Enron y compañía (III)

La debacle de la nueva economía «made in USA»

 

Bancos de negocios

Los principales bancos de negocios estadounidenses, tales como el Merryl Lynch, el Morgan Stanley, el Credit Suisse First Boston (Credit Suisse Group), el Salomon Smith Barney (Citigroup) y el Goldman Sachs, jugaron un rol muy activo en las prácticas fraudulentas que dieron lugar a escándalos. Estos bancos de negocios mezclan varias funciones: analizan la salud de las empresas para orientar a los compradores de acciones en la Bolsa (recomiendan entonces la compra y venta de acciones de esas empresas), y gestionan carteras de acciones muy importantes para ellos o para terceros, como los fondos de pensión, que les confieren sumas muy importantes de inversión en la Bolsa. Se encargan del ingreso de las empresas en la Bolsa. Se encargan también de la emisión de empréstitos a cuenta de las empresas, de los Estados o de las colectividades locales que quieren recolectar capitales en los mercados financieros. Entre ellos, algunos tales como el Credit Suisse First Boston y el Salomon Smith Barney constituyen la rama de bancos de negocios de un grupo bancario más amplio. Esto fue posible gracias a la abrogación de la ley Glass Steagall en 1999 bajo la administración de Bill Clinton. La "Glass Steagall act" fue adoptada en 1933 en plena depresión a fin de evitar la repetición de las quiebras catastróficas de las instituciones financieras a través de la mezcla de la colecta del ahorro a la inversión en la Bolsa y a la participación de capital en las empresas. El legislador americano había querido así separar los bancos de negocios (sociedades holdings) de los bancos. En plena euforia neoliberal, en el contexto de la financiarización de la economía, los grandes grupos financieros como el Citibank jugaron una gran influencia sobre la administración Clinton, la cual fue coronada de logros que permitieron obtener que se levantaran los obstáculos a su expansión. Fue así como el Citigroup, principal grupo financiero mundial, pudo nacer gracias a la abrogación de la "Glass Steagall act". El Citigroup nació de la fusión entre el Citibank y la Salomon Smith Barney.

Merryl, Morgan Stanley, Salomon Smith Barney (Citigroup) y Goldman Sachs estan implicados hasta el cuello en los escándalos Enron, WorldCom y otros. La crisis bursátil, el descenso de la actividad económica y los efectos de sus prácticas fraudulentas los colocaron en una situación difícil. Entre enero del 2001 y fines del 2002, la acción Merryl Lynch perdió más de la mitad de sus valores bursátiles. Durante el 2002, todos estos bancos de negocios fueron objeto de demandas judiciales por parte de la SEC y del Departamento de Justicia. También fueron objeto de demandas judiciales presentadas por parte de inversores, accionistas y asalariados. Con el objeto de poner fin a dichas demandas, en el 2002, el Credit Suisse First Boston y Merryl Lynch, dieron, cada unos de ellos, 100 millones de dólares para endulzar al Tesoro. En cuanto al Citigroup, éste entregó 240 millones de dólares. Estos bancos de negocios fueron acusados de colisión con los dirigentes de Enron, de WorldCom y otras empresas en quiebra. Las autoridades tienen sobradas pruebas sobre la responsabilidad que poseen los analistas de estos bancos de negocios, quienes deliberadamente recomendaban la compra de acciones de las empresas que ellos sabían que estaban en dificultades. Dichos analistas hacían esto porque los bancos de negocios que los empleaban eran también accionistas de las empresas en cuestión. Una caída de la cotización bursátil de dichas empresas habría perjudicado a los intereses de los bancos de negocios.

En el caso de la Merryl Lynch, las autoridades recurrieron directamente a los documentos internos editados por su analista más conocido, Henri Blodget, el especialista de la nueva economía. Este trataba a la sociedad AtHome como un "piece of crap" (de m…) y al mismo tiempo recomendaba calurosamente a los inversores que compren sus acciones. En otro documento interno, el mismo Blodget explicaba como el y su equipo habían participado de 52 transacciones comerciales entre diciembre de 1999 y noviembre del 2000, en desmedro de todo deontología. El banco de negocios, para recompensar a Blodget, multiplicó su remuneración por cuatro (de 3 a 13 millones de dólares). Después que se produjeron estas revelaciones, clientes furiosos presentaron decenas de demandas colectivas contra la Merryl Lynch: esto podría llegar a costarle dos mil millones de dólares.

La Salomón Smith Barney (Citigroup), en agosto del 2002, se sacó de encima a su analista consagrado, Jack Grubman, quien había sido denunciado por la prensa por haber mantenido recomendaciones positivas sobre empresas como la WorldCom. Jack Grubman recibió, para empezar, 32 millones de dólares en concepto de prima. "Aunque lamento, como otros, el no haber podido prever la caída del sector de las telecomunicaciones y comprendo la decepción y la cólera de los inversores a causa de dicha caída, estoy orgulloso de mi trabajo y del de aquellos analistas que trabajaron conmigo" (Diario Le Soir del 17-18/02/02).

Otra práctica corruptora: los bancos de negocios ofrecían a clientes privilegiados, tales como a los dirigentes de las empresas WorldCom, Qwest, Metro Media y otras, paquetes de acciones de empresas que ellas habían hecho entrar en la Bolsa. Estos clientes revendían las acciones en cuestión algunos días después a su ingreso en la Bolsa, en plena euforia de los mercados, retirando de esta manera beneficios considerables. Por medio de esta práctica, los bancos de negocios intentaban convencer a grandes clientes para que recurrieran a sus servicios en contratos importantes. En septiembre del 2002, B. Ebbers y cuatro otros dirigentes de empresas fueron objeto de demandas judiciales por parte del fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, quien exigió de aquellos el reembolso de 28 millones de dólares que habían sido obtenidos gracias a los regalos corruptores de los bancos de negocios.

 

Las agencias de notación

Tres firmas, dos de las cuales son estadounidenses, dominan el sector de las agencias de notación del mercado mundial: Moody's, Standar & Poor's (EE.UU.) y Fitch (Francia). Estas tres sociedades juzgan la situación financiera de todos los deudores: los Estados, las colectividades locales, las empresas y los fondos de inversión. Las notas que éstas atribuyen influyen de manera determinante sobre las tasas de interés que deberán pagar los deudores a sus acreedores. Durante el 2002, esto correspondía a un volumen de 30.000 millones de dólares de deudas. Ello marca el poder de las mismas. Estas atribuyen notas que permiten a los prestamistas potenciales evaluar la salud y seriedad de los futuros deudores. Sus notas van desde "muy segura" a "extremadamente riesgosa" pasando por "aproximadamente segura" y "riesgosa". La nota "muy segura" se expresa atribuyendo una triple A al deudor. Según la agencia de notación, los malos alumnos son evaluados por la letra C o la letra D.

Moody's cuenta con más de 700 analistas y emplea a 1.500 personas en quince países. Sus notaciones abarcan a 100 países. Standard & Poor's emplea a 1.000 analistas en 21 países, y sus análisis conciernen igualmente a una centena de países. Fitch emplea a 1.200 personas, de las cuales 600 son analistas, y evalúa a deudores pertenecientes a 75 países.

Estas sociedades fueron denunciadas de manera considerable por el rol que jugaron durante la crisis de los años 90, particularmente durante la crisis del este asiático durante 1997-1998. En efecto, éstas mantuvieron un juicio favorable respecto de las empresas deudoras del este asiático, mientras que tendrían que haber revelado que se encontraban en dificultades desde 1996. Una vez que la crisis estalló durante 1997, estas sociedades de notación dieron un giro de 180º que dio lugar a la degradación de las empresas y los estados asiáticos implicados. Ello implicó un aumento de varios miles de millones de dólares de las facturas que tenían que rembolsar los endeudados. El rol de las agencias de notación fue igualmente denunciado en lo que hace a la evaluación del riesgo-país de la Argentina y Brasil entre 1998 y el 2002.

Ellos fueron objeto de fuertes críticas por el rol que jugaron durante los diferentes escándalos que se desencadenaron en los Estados Unidos durante el 2001-2002. Moody's mantuvo una cotización muy elevada de Enron, que estaba próxima a caer. Estas agencias de notación son todo salvo independientes de las sociedades que evalúan, dado que reciben su remuneración de aquellas. En ciertos casos, con el objeto de forzar a los clientes a recurrir a sus servicios, atribuyen notaciones no solicitadas y generalmente menos favorables que en los casos en que hubieran sido objeto de una remuneración.

Estudios de auditorias

El escándalo Enron puso al descubierto la coalición entre la dirección de la empresa y Andersen, la empresa auditora encargada de monitorear las cuentas de aquella. En junio del 2002, Andersen fue condenada por obstrucción a la justicia. Este veredicto obligó a Andersen a bajar las cortinas. Andersen había participado en la operación de maquillaje de las cuentas de Enron, que en el 2000 le había pagado 50 millones de dólares como contraparte de los diferentes servicios prestados. Con el objeto de borrar las coaliciones con Enron, Andersen destruyó decenas de miles de documentos comprometedores durante octubre del 2001 mientras que la SEC estaba iniciando la investigación. "La oficina de Andersen en Houston se puso súbitamente a fines del mes de octubre a destruir una tonelada y media de documentos por día en lugar de los 35 kilos promedio por año", declaró el fiscal durante el proceso.

La connivencia entre las empresas y los estudios de auditorias que siguen sus cuentas está abiertamente extendida. Andersen realizó favores comparables a aquellos de los que se benefició Enron a una buena parte de sus 2.300 clientes. Las agencias de auditorias no se limitan a controlar las cuentas de las empresas: sus principales recursos provienen de los consejos que prodigan. Por cada dólar ganado en una auditoria, tres entran en caja gracias a misiones de auditoria. Andersen no es la excepción que confirma la regla. Prueba de ello es que los cuatro grandes estudios de auditorias son objeto de investigaciones por parte de la SEC. La KPMG revisaba las cuentas de Xerox, que reconoció haber inflado su cuenta de negocios de 6,4 mil millones de dólares durante el período 1997-2001. Deloitte Touche Tohmatsu controlaba las cuentas de la sociedad Adelphia Communications, cuya quiebra costeó en junio del 2002. Price Waterhouse Coopers está implicada en el escándalo de Tyco, cuyo director fue acusado de haber distribuido de manera fraudulenta 96 millones de dólares a 51 cuadros superiores de la empresa. Ernest & Young está acusada de haber transgredido las obligaciones de un auditor independiente desarrollando y comercializando software con la PeopleSoft, de la cual, por otra parte, controlaba las cuentas (Diario Le Monde, 18 de junio de 2002).

Antes de la quiebra de Andersen, los cinco estudios de auditorias citados más arriba controlaban el conjunto o casi todo el mercado mundial de auditorias (ver cuadro a continuación). Después de la quiebra de Andersen, los cuatro estudios restantes se dividieron sus clientes.

 

El gobierno Bush y la justicia de EEUU

intentan poner orden

En el 2002 se anunció que el proceso Enron sería en diciembre del 2003. La ocasión de una famosa confesión.

En el 2002, 25 grandes compañías, y 150 jefes de empresa o cuadros superiores (de los cuales 45 tienen la intención de plantear demandas judiciales por culpabilidad), fueron objeto de investigaciones en profundidad y/o de seguimientos judiciales por parte del gendarme de los mercados, la SEC, y del Departamento de Justicia. He aquí algunos casos de inculpación: falsificación de las cuentas, delito de iniciado, enriquecimiento personal en desmedro de la empresa, evasión fiscal, asociación ilícita, obstrucción del trabajo de la justicia. La amplitud y la generalización de los comportamientos criminales es tal que el presidente de los Estados Unidos intervino directamente para amenazar con prisión a los administradores de las sociedades. "Si usted es un director general y piensa que puede trucar sus libros de cuentas para mejorar su imagen, nosotros lo encontraremos, lo arrestaremos y le haremos rendir cuentas" (citado en Time, 12 de agosto del 2002).

"Los jefes de empresa reconocidos culpables de fraude serán pasibles de sanciones financieras y, si tuvieron un comportamiento criminal, irán a prisión" (Diario Le Figaro, 1 de julio del 2002).

Alain Greenspan, presidente de la Reserva Federal, presentó las cosas con un toque de filosofía: "Los hombres no devinieron más cupidos que en el pasado. Simplemente cuentan con muchas más posibilidades de serlo… La economía depende de manera crítica de la confianza… La falsificación y el fraude destruyen el capitalismo y la libertad de mercado y, más ampliamente los fundamentos de nuestra sociedad… El patrón debe tener la autoridad para colocar donde corresponde la estrategia de la empresa pero también tiene la responsabilidad de dar cuenta de ella de manera precisa. Si este tipo de faltas no son sometidas a penas graves, tal como muchos lo recomiendan, nuestro sistema contable y los otros elementos del gobierno de las empresas no funcionaran de manera óptima" (Diario Le Monde, 18 de junio del 2002). En agosto del 2002, cerca de 2.500 directores generales fueron por primera vez legalmente obligados a certificar y firmar las cuentas de sus empresas. La amenaza del gran garrote que pendía sobre ellos tenía por objeto forzarlos a hacer una limpieza de sus cuentas a fin de intentar de manera desesperada restablecer la confianza del público para evitar una deriva que trajera como consecuencia una cascada de quiebras. En términos globales, el ejecutivo y el poder judicial permanecieron en el plano de la intimidación: no hubo ningún presidente general en ejercicio entre rejas durante el 2002. Dennos Kozlowski, ex patrón de Tyco, sólo se encontró entre rejas una vez que fue echado de la empresa. Algunos cuadros superiores fueron llevados a declarar con esposas, pero ninguno permaneció varios días en prisión. Sin embargo, ellos acumularon de manera criminal decenas o mejor dicho centenas de millones de dólares; provocaron quiebras que llevaron al suicidio de asalariados despedidos; quebraron la vida de centenares de miles de personas; hicieron perder centenares de miles de dólares a los contribuyentes.

Por el contrario, durante este tiempo, por delitos menores, decenas de miles de simples ciudadanos estadounidenses se amontonan en las prisiones superpobladas.

En septiembre del 2002 el Congreso adoptó una ley llamada Sarbanes-Oxley, cuyo objetivo era evitar la reproducción de comportamientos como los de Enron, WorldCom, etc. Esta ley preveía un aumento de las penas para los diferentes delitos financieros. Las penas de obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas, de las cuales el estudio Andersen había sido declarado culpable en el caso Enron, fueron duplicadas hasta alcanzar veinte años de prisión. Las operaciones concertadas dirigidas a engañar a los accionistas son consideradas en adelante como crímenes, y pasibles de diez años de prisión. Los directores financieros deberán certificar y firmar sus cuentas. En caso de falsa declaración, incurren en veinte años de prisión. Los bancos y casas de corretaje se ven impedidos de tomar sanciones contra los analistas que emiten informes desfavorables sobre las sociedades clientes. Los dirigentes ya no pueden pedir préstamos privilegiados a sus empresas. Sobre este último punto, George Bush podría haber sido condenado por los privilegios de los que se benefició mientras era administrador de Harken si dicha legislación hubiera estado en vigencia en aquella época.

La crisis golpeó directamente a las principales instituciones encargadas de hacer reinar el orden en el dominio económico: en noviembre del 2002, Harvey Pitt, presidente de la SEC, presentó su renuncia. Así lo hizo también el responsable de los servicios contables de la SEC. Días después lo siguió William Webster, el nuevo presidente del Consejo de Vigilancia de los comisarios de cuentas, creado durante el verano europeo del 2002 para poner orden en dichos asuntos. W. Webster, viejo director de la CIA y del FBI, tiró la toalla luego de la primera reunión del Consejo. Las causas de dicha defección hay que buscarlas en las revelaciones inoportunas que se dieron a luz sobre su carrera: W. Webster dirigió el comité de auditorias de la sociedad US Technology acusada frente a los tribunales por malversaciones contables (Diario Le Monde, 14/11/2002).

Por otra parte, apenas fue creada por la administración Bush, la brigada financiera especial anti-corrupción fue objeto de críticas violentas, dado que su jefe, el secretario adjunto de Justicia, Larry Thompson, fue administrador de la Providian Financial, una sociedad implicada en fraudes. Durante su mandato, la Providian Financial, especializada en las tarjetas de crédito, fue forzada a endulzar al fisco con 400 millones de dólares por poner fin a los seguimientos judiciales de los que era objeto a causa de sus fraudes.

Otra información: el jefe de la división anti-trust en el Departamento de Justicia, Charles James, renunció en octubre del 2002 para pasar al grupo petrolero Chevron Texaco en el cual pasa a ocupar el cargo de vicepresidente y consejero jurídico. Nombrado en junio del 2001 por George Bush hijo, fue el arquitecto del acuerdo concluido en noviembre del 2001 entre el Departamento de Justicia y Microsoft. Aunque quizás no haga falta decirlo, este acuerdo fue muy favorable a la empresa de Bill Gates.

 

Los problemas de la jubilación en los Estados Unidos

Las jubilaciones de los trabajadores están en peligro. En Estados Unidos, el sistema de pensiones por repartición es marginal, y aquellos que forman parte de él se benefician de un ingreso muy pequeño, del orden del 40% de su salario. Bajo la administración de Ronald Reagan, el sistema de pensión por capitalización ya bien implantado fue muy promovido en el cuadro de lo que se llamó el "plan 401 K" (instaurado en 1982). Dado que los mercados bursátiles estaban en alza, este sistema apareció para algunos como fuertemente atractivo, ya que el ahorro de los trabajadores era invertido en su gran mayoría bajo la forma de acciones. Lo que tenía que pasar pasó: los 40 millones de trabajadores titulares de un plan 401 K se encontraron en una muy mala situación porque no contaban con la más mínima garantía ni seguridad. Sus ahorros, que representan aproximadamente 1.500 millones, se vieron sometidos a una cura de adelgazamiento forzado de 175.000 millones de dólares en un año como resultado de los diferentes escándalos contables, quiebras y cracks bursátiles. Los asalariados de Enron, de Global Crossing y de la WorldCom cuya pensión estaba ligada al plan 401 K, perdieron todo o casi todo. En los últimos años, numerosas empresas invirtieron el ahorro de sus trabajadores sin consultarlos -o haciéndolo muy poco- sobre cuál era su punto de vista respecto a la compra de acciones de la empresa misma. Algunos ejemplos en el 2001: plan 401 K de Procter & Gamble, 94,7% del ahorro era invertido en acciones de la empresa; Coca Cola, 81,5%; General Electric, 77,4%; Texas Instruments, 75,7%; Mc Donald's, 74,3%; Enron, 62%.

La otra gran categoría de asalariados cuya pensión depende del sistema de capitalización representa 44 millones de asalariados del sector privado. Ellos provienen de un plan de pensión llamado "definido", anterior al plan 401 K. Una gran parte de los trabajadores de la industria automotriz, del transporte aéreo, de la siderurgia, del petróleo, de la farmacéutica y de las telecomunicaciones dependen de este sistema, que garantiza una pensión mensual fija cuya transferencia corre bajo la responsabilidad de la empresa que los ocupa. Contrariamente al plan 401K, estos no se encuentran, en principio, sometidos a los vaivenes bursátiles. El problema es que las empresas responsables del financiamiento de sus fondos no lo han hecho de manera suficiente. La situación se volvió tanto o más grave dado que los ingresos de las empresas están en descenso y que una parte importante de los fondos que deben servir al financiamiento de las pensiones provienen del rendimiento de los capitales colocados en la Bolsa por parte de las empresas. Según estudios publicados en el 2002, 26 grandes sociedades se iban a encontrar en una situación financiera degradada como resultado del crecimiento superfluo de sus fondos de pensión (Ford debía colmar un agujero estimado en 6,5 miles de millones de dólares) y algunas deberían caer en quiebra. Esto no es un problema que sólo ocurre con las empresas norteamericanas. Citando el ejemplo de la multinacional helvético-sueca ABB, los investigadores del banco de negocios Morgan Stanley estiman que la proporción de deuda sobre los fondos propios pasa de 202 a 374% cuando se incluyen las obligaciones de jubilación y éstas son consideradas como una deuda equiparable a cualquier otra. "Es una bomba de tiempo. No se trata de saber si va a explotar, sino cuándo va a explotar" declaraba en el Financial Times del 1 de octubre del 2002 Michael Hirsch, vicepresidente de la Lynnvest Group.

Los más grandes fondos de pensión en los Estados Unidos son los de los funcionarios públicos. El más importante entre ellos es el California Public Employees Reirement System (Calpers), cuyos activos se elevan a 150.000 millones de dólares que se reparten entre 1800 empresas. Los diferentes fondos de pensión de los empleados públicos totalizan más de 1.500 millones de activos. Luego de las quiebras escandalosas del 2001-2002, estos exigieron una modificación de la ley con el objeto de poner en orden la gestión de las empresas privadas de las que eran accionistas. La quiebra de WorldCom produjo pérdidas de 585 millones de dólares a Calpers. La de Enron produjo más de 300 millones de dólares de pérdida a quien en orden de importancia representa el tercer fondo de pensión.

 

Salarios: variable de ajuste

Durante las fases en que disminuye la actividad económica, cuando las empresas acumulan resultados a la baja y la competencia se exacerba, los patrones quieren achicar los costos. El puesto de trabajo que invariablemente es alcanzado son los salarios (disminución de los salarios y reducción del personal). La masa salarial es la principal variable de ajuste que se utiliza para asegurar una mejora o estabilidad de los resultados de la empresa. Los accionistas no quieren soportar los vaivenes de la coyuntura económica: exigen que el riesgo sea trasladado a los trabajadores.

Remuneraciones astronómicas y fabulosas primas de inicio por parte de patrones sospechados y cobardes

Desde los años de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el abismo entre los ingresos de los asalariados y de los dirigentes de empresas, que son capitalistas aunque reciban un salario, no hizo más que progresar de una manera vertiginosa. Según Business Week, en 1980 el director general (CEO) medio ganaba 42 veces más que el obrero (blue collar worker). En 1990 ganaba 85 veces más, y 531 veces más en el 2000 (ver el sitio del sindicato AFL-CIO en www.aflcio.org/paywatch/ceopay.htm). La AFL-CIO compara el ingreso de tres directores generales con la evolución de las acciones de su empresa en la Bolsa durante el período 1996-2000. Mientras que la cotización bursátil de la empresa que estos conducían había disminuido de manera considerable (aunque fue en un período de gran alza en general), sus ingresos fueron verdaderamente impresionantes.

 

Fuente: Sindicato AFL-CIO.

 

 Durante el año 2001, el New York Times publicó el gráfico siguiente, aún más sugestivo. Este presenta la evolución global de las remuneraciones de los directores generales, la evolución de los beneficios y la de la capitalización bursátil. El gráfico demuestra la farsa que constituye el gobierno de empresa. Mientras que la evolución del ingreso de los dirigentes de las empresas debería seguir la evolución de los resultados de las mismas, uno constata por el contrario el fenómeno inverso. La remuneración de los directores generales aumenta mientras que bajan los beneficios y los valores bursátiles.

 

Fuente: The New York Times. Ver aflcio.org.

 

Si salimos de las fronteras de los Estados Unidos, encontraremos situaciones similares. En el 2001, mientras que las cuentas de Vivendi Universal entraban en rojo, el sueldo de Jean Marie Messier aumentaba el 19% (66% de aumento sin impuestos). En Suiza, Mario Corti, principal dirigente de Swissair, recibió 8,3 millones de euros para reencaminar a la compañía aérea; algunos meses después, la empresa quebró.

Las remuneraciones de los dirigentes de empresa se componen de un salario, de stock options (que durante 1999-2000 representan en promedio el doble del salario) y de bonos.

Es necesario agregar la jubilación en oro, el o los departamentos de trabajo, los gastos sin límites, el o los coches de trabajo y el chofer a disposición, y a veces el avión de trabajo. A la remuneración de los dirigentes de empresa es necesario agregar los ingresos que ellos deducen de sus capitales. Tampoco hay que olvidar los regalos de las empresas-clientes (por ejemplo, los paquetes de acciones ofrecidos gratuitamente).

Las stock-options hicieron furor a lo largo de los años 90 hasta el 2001. Estos rindieron sumas faraónicas a algunos miles de dirigentes de empresas. En el 2000, Jeffrey Skilling, viejo director general de Enron, embolsó 62,5 millones de dólares gracias solamente a las stock-options. Gary Winnick, patrón de la empresa quebrada Global Crossing, embolsó entre 1998 y el 2001 735 millones de dólares gracias a la venta de sus stock-options. Por otra parte, la manera en que las stock-options eran contabilizadas por las empresas hizo perder al fisco de los Estados Unidos 56.400 dólares en el 2000.

El colmo de todo esto son los regalos de despedida a los patrones que condujeron a sus empresas a la quiebra. Percy Bavernik, director general de ABB, quien en el 2000 recibió 98 millones de prima en su despedida, dejó una pérdida de 793 millones de euros. Aquí también se podría mencionar a Jean-Marie Messier (CEO de Vivendi Universal), Bernard Ebbers (CEO de WorldCom) y decenas de otros.

Si los patrones no reciben generosas primas de despedida, esto no debe interpretarse como un mal signo. Según las autoridades judiciales, Dennis Kozlowski, ex patrón de Tyco, habría robado 170 millones de dólares de la caja de la empresa que dirigía, y se habría embolsado 430 millones de dólares gracias a la venta fraudulenta de acciones de la empresa. Mientras esperaba ser juzgado, su ex mujer pagó una caución de 10 millones de dólares en septiembre del 2002 para que pudiera salir de prisión. En junio del 2002, Kozlowski había organizado una fiesta en Cerdeña cuyos gastos, que corrieron a cargo de la empresa, representaban la módica suma de 1 millón de dólares (Financial Times, 20/09/2002).

 

La crisis de Enron y cía., ¿concierne al resto del mundo?

Veinte años de desreglamentación y de apertura de los mercados a escala mundial suprimieron las vallas de seguridad que hubieran podido limitar los efectos en cascada de las crisis que atravesaron la Enron y cía. El conjunto de las empresas capitalistas de la Tríada y de los mercados emergentes evolucionaron, ciertamente con sus particularidades, en el mismo sentido que en los Estados Unidos. Las instituciones privadas bancarias y financieras, así como las empresas de seguros del planeta, se encuentran en mala posición: adoptaron prácticas cada vez más aventureras. Todos los grandes grupos industriales conocieron una financiarización pronunciada y por ende se han vuelto muy vulnerables. Enron, Worldcom, Global Crossing, Vivendi Universal, Ahold, Parmalat,... la sucesión de escándalos mostró la vacuidad de las afirmaciones de los dirigentes de los Estados Unidos y de sus laudatorios en los cuatro puntos cardinales. Es tiempo de pensar en otro sistema, tanto en los Estados Unidos como en otras partes.

 

Eric Toussaint (*)

Más información: CADTM

Traducción: Miguel Angel Djanikian.

Convenio: La Insignia - Rel-UITA

3 de marzo de 2004

 

Notas


(*) Eric Toussaint, historiador y politólogo, presidente del CADTM (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo), miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y del Consejo científico de ATTAC Francia, autor de La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos (2003).

 

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