VIOLENCIA | AGRICULTURA

Sexto asesinado en cinco meses

Matan a otro dirigente sindical en Pará

El pasado jueves 25 de agosto, a las 10 de la  mañana, Valdemar “Piauí” Oliveira Barbosa, de 54 años y con tres hijos, atravesaba en bicicleta un barrio suburbano de la ciudad de Marabá, al sudeste del estado de Pará, cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en una moto. Uno de ellos le efectuó dos disparos a la cabeza que le provocaron la muerte.

Valdemar estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores Rurales de Marabá que integra la Federación de Trabajadores en la Agricultura de Pará (FETAGRI-PA), afiliada a la CONTAG y a la UITA.

Durante varios años coordinó un grupo de familias que mantuvo ocupada la hacienda Estrela da Manha, ubicada en esa región. El predio, finalmente, no fue expropiado y tuvieron que abandonarlo.

El junco se dobla pero no se quiebra

No obstante, Valdemar no desistió de luchar por un pedazo de tierra, y hace más de un año pasó a coordinar otro grupo de familias que ocupaba la hacienda California, un predio fiscal de 4.500 hectáreas en el vecino municipio de Jacundá.

A fin del año pasado los ocupantes fueron desalojados por la Policía Militar, pero Valdemar, que se afincó junto a su familia en un barrio popular de Marabá, continuó manteniendo el vínculo entre las familias del grupo.

Se preparaban para recupar las mismas tierras con la convicción de que Vicente Correa, quien se dice propietario, no es más que un usurpador que las utiliza para ganadería y extracción de madera con la finalidad de producir carbón vegetal, combustible que consumen varias grandes siderúrgicas de la zona y muy utilizado en la fabricación de aceros especiales y caros.

El rumor de la reocupación corrió ampliamente en la zona, y recientemente el usurpador Correa amenazó de muerte a Valdemar quien radicó la denuncia correspondiente ante la Policía local.

Una lógica de plomo

En Marabá, todos saben que muy probablemente Valdemar haya sido asesinado por pistoleros contratados por Correa para evitar la reocupación de las tierras en disputa. No sólo lo señalan los indicios del caso, también la historia local de violencia e impunidad hacia las familias rurales sin tierra y los dirigentes sindicales y activistas sociales.

Sirel dialogó con Francisco Di Asis, secretario general, de Formación y de Organización Sindical de la FETAGRI-PA, cuyo Sindicato de base se encuentra en la región de Marabá donde pasa la mayor parte de su tiempo.

“Desde mayo pasado hasta ahora han sido asesinados seis dirigentes sindicales y activistas, y no hay ni una sola persona presa por estos crímenes –denunció Francisco-.

Éste es un caso paradigmático, porque la tierra que está en disputa está solicitada en la plataforma de nuestra Federación para ser expropiada como tierra fiscal, pero desde hace tres años está pendiente una inspección del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) que nunca llega. 

Ya hemos tenido otro caso como éste –recuerda-, en el cual los compañeros lucharon diciendo que las áreas reclamadas eran públicas, pero eran desmentidos por el INCRA y el estadual Instituto de Tierras de Pará (ITERPA). Hasta que uno de ellos (Dezinho) fue asesinado y recién entonces se pudo probar que, efectivamente, se trataba de tierras fiscales”.

Di Asis señala que la situación es tal que el INCRA y el ITERPA no hacen inspecciones en los predios denunciados por la Federación y otros movimientos sociales rurales, y que, mientras tanto, esas tierras son usurpadas y explotadas por madereros y después por ganaderos.

La democracia en manos del

crimen organizado

“Cuando hay un asesinato la Policía no detiene a los culpables. Entonces, es evidente que estamos ante una política que incentiva y protege la violencia –afirma-”.

En esta región de Pará tenemos evidencias claras de que el nuevo gobierno de derecha mantiene una estrecha alianza con el sector más agresivo de los latifundistas. Es una organización criminal, que ordena asesinatos y persecuciones, que maneja los poderes locales a su antojo.

Nosotros continuaremos con nuestra campaña contra la violencia en el campo –anuncia-, si bien las promesas hechas hace apenas un par de meses por el gobierno federal aún no se concretan.

En este momento tenemos más de 3 mil personas movilizadas en el área de Belo Monte reclamando el fin de la violencia y la impunidad, y reclamando justicia para este crimen.

Estaremos haciendo gestiones a nivel político para que se aumente la presión desde el gobierno federal para que estos crímenes sean investigados y castigados, y para que se liberen recursos que permitan crear asentamientos de reforma agraria para las más de 20 mil familias acampadas que tenemos en esta región del estado de Pará, donde hay 130 haciendas ocupadas o con campamentos a su lado –informó Francisco-.

Se trata de familias sin tierra, pobres, algunas con más de ocho años esperando una solución. Estamos viviendo en una masacre”, concluyó el dirigente sindical.

Desde mayo pasado fueron asesinados en el estado de Pará, José Cláudio Ribeiro da Silva –Zé Cláudio- y su compañera Maria do Espírito Santo Silva, Herenilton Pereira –posible testigo del crimen de la pareja-, Obede Loyla Souza, Marcos Gomes da Silva y ahora Valdemar Oliveira Barbosa.

Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), desde 1996, sólo en el estado de Pará han ocurrido hasta la fecha 212 asesinatos por conflictos relacionados con la tierra, lo que equivale a más de un homicidio por mes durante los últimos 15 años, sin contabilizar los perpetrados en otros estados de Brasil.