Brasil    JUSTICIA

 

 

Una de cal y otra de arena

en la justicia brasileña

   

El pasado mes de octubre, dos hechos relacionados con los derechos humanos fueron objeto de fallos judiciales en Brasil y el lector juzgará la forma de actuar de la justicia en ambos casos. Para nosotros, como expresa el dicho popular, se trató de una de cal y otra de arena.

 

La de cal

 

Sucrocítrico Cutrale Ltda., una de las mayores productoras de jugo de naranja del mundo, está siendo procesada por el Ministerio Público del Trabajo en Araraquara (ciudad del interior de São Paulo) por despedir a 83 trabajadores sin previa negociación con el sindicato correspondiente, contrariando la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Superior del Trabajo.

 

La Procuraduría solicitó la realización de negociaciones previas con el sindicato, la adopción de criterios sociales para la selección de los despedidos (por ejemplo, aquellos que tengan menos carga familiar) y condenar a la empresa al pago de 10 millones de reales (4,92 millones de dólares) por daños morales causados a la comunidad.

 

El Procurador intimó a Cutrale y a los dos sindicatos involucrados a que lo informaran sobre si los despidos fueron precedidos por alguna negociación. El sindicato de Catanduva y el de Taquaritinga informaron que esa instancia no se había cumplido y, que por el contrario, la empresa se negó a recibir a los dirigentes.

 

La Constitución Federal y las normas internacionales ratificadas por Brasil (como los Convenios número 11, 87, 98,135, 141 y 151 de la OIT) no permiten el despido colectivo de trabajadores de forma unilateral, exigiendo la participación del respectivo sindicato.

 

La de arena

 

A Gilvander Moreira -sacerdote carmelita conocido en el estado de Minas Gerais por su militancia a favor de los derechos humanos- un juez de la comarca de Unaí (ubicada al  nordeste del estado) le dictaminó prisión preventiva por no haber retirado un video en el que se denuncia que los porotos(1) producidos en la zona contienen agrotóxicos. La sentencia se dictó el 22 de octubre y el plazo dado para su prisión terminaba el 29. El abogado de Moreira presentó un pedido de habeas corpus y al momento de escribir estas líneas desconocemos su desenlace.

 

El “crimen” de Moreira fue grabar en su teléfono celular las declaraciones de una funcionaria de una escuela de Arinos, ciudad vecina de Unaí, donde aseguraba que los porotos de la marca Unaí estaban contaminados con agrotóxicos y publicarlo en Youtube. “Cuando las empleadas estaban cocinando sentimos un olor muy fuerte. Cuando fui a ver percibí que era olor a veneno, tuvimos que tirar más de 30 kilos porque no estaba en condiciones de ser consumido. Hasta en mi casa, cuando voy a cocinar, hay un olor fuerte a veneno, tengo que dejarlo en remojo un día antes para poder comerlo”, dice la mujer en video.

 

Torrefação e Moagem (Torrefacción y Molino) Unaí, empresa dueña de la marca citada en el video se presentó a la justicia acusando a Moreira de difamación. Al parecer, el juez que intimó a Moreira a retirar el video y que cuando este no acató la orden lo condenó a prisión, se está extralimitando en sus funciones. Según la defensa del acusado, se trata de un juez del área civil que no puede decretar prisión, algo que corresponde a la justicia criminal.

 

Eremita Martins Sobrinha, una de las propietarias de la empresa, manifestó que la empresa realiza análisis de laboratorio con frecuencia y “nunca constatamos exceso de agrotóxicos”.

 

Según Moreira, el número de personas con cáncer en la región aumentó mucho en los últimos años: “es difícil encontrar una familia que no tenga algún pariente con cáncer o que haya muerto por esa enfermedad”, dice. Y agrega que esto motivó la creación en 2011 de una “Subcomisión especial sobre uso de agrotóxicos y sus consecuencias para la salud”, por la Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados.

 

Al final de los trabajos, la Subcomisión, compuesta por seis diputados federales y seis suplentes, concluyó que: “La incidencia de cáncer en las regiones productoras de Minas Gerais, que usan intensivamente agrotóxicos en niveles muy por encima del promedio nacional y mundial, sugiere una relación estrecha entre esa enfermedad y la presencia de agrotóxicos”. Y agrega que según los datos recogidos, “en el municipio de Unaí, ocurren cerca de 1.200 casos/año cada 100 mil personas, cuando la media mundial no supera los 400 casos/año cada 100 mil personas”.

 

La respuesta oficial no se hizo esperar. Una, fue la condena del juez civil Raphael Moreira a su homónimo Gilvander. La otra, en Unaí, una ciudad de 80.000 habitantes, están construyendo un hospital para cancerosos.

 

 

 

 

En Montevideo, Enildo Iglesias

Rel-UITA

5 de noviembre de 2012

Enildo Iglesias

 

 

 

 

   1- frijoles, habichuelas

 

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