Los días 21 y 23 de febrero, una delegación de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER) viajó a Washington en cumplimiento de su labor de incidencia política ante el FMI. La visita se realizó ante la futura negociación del quinto Programa Económico de Nicaragua con este organismo.

 

La delegación tuvo la oportunidad de reunirse con los representantes de diversos países ante el Directorio Ejecutivo del FMI, con el jefe de la Misión Técnica del FMI ante Nicaragua y con la directora del Departamento de Evaluación y Políticas de Desarrollo, el cual está a cargo de la evaluación del desempeño de los Programas del FMI en el caso de Nicaragua. Finalmente se reunieron también con dos directores del BID y con representantes de la red "Jubileo 2000" en los Estados Unidos.

 

Según un documento presentado a los medios de comunicación “los directores y los demás funcionarios del FMI coincidieron en que el nuevo gobierno de Nicaragua tiene la oportunidad de presentar su proprio programa económico, orientado primordialmente a la reducción de la pobreza, preservando la estabilidad económica. Reconocieron que los logros alcanzados en términos de estabilidad económica no habían estado acompañados por la reducción de la pobreza y que el futuro programa debía avanzar en esta dirección. Dejaron claro –continúa el documento– que el nuevo programa debía tener sentido para Nicaragua y los nicaragüenses, respetando la nueva realidad política y el marco constitucional del país, aunque preservando la consistencia macroeconómica”.

 

SIREL conversó con el economista y miembro de la Comisión Económica de la CCER, Adolfo Acevedo Vogl, para conocer en detalle los alcances de este viaje.

 

-¿Cómo evalúan este encuentro con los representantes del FMI en Washington?

-La impresión es que por parte del FMI exista ahora la voluntad de aceptar que Nicaragua defina su política económica, su política social, su reforma a la Seguridad Social, su política para la reducción de la pobreza y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Lo único que el FMI requeriría es que todas estas políticas se produzcan en un marco de consistencia macroeconómica.

 

-¿Cuál ha sido la política del FMI en el pasado?

-El FMI intervenía directamente en la política específica del país, como por ejemplo en la política de descentralización, de seguridad social, en la política presupuestaria y esto iba mucho más allá de su mandato.

Cada país es libre de definir su propia política y lo único que el FMI podría asegurarse es que estas políticas se realicen en un marco de consistencia macroeconómica, que el gasto se financie con los recursos disponibles, que no haya emisión inorgánica de dinero, que la tasa de inflación sea moderada. Estas son las únicas cosas que el FMI debe ver, porque no tiene sentido que venga a imponer nuevas leyes, modificaciones a leyes ya existentes o peor aún, a pedir reformas a la Constitución de Nicaragua. Las condiciones que el FMI impone deben atenerse a lo que es su mandato, es decir que los países que reciben su asistencia se mantengan bajo su control macroeconómico.

 

-¿A qué se debe ese aparente cambio de actitud del FMI?

-Desde nuestro punto de vista tiene que ver con la profunda crisis que está atravesando. Hay una crisis financiera porque la mayor parte de los países de ingresos medios en América Latina y Asia han pagado anticipadamente la deuda con el FMI, siendo que este organismo mantiene su burocracia a través de los intereses que pagan estos países. Además hay una crisis de legitimidad, porque países de medianos y grandes ingresos -que han pagado anticipadamente- lo han hecho para deshacerse del FMI. El “poderoso” Fondo Monetario, únicamente está tratando con pequeños y pobres países como es el caso de Nicaragua y de algunos países africanos.

 

-¿Cuánto se puede confiar en estas nuevas posiciones del FMI?

Hay algunos ejemplos en este sector de los organismos financieros internacionales. Inglaterra suspendió su aporte al Banco Mundial porque le estaba exigiendo políticas de priorización y regulación en su programa. Lo mismo está pasando con otros países de Europa y existe un cuestionamiento muy fuerte al papel del FMI. Lo que fuimos a hacer como Coordinadora Civil es a contribuir un poco a que no vengan con el afán de querer imponer políticas pero, a pesar de esta situación de debilidad del FMI, lo fundamental va a ser la posición que asuma el país frente a este organismo.

 

-La Coordinadora Civil siempre ha planteado la importancia de que se negocie con el FMI presentando una propuesta de nación, discutida y consensuada de manera amplia con todos los sectores de la sociedad. ¿Ya hubo algún tipo de contacto con el Gobierno?

-La CCER ya se reunió con el equipo técnico del Gobierno que está preparando la propuesta de programa y en lo personal me reuní con algunos miembros de este equipo para plantearles lo que queríamos aportar. Por el momento encontramos disponibilidad.

 

-¿Cuál es el reto y también la oportunidad que tiene ahora el Gobierno frente a esta negociación?

-El FMI está pidiendo que el Gobierno formule su propia política y su gran desafío técnico y político es exactamente lograr definirla. Esto quiere decir, por ejemplo, definir muy claramente su política de descentralización, de reforma a la seguridad social, de combate a la pobreza y para alcanzar los ODM. Por el momento estas políticas no están definidas. En su exposición, Adolfo Acevedo recordó que la Coordinadora Civil “desde hace cinco años viene planteando que no se está llevando el presupuesto de educación, de salud, de vivienda, de agua potable y alcantarillado, de caminos rurales, al nivel requerido para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La única manera para hacer esto es reestructurar a fondo la onerosa Deuda Interna, lo cual no se hizo por negligencia de todas las instituciones públicas y alcanzar la progresividad tributaria”.

 

Según Acevedo, no es suficiente, como está planteando el gobierno, eliminar sobre todo las exoneraciones a los productos de la canasta básica “porque para nosotros hay que eliminar las exoneraciones que representan un subsidio a los grandes grupos económicos. Hay estudios que demuestran que con estos subsidios los contribuyentes les estamos financiando el 50% de sus inversiones. Es cierto que se está aumentando el gasto social, pero cuando se va a comparar con lo que se requeriría para el cumplimiento de los ODM, es evidente que no es suficiente y a veces llega a penas a compensar el crecimiento de la población. Lo que no existe todavía es la voluntad política para buscar una progresividad tributaria, porque esto quiere decir tocar los intereses de los grandes grupos financieros del país y hacer que quienes tienen y ganan más, que son los que concentran los ingresos, paguen finalmente lo que les corresponde en impuestos.

 

En Nicaragua -concluyó Acevedo- el 20% de los hogares más pobres tienen una carga tributaria relativa que es el doble de la carga tributaria promedio, mientras que el 20% de los hogares más ricos tienen una carga tributaria relativa que es el 20% por debajo de la carga promedio. Esto es un sistema tributario que hace descansar toda su carga relativa principalmente sobre los sectores de menores ingresos. Lo de mayores ingresos nunca han contribuido con lo que deben”.

En Managua, Giorgio Trucchi © Rel-UITA 6 de marzo de 2007

 Fotos: Giorgio Trucchi

 

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