Varios hechos que terminaron en la muerte de víctima y victimario que se sucedieron en pocos días volvieron a colocar el tema de la violencia doméstica en el centro de la atención pública uruguaya. Pero la respuesta institucional sigue siendo altamente insuficiente.

Según cálculos de organizaciones de mujeres, en Uruguay una mujer muere cada nueve días víctima de ataques de su actual o ex pareja.

Diariamente el Ministerio del Interior recibe unas veinte denuncias de agresiones de esta clase, cifra que ha aumentado fuertemente respecto a años anteriores -producto de que las víctimas sienten menos temor de dar a conocer esas situaciones-. Aun así, hay consenso para considerarla muy inferior a la real.

“A tal punto ha llegado el fenómeno que se puede decir que se trata de una epidemia”, dijo el sociólogo Rafael Paternain, director del Observatorio Nacional sobre Violencia Doméstica, dependiente del Ministerio del Interior, en un reciente seminario sobre “Violencia, inseguridad y medios en el Uruguay”.

Dato resonante: los casos de violencia en el hogar superan a los delitos contra la propiedad. Sin embargo, no reciben la misma atención y la misma respuesta que estos últimos, generadores de verdaderas reacciones de pánico social y de una ola de demandas securitarias.

De todas maneras, en los últimos tiempos algo ha cambiado. Los hechos de violencia doméstica hoy se ventilan, y la sociedad puede percibirlos en todo su horror, sobre todo en momentos como éstos en que se producen casi simultáneamente casos “chocantes” sobre los cuales los medios de comunicación colocan su foco.

Incluso en medios de prensa que habitualmente recurrían a fórmulas del tipo “crímenes pasionales” para referirse a asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, a la violencia doméstica se la ha comenzado a llamar violencia doméstica. Pero esa toma de conciencia, que ha corrido a la par con el notorio incremento del número de denuncias, no se ha traducido en una mayor eficacia en la prevención de situaciones que muy habitualmente no son más que crónicas de muertes anunciadas.

Ejemplo de lo anterior son los crímenes que tuvieron lugar este mes de abril en Montevideo, poco menos que prototípicos. En los tres casos registrados con diferencia de pocos días en la capital las mujeres habían denunciado no una sino varias veces que sus parejas las acosaban, la justicia había decidido medidas cautelares para impedir el acercamiento del hombre, nadie controló que esa disposición se cumpliera, el acoso continuó, la policía se lavó las manos, el propio victimario era policía... Y la mujer fue asesinada.

Esa historia de mujeres que deambulan buscando protección institucional que no logran y que terminan siendo asesinadas como si su “destino” estuviera escrito se repite.

Como se repite, no el perfil, sino “los valores” del agresor. “La violencia doméstica constituye un patrón de conductas abusivas a nivel físico, sexual, psicológico o relacional usado por una persona en relación íntima con otra, para ejercer poder, control y autoridad sobre ella”, se podía leer en la proclama de convocatoria a una movilización de protesta contra la “epidemia de violencia” en el hogar realizada esta semana en Montevideo. “La maté porque era mía” podría ser el resumen de ese patrón de conducta.

Fernanda, una muchacha de 26 años asesinada a cuchillazos por su marido delante de sus dos hijos pequeños, acababa de conseguir un trabajo como barrendera municipal que le permitiría por fin autonomizarse de un hombre que venía golpeándola desde hacía años. El hombre no soportó esa tentativa de emancipación. La mató y se suicidó.

“Algunos de los casos que estamos siguiendo en nuestro gremio corresponden a mujeres que venían de situaciones de sometimiento y que al conseguir un empleo encuentran la posibilidad de liberarse, de valerse por sí mismas. Entonces toman la decisión de dejar a sus parejas y se desencadena la violencia”, dice José Bruno, presidente del sindicato de trabajadores de la Intendencia de Montevideo.

“Los asesinatos de mujeres tienen todos en común que las mujeres aparecen como usables, prescindibles, maltratables, desechables”, señalaba en una investigación la antropóloga mexicana Marcela Lagarde.

“En la muerte violenta de una mujer -excluyendo aquí accidentes u homicidios en ocasión de robo- suelen aparecer constantes que develan a estos hechos como emergentes de relaciones jerárquicas entre los géneros presentes en la mayor parte de la sociedad”, se podía leer a su vez en un informe sobre el tema aparecido a fines de 2006 en el diario argentino “Página 12”.

Otro factor que se repite en estos casos: la presencia del policía o el militar en la figura del victimario. Policía era el marido de la montevideana Fernanda. Y policía otro agresor que, esta misma semana, se suicidó antes de que pudiera concretar su anuncio de que mataría a su ex pareja.

Pero estas prácticas violentas no son patrimonio de una profesión, una pertenencia política, ni siquiera una clase social. Hay consenso entre los especialistas para sostener que el fenómeno atraviesa horizontalmente la sociedad, aun si es más perceptible en los sectores más pobres, en parte porque son los más expuestos en los medios de prensa y porque tienen mucho menos posibilidades de “esconderlo” recurriendo a redes que operen como protectoras.

Las preguntas fluyen. Y el alerta.

Militantes de organizaciones de mujeres uruguayas se preguntan cómo, por ejemplo, el matador de Fernanda revistaba aún en los cuadros policiales, y por ende se depositaba en él la facultad de usar armas, cuando había sido repetidamente denunciado como golpeador. Y cómo un psiquiatra de salud pública que lo había tratado por su reincidencia en actos violentos había determinado que su conducta no presentaba “alteraciones”.

Según Ana Nocetti, del Plenario de Mujeres Uruguayas, en muchas ocasiones la policía no hace cumplir órdenes de restricción libradas por la justicia contra hombres golpeadores. “Se dan casos de maridos que vuelven a sus casas violando las disposiciones judiciales y contra la voluntad de las mujeres, y la policía no los obliga a irse”, dice.

Aun si quisieran actuar, son muy pocos los policías que han recibido instrucción adecuada: apenas 13 de cada mil agentes, es decir algo más de 360 sobre el total de 26.600 policías uruguayos.

“Cuando una víctima va a denunciar violencia doméstica a una seccional de policía cualquiera y es recibida por personal no capacitado a menudo eso vuelve más peligroso el caso, porque le recomiendan medidas inadecuadas o no las saben guiar, lo que puede provocar que esas mujeres bajen los brazos y dejen en nada la denuncia”, comentó al diario “El País” Diana González, de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica, que reúne a una veintena de asociaciones.

A su vez, los juzgados de familia o las recientemente creadas Comisarías de Mujer se ven desbordados ante la avalancha de denuncias que reciben.

Pero lo que falla es el conjunto del sistema, piensa Lilián Abracinskas, de la asociación Mujer y Sociedad. Según esta militante feminista, el gobierno de la coalición progresista Frente Amplio, que se instaló hace algo más de dos años, ha mostrado ante el tema mucha más sensibilidad que sus predecesores y otra voluntad de reaccionar, pero no ha logrado modificar el cuadro general.

“Esto debe ser abordado de manera integral, articulando desde el gobierno a todos los actores detrás de una política, y no únicamente desde la gestión”, destaca.

Además de la falta de personal capacitado y del desborde que sufren los juzgados y comisarías especializados, las asociaciones de mujeres se quejan de la escasa coordinación entre justicia, policía y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema. Lamentan, por ejemplo, que se haya aprobado hace ya tiempo una ley de violencia doméstica a y todavía no se la haya reglamentado.

La nueva ministra del Interior, la socialista Daisy Tourné, pretende revertir esta situación, entre otras cosas creando más Comisarías de la Mujer y de la Familia y formando a otros 200 agentes para estas funciones. Proyecta igualmente la creación de un servicio especializado en la atención a funcionarios policiales involucrados en estos casos y a sus familias y la conformación de una red de monitoreo que permita una evaluación de lo realizado y la elaboración de políticas.

La de género no es la única expresión de relaciones violentas en el hogar. De hecho, en la noche del miércoles 25 el director del Instituto de la Niñez y la Adolescencia, Víctor Giorgy, recurrió a la cadena nacional de radio y televisión para alertar sobre el recrudecimiento de las denuncias por maltrato infantil. Un dato, sin embargo: la mayoría de las víctimas de estos casos son mujeres.

Tampoco la uruguaya es una situación “rara” en el contexto latinoamericano (basta citar el caso extremo de México) o internacional (ya en 2002 en Europa a la violencia doméstica se la identificó como uno de los problemas sociales más graves).

Los patrones uruguayos en esta temática se corresponden básicamente con los patrones internacionales. Tienen que ver con pautas culturales arraigadas, con prácticas centenarias, con una actitud de la sociedad hacia la mujer y con una internalización por la mujer de esas pautas y prácticas. “Lo nuevo aquí no es el fenómeno en sí mismo (la violencia doméstica existía y era muy grave mucho antes de que se la llamara así y de que perdiera invisibilidad) sino que se está tomando conciencia de él y de que hay que enfrentarlo con políticas de fondo. Es el primer paso para cambiar”, concluía una militante feminista.

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