Colombia

 

El riesgo de ser “Estado Paria”

Carta abierta al presidente de Colombia, doctor Álvaro Uribe Vélez,

y a los presidentes del Senado y Cámara de Representantes.

 

 

El Senado de la República acaba de aprobar la Ley de Justicia y Paz; falta la aprobación en la Cámara de Representantes y veremos finalmente cómo queda nuestro país ante la comunidad internacional, respecto a los ojos vigilantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Pero lo más importante frente a la nueva visión del mundo en relación con los delitos de lesa humanidad, es que en Colombia estos se entremezclan con secuestros políticos y/o extorsivos, masacres, asesinatos selectivos o indiscriminados, por intimidación estratégica o para el supuesto control de territorios.

 

Lo grave que nos puede ocurrir es que la ley finalmente aprobada resulte ante los colombianos y ante el mundo en un mensaje de impunidad y, por tanto, de debilidad, que nos otorgue la condición de “parias”. No nos encontramos lejos de esa penosa realidad, si tenemos en cuenta que su texto niega la posibilidad de iniciar la investigación de la verdad a partir de la memoria histórica que relacione hechos, víctimas y victimarios, ya que la Ley se limita a mencionar la “Justicia y la Paz”. En relación con la primera plantea penas mínimas de detención, y con respecto a la segunda, sólo reparación material. Todo esto sin tener en cuenta que en Colombia no ha concluido el narcoterrorismo y que la multiplicidad de actores armados que forman parte de él mantiene vigencia, por lo tanto no existe claridad con respecto a qué víctimas ampara la Ley. ¿A las de los grupos que se encuentran negociando con el gobierno? Pero entonces, a las de los renuentes a entrar en ese proceso, ¿quién les imparte paz, verdad, justicia y reparación?

 

Siendo optimistas, supongamos que se encuentre una fórmula para reparar a las víctimas sin discriminación, sin importar el grupo armado que haya sido el ofensor, es posible que se arregle el problema de desigualdad, pero, ¿quién determina la globalidad de las víctimas actuales y las del futuro? Esto es realmente imposible porque el conflicto continúa, por la forma en que se incrementa la cantidad de víctimas, y porque es irreal pensar que sólo con los bienes legítimamente recobrados de manos de los grupos armados se podrá compensarlas materialmente.

 

No obstante, a pesar de todos los esfuerzos para reparar materialmente a las víctimas que determine la Ley de Justicia y Paz, el gobierno no puede ocultar bajo la alfombra la necesidad de la verdad sobre los responsables materiales, intelectuales, políticos y militares que han mantenido y aun pretenden mantener a Colombia en la noche horrenda y oscura de la impunidad frente al genocidio y a la pérdida de la soberanía, pues no es el pueblo el que está autodeterminando su presente y porvenir, sino el poder del narcotráfico, la vía armada violenta, la corrupción política y empresarial, que han hecho de la guerra su propio negocio de poder. Es aquí donde se encuentra la gran dificultad para establecer la verdad como auténtica compensación a las víctimas, pues lo material es un simbolismo y la mayoría de las veces un insulto a los atribulados corazones de quienes perdieron sus seres queridos. Y ni la justicia ni el gobierno dan respuesta al clamor de los dolientes sobre la verdad.

 

Independientemente de delincuentes materiales confesos ante los jueces, quienes han ostentado el poder gubernamental, político, militar y económico, ¿asumirán su propia responsabilidad en beneficio de la verdad?

 

Si el establishment (políticos, gobierno, empresarios, iglesia, militares) cree que las reparaciones materiales generosas disminuyen la necesidad de mejorar la justicia penal, esclarecer la verdad histórica o reformar la institucionalidad democrática, incurre en grave error. El mayor programa conocido de reparación es el implementado por Alemania con respecto a las víctimas del holocausto, que según el profesor Tomuschat (investigador y especialista del tema) el gobierno alemán estima que para 2030 habrán muerto los últimos beneficiarios de los diferentes programas y habrá repartido 80 mil millones de dólares entre, más o menos, 2 millones de beneficiarios en más de 70 países del mundo. No obstante, los principales responsables del holocausto –aunque no todos– fueron sometidos a juicio en el Tribunal de Nüremberg, pero además se adoptó una política sistemática para mantener viva la memoria histórica, con museos como el de Auschwitz y monumentos a los mártires, para que las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial no repitieran tan vergonzoso episodio en la historia de la humanidad.

 

En Argentina se distribuyeron 220 mil dólares por víctima relacionada con la desaparición forzada, se dictaron leyes de punto final y amnistías, pero el pueblo fue superior a sus dirigentes y luchó hasta lograr la derogación de las leyes de impunidad y la reapertura de los procesos que conduzcan a la verdad y al castigo real y moral de los genocidas.

 

En Colombia necesitamos una ley de la verdad, la justicia y la reparación así como está escrito: primero verdad, porque un pueblo que ha estado sometido a la violencia debe saber qué pasó, cuáles fueron las causas de los acontecimientos trágicos que ha vivido y quiénes sus principales responsables. Es a partir de la verdad que se puede hacer justicia, proporcionar reparación y construir la paz. El Estado no puede renunciar a perseguir los delitos de lesa humanidad, pues si bien el Congreso tiene la facultad de dictar leyes de amnistía general o de justicia y paz como la aprobada en el Senado, no puede, sin embargo, desconocer los tratados internacionales de derechos humanos. El Estado no puede tomar decisiones bajo el sofisma de lograr la convivencia social pacífica apoyada en el olvido de los hechos.

 

 

Luis Alejandro Pedraza Becerra

© Rel-UITA

23 de junio de 2005

 

 

 

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