El reciente procesamiento de varios empresarios relacionados con empresas forestales ha dejado al descubierto las situaciones vividas por varios trabajadores, los que prácticamente se habían transformado en esclavos del siglo XXI.

Simultáneamente con el inicio de la explotación forestal por parte de grandes compañías en el departamento de Rivera (al norte de Uruguay), comenzaron a aparecer los llamados subcontratistas. Estas empresas -o pseudo empresas- proveen de mano de obra a las grandes forestadoras en condiciones tales que ya son varios los juicios penales en su contra entablados por los trabajadores.

Falta de elementos de seguridad, condiciones inhumanas de trabajo, jornadas de más de 15 horas, sin pago de horas extras y que comienzan a las 5 de la mañana cuando el vehículo de la empresa recoge al personal –que generalmente debe pagar por este servicio-, obligación de llevarse su propia comida –si optan por la suministrada por la empresa deberán pagar un precio exorbitante- son algunos de los abusos que deben soportar los obreros de la forestación.

El compañero José Bautista, Presidente del sindicato del sector, Soimanorpa, al ser consultado por un medio de prensa, relató: "es tremendo, cuando caen los inspectores de Trabajo los llevan a todos lados menos al monte, allí es donde está el peligro".

Una denuncia presentada por un grupo de trabajadores contra un subcontratista, dejó en evidencia que dentro de la empresa forestadora, a la cual proveía de personal, se practicaba persecución a esos trabajadores. En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, representado por la inspectora general María Narducci, procedió a multar a ambas empresas.

Los cinco trabajadores despedidos, también denunciaron ante las autoridades el no pago de sus haberes, el hecho de que debieron comprar ellos mismos sus herramientas de trabajo, y en ocasiones en que no llevaban comida, haber pagado 100 pesos uruguayos (poco más de cuatro dólares) por un plato de sopa. A pesar de lo manifestado por los obreros, la forestadora se presentó en sede judicial, manifestando que no conocía a los denunciantes y aduciendo que ni la empresa subcontratista, ni los obreros denunciantes, tenían contrato con la compañía.

Nosotros y los trabajadores sí conocemos a la compañía. Se trata del grupo maderero estadounidense Weyerhaueser y sus subsidiarias en Uruguay Colambade y Los Piques, que en total cuentan con una extensión de campos forestados de 136 mil hectáreas en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Rivera. No es casualidad que el estudio jurídico que se ocupa de los temas laborales de la empresa pertenezca al Dr. Santiago Pérez del Castillo, ex ministro de Trabajo del anterior gobierno, asesoría a la que no renunció durante el tiempo en que se desempeñó en el ministerio.

Para desconsuelo de Colambade -y otros malos empleadores- algunas cosas cambiaron en los últimos años en Uruguay y no tendrá más remedio que aceptarlo.

1.- Hoy los sindicatos son escuchados. Y la participación del Soimanorpa fue decisiva para el fallo de la Justicia, dado que se pudo comprobar la responsabilidad de la forestadora como co-empleador de los denunciantes, atento a que la citada empresa adjudicó a la subcontratista tareas esenciales como la poda, labor que llevaban a cabo los obreros despedidos.

2.- Como consecuencia de las actividades emprendidas por la UITA y un número importante de sindicatos rurales, en 2004 Uruguay ratificó el Convenio Nº 184 de la OIT que regula la “Seguridad y la Salud en la Agricultura”, que también cubre a los trabajadores forestales.

3.- Varios parlamentarios pertenecientes a la fuerza política actualmente en el gobierno, con el beneplácito del Ministerio de Trabajo, están impulsando una ley mediante la cual los empleadores serán solidariamente responsables con las acciones de sus subcontratistas.

Enildo Iglesias y Amalia Antúnez

© Rel-Uita

17 de noviembre de 2006