Las condiciones de detención privilegiadas

de los represores rioplatenses no cesan de generar protestas

 de parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de ambos países.

Se trata de reos acusados de los peores crímenes, pero buena parte de ellos vive en recintos que se pueden considerar “de lujo”. En Argentina esto quedó una vez más en evidencia con el episodio del asesinato del ex prefecto Héctor Febres, responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos cuando revistaba en la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires (ESMA), en los años setenta.

Febres murió el mes pasado en su celda de la sede Delta de la Prefectura Naval Argentina, envenenado con cianuro que alguien -no se sabe aún quién- le administró cuatro días antes de que el juez que entendía en su caso le fijara condena por la apropiación de bebés nacidos en cautiverio en la ESMA.

“Las prebendas de que gozaba eran escandalosas. Nunca vimos algo así”, comentaron los investigadores del caso.

En su lugar de detención Febres tenía balcón con vista al río, baño privado, y disponía de teléfonos celulares, una televisión con DVD y acceso a Internet. El ex prefecto también utilizaba la piscina y la cancha de tenis del predio, gozaba de visitas sin límite, que le suministraban libremente todo tipo de alimentos y bebidas, y hasta daba órdenes a sus custodias.

Pocas semanas antes de su asesinato, llegó a celebrar en el recinto el bautismo de una de sus nietas, en una fiesta que contó con 50 invitados y fue rociada con abundantes bebidas alcohólicas.

En Uruguay, la decena de militares procesados hasta ahora por delitos de lesa humanidad están recluidos en una cárcel especial construida en un cuartel ubicado en las afueras de Montevideo.

No tienen tantos lujos como los que contaba Febres, pero están muy, muy lejos de padecer las condiciones infrahumanas y el trato brutal que debe soportar la enorme mayoría de las personas detenidas en el país y acusadas de delitos de mucho menor entidad. Cuentan, por ejemplo, con frigobar, muebles propios, televisión por cable (pagada por el Comando del Ejército).

“¿Acá no hay mucama?”, fue la primera pregunta que formuló a sus carceleros el ex dictador Gregorio Álvarez, último “presidente” dictarorial uruguayo, apenas pisó la cárcel especial a la que fue enviado el lunes 17 de diciembre tras ser procesado por crímenes de lesa humanidad.

No había mucama, pero el solo hecho de que Álvarez formulara esa pregunta habla de la idea que de la “cárcel VIP”, o “cinco estrellas”, como la llaman las organizaciones humanitarias uruguayas, se hacen los propios represores y el conjunto de la sociedad.

“No queremos que esta gente sea sometida a situaciones denigrantes similares a las que ellos infligieron a sus víctimas, pero tampoco que se beneficien de tratamientos privilegiados”, comentaron a Sirel integrantes del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

“¿Por qué habrían de ser tratados con esa deferencia si cometieron los delitos más graves que se pueda imaginar, como torturas particularmente aberrantes, secuestros, violaciones, apropiaciones de niños?”, agregaron.

El principal argumento que esgrimen las autoridades de ambos países para encerrar a este tipo de delincuentes en cárceles especiales es que en centros de detención comunes sus vidas correrían peligro.

El asesinato de Febres en el predio de la Prefectura argentina echa por tierra esa línea de argumentación. A tal punto la desbarata que en un petitorio presentado esta semana por la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo se exige que los represores sean enviados a cárceles comunes, no sólo en virtud de “elementales razones de justicia” sino para preservarles la vida...

El homicidio del ex prefecto constituyó un punto de quiebre, ya que sirvió para que un juez dispusiera el traslado inmediato de otros 16 marinos involucrados en la misma causa que Febres de sus actuales lugares de reclusión en dependencias militares a una cárcel común bajo jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En esa situación se hallan represores emblemáticos como el ex capitán Alfredo Astiz, responsable, entre otros, de los secuestros de dos monjas francesas y de una adolescente danesa, así como el ex jefe de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta.

De acuerdo a un informe publicado a mediados de diciembre por el diario Página 12, de Buenos Aires, que cita datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de ese país, de los 339 militares y policías actualmente detenidos por violaciones a los derechos humanos bajo la última dictadura argentina, el 70 por ciento goza de prisión domiciliaria o están recluidos en cuarteles.

El otro 30 por ciento fue a parar a cárceles comunes, pero en estas últimas se incluye una ubicada en el predio militar de Campo de Mayo, aunque bajo custodia de personal del SPF.

Según Página 12, militares acusados de la masacre de Margaita Belén -en la que fueron torturados y fusilados 22 militantes de izquierda presos en esa localidad- “viven plácidos en la Base de Apoyo Logístico de Resistencia (provincia de Misiones). Toman aire en la plaza donde exhibieron los cadáveres y son servidos por soldados y suboficiales”.

“Irregularidades” del mismo tipo son moneda corriente en todo el interior del país, incluso en las cárceles comunes.

En la de Marcos Paz, dependiente del SPF, “los genocidas allí detenidos recibían trato privilegiado desde que una orden en ese sentido fuera emitida en marzo por el ex jefe de seguridad de ese centro. Los consideraba ‘presos políticos’. Cuando eso se supo, fue pasado a disponibilidad”, señala el informe de Página 12.

Ese diario subraya además que “un fiscal denunció al SPF por obstaculizar la investigación para esclarecer la segunda desaparición de Julio López”, un ex militante peronista que fuera secuestrado una primera vez en los años setenta, luego liberado, y vuelto a secuestrar en 2006, pocos días antes de que testimoniara en el juicio seguido al represor Miguel Etchecolatz.

“Hay que cambiar toda una cultura de impunidad que hasta hace muy poco protegía a los represores”, dijeron voceros del CELS.

De la misma opinión es el Serpaj uruguayo. “Más allá de los lugares en que esta gente esté detenida, lo que hay que cuidar es que no gocen de privilegios inadmisibles”, prerrogativas “expresamente prohibidas por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, según recuerda el petitorio presentado por Abuelas de Plaza de Mayo.