariamente pensé que el conductor 
						podía ser uno de los ingenieros beneficiados por la 
						agroexportación. Acaso alguien cuya fortuna se basa en 
						el abuso hacia los más indefensos termina 
						insensibilizándose frente a los riesgos que afrontan sus 
						propios hijos. La luz del semáforo cambió, la camioneta 
						esquivó dos mototaxis y partió velozmente bajo el 
						ardiente sol de Ica.
 
						
						Wilfredo Ardito Vega
						La Insignia
						29 de agosto de 2006
						 
						
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