La futura negociación de Nicaragua con el FMI, para lograr alcanzar el Quinto Programa Económico con este organismo financiero, ha despertado un gran debate en todo el país.

 

Frente a la presión de los sectores empresariales para llegar lo más pronto posible a la firma del nuevo programa, diferentes sectores de la sociedad civil nicaragüense han planteado la necesidad de que el gobierno no se apresure y que pueda llegar a una negociación presentando una propuesta de nación, discutida y consensuada de manera amplia con todos los sectores de la sociedad.

 

Para el economista independiente y miembro de la Coordinadora Civil (CCER), Adolfo Acevedo Vogl, “el programa con el FMI venció el pasado 15 de diciembre y actualmente no hay ningún programa. Un país recurre al FMI cuando siente que necesita su asistencia, pero no hay ninguna obligación sólo por el hecho de ser un país miembro. En el caso de Nicaragua hay un grupo de países donantes –Grupo de Apoyo Presupuestario¹– que consideran importante tener un programa con el FMI. Estos donantes financian el 8.6 por ciento del presupuesto de la República. Esta es la única parte de las fuentes de financiamiento del presupuesto que se supone que estén atadas al FMI, aunque en el acuerdo entre el Grupo de Apoyo Presupuestario y el Gobierno de Nicaragua no existe ninguna cláusula que establezca como requisito para los desembolsos de este grupo la existencia de un programa con el FMI. Por lo demás –continuó Acevedo– no hay ningún otro compromiso internacional amarrado y por eso, no hay ninguna prisa y no hay ningún problema si el gobierno se toma el tiempo necesario para formular ese programa, aún más cuando se supone que sea un programa que por primera vez va a apuntar a reducir la pobreza. Por esto requiere más tiempo prepararlo y un fuerte consenso del país para negociarlo”.

 

Un Programa ¿en qué contexto de país?

 

Según datos del Banco Mundial el 79.9% de la población nicaragüense sobrevive con menos de 2 dólares al día y el 45.3% lo hace con menos de 1 dólar. Nicaragua es el país de América Latina con mayor porcentaje de subnutrición después de Haití, con un 27%. La tasa de analfabetismo (sin incluir el funcional) alcanza el 24.35% frente a un promedio del 9.8% en América Latina. La tasa de culminación primaria y de escolaridad secundaria neta se encuentran por debajo del promedio de los países de menor ingreso del mundo. Mientras Nicaragua invierte apenas el equivalente al 5% del PIB percápita por estudiante de enseñanza secundaria, los países de más bajos ingresos del planeta invierten en promedio el 13% y América Latina invierte como promedio el 18%. De acuerdo a la CEPAL, más de la mitad de la población carece de acceso a los medicamentos esenciales.

 

La tasa de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos es de 96.3 y la mortalidad infantil de los niños menores de 5 años se eleva hasta 64 por cada mil nacidos vivos para el quintil más pobre de los hogares y se reduce a 19 en el quintil de ingresos más elevados (fuente MINSA).

La cobertura del abastecimiento de agua potable para el año 2004 fue del 75.8 % a nivel nacional, y en las zonas rurales es de sólo 48.5%. En cuanto a la calidad del agua, un estudio que abarcó 43 proyectos en la zona rural de Nicaragua, concluyó que el riesgo microbiológico en las viviendas es alto en términos de bacterias coniformes fecales en el 90% de las comunidades donde se hicieron análisis (fuente UNICEF y ACDI)

 

El déficit global de viviendas se estima en más de 400 mil y aumenta en unas 45 mil viviendas por año.

 

El Gasto Público Social percápita de Nicaragua en 2002-2003 fue cercano a la mitad del Gasto Social percápita de país igualmente pobres como Honduras y Bolivia (fuente CEPAL).

 

En los pasados 16 años, más de un millón de jóvenes se incorporó al mercado de trabajo con un nivel de escolaridad de dos a cinco años, muy por debajo del mínimo necesario para tener suficientes probabilidades de no verse condenados a sobrevivir los siguientes 50 años de su vida adulta bajo el umbral de la pobreza absoluta.

 

Lo que Nicaragua debe defender ante el FMI

 

Según miembros de la Coordinadora Civil (CCER), en las próximas negociaciones para acordar el V Programa con el FMI se establecerá el marco que delimitará, de manera muy estricta, los márgenes de acción que tendrán las políticas públicas para los próximos tres años. Estas negociaciones serán decisivas para determinar si Nicaragua podrá alcanzar o no el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las metas nacionales en los campos de la educación, salud, vivienda, acceso al agua potable y saneamiento y a la infraestructura básica.

 

“Los programas que requiere el país – declaró el enlace nacional Georgina Muñoz –deben de obedecer a sus necesidades y realidades. Desde esta perspectiva sentimos que en el Presupuesto General de la República no se están asignando fondos suficientes a los rubros necesarios para desarrollar ese tipo de capacidades que tenemos que impulsar en el país. Necesitamos de la cooperación internacional para impulsar un proceso de cambio y actualmente es necesario comenzar un proceso de renegociación, pero esto significa que tenemos que saber negociar con dignidad, saber defender la soberanía y hacer propuestas de programas reales que van al combate de la pobreza, pero sin comprometer nuestra soberanía”.

 

Para Acevedo Vogl “es un proceso de negociación, pero también se ha dicho que va a ser un programa que va a tener prioridades distintas. Hay que darle prioridada la educación, a la salud, al mantenimiento de los 14 mil kilómetros de caminos rurales que representan más del 60% de toda la red vial del pais, a insertar en el proceso de desarrollo a los más de 2 millones de seres humanos que viven en la zona rural y que están totalmente abandonados. Además, se ha dicho que va a ser una negociación en que no se van a aceptar los condicionamientos. Para nosotros, por ejemplo, sería inaceptable que se sentaran condicionamientos en términos de reformas a la Constitución Política. Todo acuerdo con el FMI debe partir de un respeto irrestricto e innegociable a la Constitución Política y a las Leyes de la República de Nicaragua”.

 

Frente a esta situación, la sociedad civil está demandando que el Gobierno inicie un proceso deliberativo nacional abierto y ampliamente participativo, plenamente informado, que involucre a la mayor parte de sectores nacionales, para construir un fuerte consenso nacional, con vistas a que la postura negociadora frente al FMI sea una posición de país. Pide, además, que asuma frente al FMI la representación de las necesidades e intereses de los y las nicaragüenses, y la defensa firme y decidida de sus derechos humanos indivisibles, inalienables e irrenunciables.

 

Con este fin se han presentado una serie de objetivos que tienen que asegurarse en estas negociaciones:

• Que los presupuestos nacionales orientados a educación, salud, seguridad alimentaria y nutrición, vivienda e infraestructura básica, se eleven hasta el nivel que sea necesario para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las metas nacionales.

• Que el salario de los trabajadores que prestan los servicios públicos de educación, salud y seguridad ciudadana, se eleve hasta llegar a alcanzar, en los próximos 5 años, un nivel similar al de sus homólogos centroamericanos.

• Que se utilice, como criterio para evaluar la "sostenibilidad" de la deuda pública, el cumplimiento de los ODM.

• Que se reestructure la onerosa Deuda Pública Interna, porque el servicio de la misma está estrangulando las posibilidades que tiene nuestro país de efectuar las inversiones en capital humano e infraestructura básica.

• Que se impulse una reforma tributaria que eleve la eficiencia y sobre todo alcance la progresividad del sistema tributario. Que la cooperación de la República de Venezuela apoye los esfuerzos presupuestarios requeridos para alcanzar el derecho al acceso cada vez más universal a servicios sociales y públicos.

• Que se preserve la capacidad regulatoria del Estado sobre los servicios públicos, para asegurar la calidad en su prestación, y evitar que los monopolios u oligopolios que existen puedan aprovechar su poder en perjuicio de la población.

• Que cualquier negociación sobre la Seguridad Social no se limite sólo a la viabilidad financiera a mediano y largo plazo del INSS, sino también a la necesidad de asegurar la existencia de una política integral de seguridad y protección social del Estado y como financiarla. Que cualquier negociación sobre las transferencias municipales no puede partir de aceptar a priori la exigencia de su "neutralización" y que un posible proceso de delimitación de competencias que signifique que los Municipios deban asumir mayores responsabilidades de gasto que las actuales, sea acompañado por el desembolso de los recursos adicionales correspondientes.

• Que estos acuerdos respeten estrictamente y en todas sus dimensiones la autonomía de los gobiernos municipales y de las universidades de servicio público y las asignaciones presupuestarias establecidas por mandato constitucional.

En Managua, Giorgio Trucchi © Rel-UITA 9 de febrero de 2007

 

1 Integrado por la Comisión Europea (CE), Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega, Suiza, Suecia, Reino Unido y el Banco Mundial (BM)