La celebración del Mundial de fútbol en Sudáfrica ha colocado a este país en el primer plano de la actualidad política y mediática internacional. Éste es precisamente el objetivo del Gobierno del presidente Zuma, quien intenta presentar el evento como un punto de inflexión en la historia surafricana y como una palanca para su desarrollo económico y social. Incluso, como un símbolo más general del “renacimiento de África”.

Sin embargo, la realidad muestra que la celebración del Mundial se inserta en la continuidad de las políticas económicas neoliberales que han impactado duramente en la población, adoptadas en 1996, dos años después de la llegada del Congreso Nacional Africano al poder, con un programa de tipo neo-keynesiano, que sería implementado solo muy parcialmente y rápidamente abandonado.

Las consecuencias sociales del ajuste neoliberal han sido muy drásticas. El desempleo se ha disparado de un 16 por ciento en 1990 hasta un 40 por ciento en la actualidad (aunque las cifras oficiales hablan del 23 por ciento).

La tasa de pobreza es de en torno al 50 por ciento y afecta de forma mucho más drástica a la población negra. Así, el 75 por ciento de los niños negros viven en la pobreza por un 5 por ciento de los blancos. La polarización de la renta se ha acentuado, y el coeficiente Gini, que mide la desigualdad social (siendo 1 el valor de máxima desigualdad), se situó a comienzos de los años 2000 en un 0,77 por ciento, frente al 0,68 por ciento de 1992.

El 10 por ciento de los hogares más ricos del país concentra el 50 por ciento de la riqueza, mientras que el 40 por ciento más pobre, sólo el 7 por ciento. La privatización de los servicios públicos impulsada a comienzos de los años 2000, bajo una política considerada “modélica” por el Banco Mundial, comportó un fuerte aumento del precio de servicios básicos como el agua y la luz, lo que provocó cortes masivos del suministro a unos diez millones de familias por no poder pagar las facturas.

Estos procesos de aumento de las desigualdades han ido acompañados por el surgir de una pequeña nueva clase media negra y una pequeña élite empresarial negra, cuyos intereses son diferentes de los de la mayoría de la población pobre.

Por todo ello, la evolución de la sociedad sudafricana ha sido definida por muchos analistas críticos como una transición desde el apartheid racial al apartheid de clase, en el que los cambios políticos acontecidos después del fin del régimen racista no han ido acompañados de cambios sustanciales en el terreno material y de los derechos sociales.

La Sudáfrica que acoge el Mundial es un país dividido y con fuertes contradicciones sociales, y en el que los beneficios del evento serán para una pequeña minoría, empezando por las grandes firmas del sector de la construcción.

En cierta forma, como señala el reputado comentarista deportivo Dave Zirin, el Mundial ha sido una especie de “Caballo de Troya neoliberal, que ha permitido una serie de políticas que no habrían sido aceptadas por parte de la sociedad sudafricana en caso de no haber tenido el honor de albergar el Mundial”.

La crítica más extendida al Gobierno es su enorme gasto, un total de 9.500 millones de dólares, financiados esencialmente a través del endeudamiento público en la construcción de grandes instalaciones deportivas cuya utilidad posterior al Mundial está muy poco clara, y en infraestructuras de transporte de lujo. Entre ellas, el tren de alta velocidad Gutrail, destinado a la élite de los negocios y a los sectores acomodados.

El desvío de las inversiones públicas a proyectos faraónicos y de poca utilidad social, u orientados a una minoría, contrasta con la incapacidad del Gobierno de satisfacer algunas necesidades sociales básicas, como construir una red de transporte público eficiente o solucionar el gravísimo problema de la vivienda. En Sudáfrica, miles de personas viven en chabolas y la burbuja inmobiliaria de los años recientes de crecimiento económico y boom especulativo ha hecho aumentar el precio de la vivienda en un 400 por ciento.

Así, se calcula que el gasto para el Mundial equivale a todo lo invertido entre 2000 y 2010 en vivienda pública. En palabras del Foro Contra la Privatización de Johannesburgo, “el Gobierno ha conseguido, en muy poco tiempo, construir infraestructuras de primera división de las que la mayoría de sudafricanos no va a beneficiarse ni poder disfrutar”. También hay perjudicados directos por el evento como los vendedores ambulantes, expulsados de las proximidades de las grandes instalaciones deportivas, o los pescadores en zonas como Durban, que han visto restringidas sus áreas de pesca habituales.

El impacto de las políticas neoliberales provocó la emergencia desde finales de los años noventa de crecientes resistencias sociales, en contra de la privatización y los recortes sociales, convirtiendo a Sudáfrica de nuevo en una referencia para la protesta social en el continente africano.

Unas luchas sociales que entroncan, en otro contexto histórico, con el movimiento contra el apartheid y su espíritu de liberación social. Muchos de estos movimientos, como el Abahlali baseMjondolo, que agrupa a los habitantes de las chabolas de las grandes urbes, intentan estos días, a pesar de la restricción oficial a cualquier tipo de manifestación hasta el 15 de julio, hacerse visibles y explicar al mundo su historia de exclusión y marginación.

“Cuando los elefantes están de fiesta, la hierba sufre”, reza un viejo proverbio africano. Es una buena forma de tener presente esta otra Sudáfrica que no debemos olvidar.