La lógica del Punto Final

El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno   Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia   (La Memoria, León Gieco)

En Uruguay, durante los últimos 20 años y a partir de la aprobación de la llamada Ley de Caducidad, se ha impuesto una serie de preceptos ilógicos sustentados en el argumento de que existió una “lógica de los hechos” por la cual la reinstitucionalización negociada del país, luego de 13 años de dictadura, debía implicar la impunidad para quienes protagonizaron las violaciones a los derechos humanos.

La sinrazón de aquella “lógica” se confirma en el hecho de que luego de dos décadas de aquel “punto final” con el que se quiso imponer la impunidad, siguen apareciendo nuevos datos de la verdad prohibida. El problema está en que, ante cada nuevo hecho que permite recuperar la memoria, alguien comete el pecado de pretender generar una nueva “lógica del punto final”, para intentar dar vuelta “definitivamente” la página…

El punto

En 1986, el presidente colorado Julio María Sanguinetti impulsó una amnistía cuya aprobación condicionó el líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, sobre la base de que se aceptara que existía una crisis institucional (los militares se negaban a comparecer ante la justicia) y se responsabilizara de ello al izquierdista Frente Amplio, que había participado en el Pacto del Club Naval, donde se acordó llamar a elecciones.

En el Pacto del Club Naval se había aceptado que Ferreira Aldunate, del Partido Nacional, y el general Líber Seregni, líder del Frente Amplio, se mantuvieran proscriptos y no fueran candidatos para una elección en la que Sanguinetti se impuso como Presidente, con el tercio mayor de votos, en un país donde se terminaba con un bipartidismo histórico.

La “Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” escondía detrás de su pomposo nombre una venganza y una estrategia del Partido Nacional: los blancos no le perdonaban a la izquierda su participación en el Club Naval, que los había dejado fuera de la negociación de la salida de la dictadura, y mucho menos la proscripción de Wilson, quien de ser candidato pudo haber ganado con votos de la propia izquierda.

La famosa “lógica de los hechos”, como se expresa textualmente en la Ley de Caducidad, no es otra cosa que la aceptación, por parte del Partido Colorado, de que en el Pacto del Club Naval, al negociarse las elecciones y la reinstitucionalización del país, había quedado implícito que los militares no serían juzgados por sus violaciones a los derechos humanos. Algo que nunca se estableció explícitamente.

Aquel “juego” político fue la matriz de una ley en la que el Partido Nacional tampoco estaba dispuesto a perdonar ni olvidar todo lo hecho por la dictadura. No se castigarían los crímenes cometidos por militares, policías o asimilados, ante órdenes de sus mandos o en cumplimiento de sus funciones, pero quedaban fuera los delitos económicos y, en particular, se exigía investigar la verdad de lo ocurrido con los desaparecidos.

Durante las últimas dos décadas, los sucesivos gobiernos electos en Uruguay interpretaron aquella ley como una amnistía total con la que se concedía impunidad absoluta a todos los militares, todos los policías y todos los asimilados, fuese cual fuese su crimen, e incluso, para no erosionar aquella impunidad, se desdibujó el mandato de indagar lo ocurrido con los desaparecidos y todos los delitos fueron incluidos en la Ley de Caducidad.

La coma

En esa “lógica de los hechos”, la caducidad fue un cactus sembrado durante el gobierno de Sanguinetti, regado por su sucesor, el nacionalista Luis Alberto Lacalle, protegido por el propio Sanguinetti en un segundo mandato, y también respetado por el saliente presidente Jorge Batlle, quien en el tema derechos humanos intentó “comerse la tuna” pero terminó “espinándose las manos”… cuando quiso poner el punto final.

Batlle creó una Comisión para la Paz en 2001, al comienzo de su mandato, cuando se ubicó el paradero de Macarena, la hija de la desaparecida María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman. La Comisión logró un importante avance en el reconocimiento del terrorismo de Estado, pero también pretendió ponerle un punto final al tema y se llegó incluir en la caducidad la desaparición de la propia María Claudia.

Con la asunción del presidente Tabaré Vázquez, por primera vez en dos décadas un Poder Ejecutivo uruguayo ordenó a los mandos de las Fuerzas Armadas que investigaran internamente lo ocurrido con los desaparecidos durante la dictadura. Los tres comandantes en jefe acataron la orden y en sus informes, las verdades confirmaron viejas certezas y generaron nuevas incertidumbres.

El Ejército aceptó que había matado presos políticos en la tortura, que sus cuerpos habían sido enterrados en unidades militares, que varios de ellos fueron luego exhumados en una denominada “Operación Zanahorias”, que fueron incinerados y sus cenizas esparcidas dentro de una base castrense; sería, pues, imposible recuperarlos. Era un definitivo punto final.

La Armada apenas reconoció que había compartido información con la terrorífica Escuela de Armas y Servicios (ESMA) argentina, a la que le entregó un montonero detenido en Uruguay, pero subrayó que no habían participado en ninguna desaparición, particularmente en la de un grupo de uruguayos detenidos en Argentina en 1977 y 1978. En un posterior informe ampliatorio la Marina no agregó mucho más. Ese fue su punto final.

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) fue la que más avanzó. Confirmó la existencia de un “segundo vuelo” con detenidos del centro de torturas Automotores Orletti de Buenos Aires, quienes trasladados a Montevideo en un avión militar en octubre de 1976 fueron luego entregados al Ejército. La FAU puso su punto final al señalar una chacra en la localidad de Pando, donde había enterrado a dos comunistas muertos durante la tortura en una base aérea.

Dos puntos

Las Fuerzas Armadas uruguayas aceptaron confesar sus crímenes de la dictadura en forma genérica, creyendo que con eso se daría vuelta la página, pero a la previsible aparición de uno de los cuerpos señalados por la FAU en Pando, se sumaron los inesperados hallazgos de un segundo cuerpo y de restos de un tercero en el Batallón de Infantería 13, la unidad donde funcionó el “300 Carlos”, principal centro de torturas del Ejército uruguayo.

Los restos hallados en el Batallón 13 no lo fueron por los datos oficiales aportados por los mandos del Ejército, sino por intermedio de testimonios “anónimos” que indicaron el lugar exacto de, al menos, dos enterramientos que no figuraban en el informe final de la Comisión para la Paz ni en el informe del Ejército. Ambos habían concluido que no quedan tumbas en esa unidad militar, y si alguna vez las hubo ya habían sido exhumadas en la “Operación Zanahorias”.

Los hallazgos en el Batallón 13 y la falta de resultados en el Batallón 14, donde el Ejército confiaba encontrar rápidamente la tumba de la María Claudia, la nuera de Gelman, liquidaron el plan del comandante del Ejército, teniente general Angel Bertolotti, quien había impuesto ante los demás generales su posición de “romper el pacto de silencio”, confiando en que con ello se “daría vuelta la página”.

Antes de asumir el 1 de febrero como nuevo comandante en jefe del Ejército uruguayo, el general Carlos Díaz, uno de los oficiales que dirigió las investigaciones internas para elaborar el informe sobre los desaparecidos, ya declaró que los militares continuarán los lineamientos del presidente Tabaré Vázquez en el tema derechos humanos, confiados en “dar vuelta” aquella triste página de la historia.

En las palabras del general Díaz, la lógica de la impunidad vuelve a sobrevolar en Uruguay, donde el sistema político, los militares, la justicia, la prensa y hasta la propia sociedad civil sufren las consecuencias de dos décadas de Ley de Caducidad. No se acepta que la historia es continuidad y no puede existir un punto final. Cada punto, cada coma, es un “dos puntos” que abre un nuevo capítulo de búsqueda sobre lo ocurrido.

Durante 20 años se ha intentado en Uruguay tapar el sol con un dedo, y ahora, cuando la luz comienza a acariciar la historia, muchos se encandilan y pretenden imponer la vieja lógica del punto final por miedo a lo que se pueda llegar a ver. No entienden que la claridad es la que gesta el “nunca más”, al inscribir la verdad en la memoria que, al decir de León Gieco, “es el sueño de la vida y de la historia…”

Roger Rodríguez

© Rel-UITA

26 de enero de 2006