Nunca antes un dictador de país alguno había sido condenado precisamente por eso, por ser dictador. Ahora es el caso de Juan María Bordaberry, enviado a la cárcel por el máximo que permite la ley uruguaya.

La condena al ex presidente a 30 años de penitenciaría coincide con la reapertura del debate sobre la supresión de la ley que en 1986 amnistió a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura que en 1973 inició justamente Bordaberry. Y está también en discusión el futuro de los pocos militares que aprovechando los resquicios que deja esa ley están detenidos desde hace seis años. 

“Había muchos antecedentes, en diversos países, incluso en el propio Uruguay, de dictadores condenados por diversos delitos considerados de lesa humanidad, como desapariciones, secuestros, asesinatos, o por enriquecimiento ilícito, pero por haber dado un golpe de Estado nunca”, comentó a Sirel la abogada Hebe Martínez Burlé, que desde 2002 lleva adelante la causa contra Bordaberry.

“Pasamos mucho tiempo, siete años, para probar un delito a todas luces evidente, y la sociedad pasó mucho más, 36 años, para condenarlo, pero finalmente se hizo justicia”, dijo.

Al ex presidente que el 27 de junio de 1973, disolvió las cámaras legislativas e instauró una dictadura cívico militar en complicidad con las Fuerzas Armadas, se lo responsabilizó por coautoría de nueve delitos de desaparición forzada, dos homicidios políticos y por Atentado a la Constitución. “El delito de Atentado a la Constitución es la madre de todos los delitos, porque la Constitución es la madre de todas las leyes, y Bordaberry es ahora un reo de lesa nación. Cuando alguien quiera dar un golpe de Estado deberá pensar un poco. Podrá darlo hoy, pero mañana puede estar, como Bordaberry, terminando sus días en la cárcel, denigrado”, agregó Martínez Burlé.

“Es un fallo fundante, una reivindicación de la democracia”, señaló otro abogado, Óscar López Goldaracena, uno de los principales animadores de una campaña para anular la ley de 1986.

Bordaberry tiene 81 años, y por su “delicado estado de salud”, según dicen sus médicos, sería enviado a su casa a cumplir su pena.

La propia Martínez Burlé admite que, en caso de ser ciertos los males que lo aquejarían -“no se los ha podido probar”- “nadie se opondría” a la prisión domiciliara del ex dictador. Pero la polémica se plantea sobre todo respecto a algunos de los nueve militares que están hoy detenidos en una cárcel especial por haber cometido delitos de lesa humanidad.

El presidente José Mujica impulsa una ley para que todos aquellos presos mayores de 70 años pasen a cumplir su pena a domicilio. La ley beneficiaría a cuatro de esos nueve ex represores. “¿Qué sentido tiene mantener en prisión a esos viejitos? No quiero ser verdugo de mis verdugos”, comentó Mujica, que pasó 13 años en la cárcel bajo la dictadura.

Todas las organizaciones uruguayas de derechos humanos se oponen a la pretensión del presidente, aduciendo que los delitos de lesa humanidad que les son imputados a esos militares son de una gravedad tal que no justifica ningún tipo de indulgencia. Ser “viejitos” no los absuelve ni debería ser un atenuante, indican.

López Goldaracena cita el caso del criminal nazi Heinrich Boere, condenado el martes 23, el mismo día que Bordaberry, a cadena perpetua por la justicia alemana. Boere tiene 88 años y asistió al juicio en silla de ruedas.

Otro criminal de guerra, John Demjanjuk, de 89 años, extraditado desde Estados Unidos el año pasado, está siendo juzgado en Munich por la masacre de casi 28.000 judíos en 1943.

“Estos casos demuestran dos cosas esenciales: que la edad no puede ser atenuante para ser enviado a prisión cuando se trata de este tipo de delitos, y que el reclamo de justicia es imparable. Cincuenta, sesenta, setenta años después, ese reclamo sigue vigente en Alemania, como en España a propósito de la guerra civil de la década del treinta, o en Uruguay”, destacó López Goldaracena.

“Tenemos todavía el obstáculo de la ley de impunidad del 86”, dice el abogado. Eliminar del ordenamiento jurídico uruguayo esa norma, a la que consideran una aberración y a la que incluso la Suprema Corte de Justicia tachó de “inconstitucional” al menos en un caso, sigue siendo la obsesión de las asociaciones humanitarias, de los sindicatos y de la mayoría de los partidos de la izquierda.

La ley fue ratificada en dos plebiscitos (la última vez en octubre pasado), pero ello no debería ser obstáculo para que sea anulada o derogada en el parlamento, señalan esas organizaciones. Proyectos en ese sentido están siendo negociados en estos días.