Dos meses después de la masacre de Curuguaty, principal causa invocada para la destitución de Fernando Lugo, aún no hay investigación judicial ni acusación formal, sólo opacidad e impunidad.

A nivel nacional seguimos recordando el robo del voto popular que le fue anulado al pueblo, mediante el golpe de Estado parlamentario. Un voto popular que nos había abierto el horizonte de vida después de que cayera el partido que fuera una de las dos columnas de sostén de la dictadura, y de que siguiera engañándonos y corrompiéndonos en una falsa transición por más de 20 años.

Hace dos meses, a 35 kilómetros de la localidad de Curuguaty, ocurrió la matanza de seis policías y once campesinos, hecho que sirvió de principal causa para el golpe de Estado del Senado pero cuya “ingeniería” no solamente no está clara, sino que ya ni se investiga.

Fue un hecho sangriento que debió ir a la justicia penal, pero la fiscalía no logró probar la conexión presidencial con este hecho y ningún juez dio sentencia condenatoria en este sentido.

No obstante, este hecho criminal, no investigado y no esclarecido, fue aceptado por el Senado para que 30 de sus miembros pudieran más que los 800.000 votos de otros tantos ciudadanos y ciudadanas que se vieron privados de su Presidente legal y legítimamente elegido.

Ante este vacío de investigación judicial real, crece cada día más la certidumbre sobre la acción de francotiradores emboscados, autores de los 17 asesinatos. No sabemos quiénes fueron los homicidas, pero el pueblo se sigue preguntando a quiénes favorecieron estos asesinatos y cada día mira más acusatoriamente a personajes que siguen en la primera fila de la vitrina política y en el centro del poder económico.

El 15 de agosto es una gran festividad en Asunción. Pero, en este año, y al cumplirse dos meses de la masacre, este día miramos hacia donde están los culpables de Curuguaty, intentando encontrar sus nombres.