Un país que ha hecho esfuerzos para que se le conozca por su
apego al derecho, ahora aparece como
autor de crímenes contra un pueblo
hermano.
Una nota de los periodistas Ana Esther Ceceña y
Aníbal Quijano informa que el pueblo
de Haití ha salido a las calles
para defender su vida. Y detalla: ha
manifestado su protesta porque los
alimentos básicos triplicaron su precio
desde noviembre de 2007, aumentando
dramáticamente los problemas de hambre,
desnutrición y enormes dificultades para
la satisfacción de las necesidades
elementales de la población, sin que el
gobierno haya tomado medida alguna para
tratar de evitar esa escasez o
contrarrestarla.
Las políticas neoliberales impuestas por Washington a
través de organismos internacionales han
llevado a Haití a una situación
caracterizada por la pérdida de su
soberanía alimentaria, a la destrucción
de la economía campesina y del potencial
agrícola del país.
El 45 por ciento de los niños menores de cinco años padece
desnutrición, y en el campo se han
perdido 800 mil puestos de trabajo. La
política del gobierno cumple con el
interés ajeno, exigido por el Fondo
Monetario, el Banco Mundial y demás
lineamientos determinados por Estados
Unidos.
El pueblo haitiano ha salido a protestar por la presencia y
atropellos de la llamada Misión de la
MINUSTAH, que desde junio de
2004 ocupa su territorio. Reclama la
salida de los 7.080 cascos azules que la
conforman, con los siguientes aportes:
1.211 soldados de Brasil, 1.147
de Uruguay, 562 de Argentina,
502 de Chile, 114 de Guatemala
(según cifras de diciembre de 2007).
Estas tropas son acusadas de violar los
derechos humanos con escandalosa
impunidad, en flagrante contradicción
con el mandato del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas que le ha fijado la
tarea de impulsar el respeto a los
derechos humanos y reforzar el sistema
judicial.
La propia MINUSTAH ha tenido que repatriar
recientemente a 114 soldados de Sri
Lanka por encontrarlos culpables de
abuso sexual y violaciones de mujeres y
niñas en varias regiones del país.
Paradójicamente, el presupuesto anual de esa Misión asciende
a 535 millones de dólares, cifra igual
al 9 por ciento del Producto Bruto
Interno de Haití, mientras la
población carece de lo más elemental.
A un pueblo que necesita ayuda económica con urgencia,
Naciones Unidas y sus países hermanos le
envían militares.
Actualmente la situación es de emergencia. Gases lacrimógenos
son lanzados indiscriminadamente contra
la población. Aunque el número de
muertos es incierto, se informa que tres
de ellos fueron ultimados por las
fuerzas uruguayas que integran la
MINUSTAH. Toda la repercusión en
Uruguay no ha pasado de un pedido de
informes del diputado Menéndez,
socialista, integrante del partido de
gobierno, requerimiento que el ministro
José Bayardi, titular de
Defensa Nacional, aún no ha contestado.
Pero el propio ministro ha prometido una
investigación, aunque a cargo de los
propios militares.
Los periodistas Ana Esther Ceceña y Aníbal Quijano
han planteado que los pueblos de
América Latina y el Caribe no
pueden aceptar que el dinero de los
ciudadanos sea usado para sostener
ejércitos de ocupación en países
hermanos. Haití necesita ayuda
solidaria: brigadas de alfabetización,
de salud, cooperación agrícola, y
brigadas de atención psicológica para la
población atemorizada por la actuación
de las fuerzas de la MINUSTAH.
Lo que en realidad parece lógico reclamar es el retiro de las
tropas de la MINUSTAH que ocupan
Haití y la organización de una
campaña de solidaridad continental con
la lucha del pueblo haitiano para
ayudarlo a recuperar su
autodeterminación y producir mejoras
-absolutamente impostergables- en sus
condiciones de vida.
Parece ilógico que la izquierda, que en Uruguay está
en el gobierno, no haga autocrítica. Su
bancada parlamentaria en pleno (con una
sola excepción) votó el envío de tropas.
El argumento fue que irían a contribuir
a la paz. Ahora, los legisladores que
acompañaron esa decisión, ¿no creen
necesaria una rectificación?
Los informes que se han difundido son claros: las Fuerzas
Armadas uruguayas han matado a tres
ciudadanos de Haití. ¿No es el
momento de realizar una autocrítica que
resultaría enaltecedora? ¿La actitud no
debiera ser una autocrítica rigurosa? El
Ministro de Defensa de Uruguay ha
pedido una investigación. Pero no la ha
encargado por lo menos a una
organización no sospechada de
complicidad.
