Un proyecto de ley presentado por el gobierno del socialista Tabaré Vázquez para reparar esencialmente a las víctimas de la guerrilla izquierdista que actuó en Uruguay en los años sesenta y setenta, fue duramente rechazado por organismos de derechos humanos y está causando revuelo en la interna del propio oficialismo.

La iniciativa, presentada al parlamento el 28 de marzo, procura indemnizar con 150 mil dólares a las familias de 66 policías, militares y civiles presumiblemente muertos por la guerrilla de izquierda entre 1962 y 1976 y a las de 26 militantes de izquierda desaparecidos en Uruguay.

El 2 de marzo, en su discurso de conmemoración del segundo aniversario de la asunción del gobierno por la coalición progresista Frente Amplio, Vázquez ya había dejado entrever un cambio en su política de derechos humanos, pero muy pocos creyeron que lo que se estaba pergeñando llegaría tan lejos.

En ese discurso, el presidente uruguayo se refirió a los hechos de violencia del pasado con un lenguaje ajeno a la retórica habitual de la izquierda y del propio Frente Amplio, que hasta entonces se había negado a hacer suya la famosa “teoría de los dos demonios”, ésa que pretende colocar en un mismo plano los actos de la insurgencia armada con los del terrorismo de Estado.

El 2 de marzo Vázquez habló de la necesidad de un “Nunca más” a la “violencia entre todos los uruguayos”.

El proyecto de ley va en esa línea, pero la profundiza, al punto de constituirse en un ejemplo de aplicación práctica de la teoría de los dos demonios.

Para empezar, indica que “refrenda” una propuesta del diputado de extrema derecha Daniel García Pintos, que en principio había reclamado una indemnización para los familiares de policías, militares y civiles muertos por la guerrilla pero que después, en un gesto que él mismo calificó de “magnánimo”, extendió el reclamo a los deudos de unos pocos militantes de izquierda.

La lista de las supuestas “víctimas de la subversión” comprende algunos casos insólitos, como uniformados muertos “por error” por sus propios compañeros en el curso de enfrentamientos y un ex embajador uruguayo en Paraguay ejecutado por un terrorista croata que lo confundió con un diplomático yugoslavo.

Abarca incluso a un coronel cuya ejecución en 1975 en París la dictadura atribuyó a “la guerrilla tupamara” pero que todo indica -y así lo denunció siempre la izquierda- que fue víctima de enfrentamientos internos del régimen, y a un policía muy presumiblemente asesinado por los propios uniformados que lo sospechaban de vínculos con “la subversión”.

Del “otro bando”, del lado de las víctimas del terrorismo de Estado, la nómina apenas refiere a los casos de 26 detenidos desaparecidos en Uruguay investigados por una Comisión para la Paz creada por el anterior gobierno en el año 2000.

El texto, que toma en consideración para indemnizar a las “víctimas de la sedición” los casos sucedidos entre 1962 y 1976 “tanto en el territorio nacional como fuera de él”, nada dice acerca de las decenas de personas muertas, en ese mismo lapso, bajo la tortura en las cárceles, ejecutadas en enfrentamientos fraguados con la guerrilla, en el curso de protestas callejeras, y tampoco de los más de 150 uruguayos secuestrados y desaparecidos en el extranjero, sobre todo en Argentina.

En particular, nada dice sobre los casos de una veintena de uruguayos secuestrados en Buenos Aires y traídos hacia Montevideo en octubre de 1976 en el marco de un “vuelo de la muerte” que la propia Fuerza Aérea uruguaya reconoció oficialmente.

Es muy curioso, además, que se hable a texto expreso del “enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976”, cuando las propias Fuerzas Armadas reconocieron que ya en 1972 habían “liquidado a la guerrilla”.

Pero la aberración mayor la constituye tal vez lo que puede ser considerado como el meollo ideológico del proyecto: por un lado, el hecho mismo de “juntar” situaciones tan dispares, desde todo punto de vista, como las de algunas víctimas de la dictadura con las de los muertos por las organizaciones armadas. Y por otro la afirmación de que los uniformados a cuyos deudos se pretende indemnizar “hicieron una inquebrantable defensa de una sociedad que se encontraba conmovida por un ambiente de extrema violencia”.

En estos dos puntos fue que se enfocaron organizaciones de derechos humanos y algunos militantes de la propia coalición en el gobierno, entre otros, para rechazar el proyecto presentado por el Ejecutivo.

“El ‘Nunca más’ debe ser al terrorismo de Estado”, y no, como dijo Tabaré Vázquez a una violencia genérica, comentó el abogado Javier Miranda, uno de los referentes de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. “La del ‘Nunca más’ fue una consigna forjada en la lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos. No queremos que se cambien las expresiones porque pierden su sentido histórico, y a ésta, Vázquez le está dando por lo menos, un alcance distinto”, señaló.

“Hemos combatido la teoría de los dos demonios regularmente. Acá no hubo una guerra entre dos bandos, y los desaparecidos no son producto de ninguna guerra sino del terrorismo de Estado”, mientras “los policías y militares que perdieron la vida en el combate a la llamada subversión en los años del movimiento armado en Uruguay son funcionarios públicos que perdieron la vida cumpliendo sus funciones”, destacó Miranda. “Si el Estado quiere indemnizarlos que lo haga, pero que no junte situaciones”.

“Esto constituye un golpe grande a toda la lucha por los derechos humanos”, dijo a su vez Luisa Cuesta, otra integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos. “Cuando vi la firma de los integrantes del gobierno” al pie de un proyecto impulsado, por ejemplo, por sectores de extrema derecha, “no lo podía creer”, confió. Cuesta declaró que “había puesto muchas esperanzas en este gobierno de encontrar más verdades” sobre lo sucedido en los años setenta, pero que “esto” la desilusiona.

El tono en que se expresó la asociación de ex presos políticos Crysol fue algo más fuerte: “de modo alguno podemos aceptar un rango común entre quienes fueron perseguidos y torturados hasta la muerte, la desaparición y el encarcelamiento o el exilio prolongados, con situaciones de otra naturaleza como los casos de las familias de policías o militares muertos en acción, cuyo dolor respetamos, sin olvidar la función objetiva al servicio de un Estado policíaco y militar que aquéllos cumplían”.

Por otra parte, ya está circulando en Internet una declaración de “Ciudadanos en contra del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 26 de marzo de 2007”.

El comunicado estima que la iniciativa legislativa “pone sal en las heridas de las víctimas del terrorismo de Estado” y pide “un gesto de reflexión crítica y autocrítica de parte del gobierno o sus parlamentarios” para retirarlo.

Se prevé que la Mesa Política del Frente Amplio discuta el tema el lunes 9 de abril, pero ya existen presiones de algunos grupos de la coalición para modificar, en mayor o menor grado, la formulación del proyecto de ley.

De todas maneras, aun si la iniciativa fuera abandonada, el solo hecho que el gobierno la haya propuesto le quedará como “una mancha muy oscura”, estimaron fuentes de organismos humanitarios.

 FOTO: agenciadenoticiasuruguaya.com.uy

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