La represión generalizada de las últimas dos semanas contra el magisterio tiene también un componente selectivo, que se ha manifestado a través de repetidos y sistemáticos ataques a las organizaciones sociales.

"Nos enfrentamos a una estrategia criminal que por un lado reprime de forma generalizada en las calles del país, y por el otro, actúa de manera selectiva contra las organizaciones sociales y sus integrantes”, dijo a Sirel, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.

El pasado 30 de marzo, la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) en Tegucigalpa fue objeto de un violento y criminal ataque con bombas lacrimógenas. En la madrugada del siguiente día, desconocidos lanzaron una lluvia de piedras contra los vehículos estacionados en el parqueo del STIBYS.

“Los policías comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y la gente salió corriendo. Muchas personas buscaron refugio en nuestra sede. Todo el edificio se llenó de gases y son varias las personas que quedaron afectadas.

Yo sentí que me estaba asfixiando y que mi vida estaba peligrando. Lo que hicieron fue una barbaridad”, recordó Yolanda López, secretaria de la sede central del STIBYS.

A partir del golpe de Estado, las sedes del STIBYS y muchos de sus miembros han sido objeto de repetidos ataques.

“Hemos sufrido persecución y hostigamiento permanentes. Los cuerpos represivos del Estado y grupos paramilitares nos han atacado con artefactos explosivos, disparos, bombas lacrimógenas y lluvias de piedras.

Nuestros directivos han sufrido persecución y atentados. Lo mismo ocurre con muchas otras organizaciones sociales y sindicales comprometidas con la lucha contra el golpe.

Quieren intimidarnos y desgastarnos. Nosotros responsabilizamos a Porfirio Lobo, la oligarquía nacional y a los Estados Unidos por lo que está ocurriendo en el país”, dijo el vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce.

Comisión de Verdad

bajo ataque

En la última semana, la Comisión de Verdad (CdV), instancia que está investigando las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes, durante y después del golpe de Estado y sus responsables, ha sufrido cuatro ataques.

“Lanzaron un artefacto explosivo en el techo de nuestra oficina en San Pedro Sula y apedrearon las ventanas de la oficina en la capital.

Además, el equipo de investigadores que se encuentra en Tela fue objeto de intimidaciones por parte de militares”, dijo Thomas Loudon, secretario ejecutivo de la Comisión de Verdad.

Aún más grave fue el ataque perpetrado por seis policías vestidos de civil contra Eddy Guifarro, miembro de la CdV.

“Me atacaron mientras estaba en un taxi. Todos estaban fuertemente armados. Me apuntaron con las pistolas a la cabeza y al pecho y me golpearon salvajemente, pero pude reaccionar y logré escapar. Mientras corría me hicieron por lo menos diez disparos.

No tengo la menor duda de que querían secuestrarme y quién sabe lo hubiera pasado”, dijo Guifarro a Sirel.

Actualmente, el miembro de la CdV se encuentra escondido en un lugar seguro, recuperándose de las graves lesiones sufridas en su oído y en la cabeza, y declaró no estar dispuesto a abandonar la lucha para un verdadero cambio en el país.

 “Ahora estoy más convencido de que lo que estoy haciendo es lo correcto. En Honduras se necesitan cambios profundos y lo vamos a lograr, cueste lo que cueste”, aseveró Guifarro.

Graves atentados contra las radios comunitarias, amenazas, secuestros, así como la detención ilegal de maestros y de la dirigente garífuna Miriam Miranda son solamente algunos ejemplos más de la represión selectiva desatada en Honduras.

Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en un comunicado de prensa su preocupación por “la continuidad de prácticas violatorias a los derechos humanos en Honduras” y por el “uso desproporcionado de la fuerza pública para reprimir manifestaciones, la falta de independencia del poder judicial y la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos”.

“Todos estos hechos no son casos aislados, sino parte de un plan de terror. Estamos ante un proyecto de criminalización de la protesta social y de muerte. Quieren desarticularnos con ataques que conllevan un alto grado de cinismo e impunidad”, concluyó Bertha Oliva.