Uruguay

Cuando en 1857 la fiebre amarilla diezmó la población de Montevideo, los carros fúnebres no daban abasto en su tarea de recoger cadáveres. En medio de tanto dolor y confusión, en más de una oportunidad se trasladó al cementerio a enfermos todavía agonizantes, y cuentan que un carretero, al percibir que un supuesto cadáver se encontraba sentado, le propinó un palazo en la cabeza al tiempo que profería: “esa no es pose de dijunto”.

La diferencia entre la situación de aquel enfermo agonizante y la de los doctores Sanguinetti y Lacalle es que ambos sí están muertos políticamente y que el palazo lo recibieron el pasado 7 de diciembre. Pero la sentencia del carretero de la historia les cabe perfectamente, pues ninguno de los dos asume la pose que le corresponde a un dijunto.

Pasado el plebiscito ambos argumentaron que el mismo no tendrá consecuencias políticas. Y que la enorme mayoría de la ciudadanía que votó SI lo hizo para ejercer un voto castigo al gobierno, olvidándose que el presidente Batlle prácticamente no intervino en las etapas previas (si lo hubiera hecho la mayoría se habría convertido en unanimidad) y que fueron ellos los principales voceros del NO.

Las encuestas que miden la intención de voto para las elecciones del año próximo señalan que ambos personajes ya eran dijuntos antes del plebiscito. Y esto me hace recordar otra historia. Llaman por teléfono a un señor desde una funeraria para comunicarle la muerte de su suegra y requerir instrucciones sobre que hacer con el cuerpo; ¿entierro común, momificamos o cremamos? El hombre piensa unos segundos y responde: ¡no corramos riesgos, las tres cosas! ¿Cuántas veces tendrá el pueblo uruguayo que matar a estos muertos?

Si ninguno de los dos se llama Lázaro, ¿qué lleva a estos muertos políticos a insistir en una imposible resurrección? La explicación se encuentra en que ambos confunden gobierno con Estado. Veamos:

El gobierno es la fuente de las decisiones que hacen a la observancia de los preceptos constitucionales. Es de carácter transitorio, ya que sus autoridades se renuevan periódicamente de acuerdo a las normas constitucionales, y quienes lo integran surgen del voto de la ciudadanía, mecanismo mediante el cual se expresan las preferencias políticas de la población. En cambio, el Estado es la estructura funcional, que representa a la sociedad organizada conforme a normas jurídicas, que debe imponer la ley dentro de los límites geográficos del país y hacer posible su soberanía en el concierto del mundo.

La separación entre gobierno y Estado es de suma importancia, pues asegura el orden jurídico y la eficiencia de las decisiones públicas. Entre otras cosas, esta separación debería permitir que los funcionarios estatales accedan a sus cargos por títulos, antecedentes y calificaciones. Es decir, genera un sistema basado en la meritocracia. Cuando se produce la simbiosis entre el gobierno y el Estado, al punto que llegan a confundirse sus respectivos roles, la democracia se debilita, con todas las consecuencias que eso conlleva y que los uruguayos padecemos en carne propia. Cuando el gobierno utiliza el Estado con el propósito de favorecer a los sectores de los deviene su poder político para consolidarlo, se crea la dedocracia, tan utilizada por los gobiernos colorados y blancos que nos han desgobernado.

Y cuando un gobierno se apropia del Estado –cosa que desde siempre han hecho los partidos tradicionales– los capitales especuladores y los neoliberales que los representan, aprovechan para incrementar su ofensiva; no contra el gobierno para que corrija su proceder, sino contra la estructura agredida, es decir, el Estado.

¿Quedó claro porfiados dijuntos? Entonces no nos jodan más o tendremos que matarlos de nuevo.

Enildo Iglesias

Convenio Siete sobre siete – Rel-UITA

19 de diciembre de 2003