Un 78 por ciento de los vecinos de Buenos Aires y sus
alrededores, donde residen casi la mitad de la población
argentina, apoya que los servicios públicos sean controlados
por el Estado, de acuerdo con el sondeo de la consultora
Fara y Asociados, efectuado el mes pasado.
Un 14 por ciento de los 440 consultados defendió las
privatizaciones y el resto (8 por ciento) correspondió a los
indecisos.
Ante la pregunta sobre si el Estado prestaría ahora un mejor
servicio que las actuales empresas, un 65 por ciento
contentó afirmativamente y un 20 por ciento calificó al
sector público como ineficaz.
El encuestador Carlos Fara remarcó que el resultado de este
sondeo está en línea con otros anteriores hechos en la misma
zona y grandes ciudades del país y que muestran un creciente
apoyo popular al regreso del Estado a los servicios
públicos.
"Se da un temor en la gente a la competencia en el marco de
la globalización", explicó ara, quien sostuvo que se trata
de un fenómeno regional.
"En diciembre pasado trabajamos en Perú con grupos de
motivación (personas que expresan sus opiniones en una
sesión reservada) y nos encontramos con el mismo discurso de
un reclamo de mayor presencia del Estado", comentó al
respecto.
"Lo mismo que hubiésemos escuchado en Buenos Aires", agregó.
Según el analista, hay temor popular a una suerte de
invasión extranjera que provoque "condiciones de trabajo más
desfavorables, con menores remuneraciones y menor
continuidad laboral, aunque no sea necesariamente esa la
política de las privatizadas".
Señaló que en menos de cinco años, se ha revertido el apoyo
de los argentinos a la privatización de todas las empresas
de servicios públicos que llevó a cabo el Gobierno de Carlos
Menem (1989-1999).
Fara sostuvo que el presidente argentino, Néstor Kirchner,
ha sabido aprovechar el creciente rechazo popular a las
privatizaciones al mantener una dura posición para
renegociar los contratos de los servicios públicos, la
mayoría en manos de empresas europeas y estadounidenses.
Dijo que Kirchner pudo haber contribuido a alimentar el
apoyo de la población a que el Estado retome los servicios
públicos, pero aseguró que esto "no es su mérito exclusivo".
En noviembre de 2000, un año antes de la caída del gobierno
de Fernando de la Rúa (1999-2001), un 48 por ciento de la
población de las grandes ciudades defendía las
privatizaciones, el 36 por ciento apoyaba el regreso del
Estado y el 16 por ciento se declaraba indeciso.
En febrero de 2003, tres meses antes de la toma de posesión
de Kirchner, una encuesta similar indicó que un 65 por
ciento de la gente quería anular las privatizaciones frente
a un 26 por ciento que las defendía.
