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A las 21:30 de ayer, jueves 20, el juez
de la Sala de Juicios Orales de
Tegucigalpa emitió una sentencia en el
caso de las 24 personas que el pasado 12
de agosto fueron detenidas y brutalmente
golpeadas, durante la represión desatada
por la Policía y el Ejército hondureño
en las cercanías del Congreso. El juez,
sin embargo, omitió iniciar una
investigación sobre las denuncias de
torturas infligidas por la Policía.
Después de 72 horas, la audiencia
inicial concluyó con el sobreseimiento
de 18 personas que ya fueron puestas en
libertad, y la aplicación de leves
medidas cautelares contra las restantes
seis personas por el delito de
participación en manifestación ilícita,
sólo por el hecho de aparecer en algunos
vídeos mientras eran detenidos por la
Policía.
A estas personas se les impuso la
obligación de presentarse todos los
viernes en el tribunal y la prohibición
de participar en manifestaciones
violentas. La defensa apelará esta
resolución del juez.
Gracias a las contundentes pruebas
presentadas por el equipo de abogados
del Frente Nacional Contra el Golpe
de Estado decayeron casi todas las
graves y absurdas acusaciones
presentadas por el Ministerio Público,
aunque no fue aceptada la demanda de
nulidad presentada por los abogados, por
las evidentes ilegalidades cometidas por
la Policía y la Fiscalía.
“Creo que la población que está en
resistencia debe celebrar este resultado
porque las 24 personas están en
libertad, aunque a seis de ellas se les
aplicará medidas cautelares como
instrumento del sistema judicial y del
gobierno dictatorial y usurpador, para
seguir mostrando sus garras y su
ejercicio ilegítimo de la violencia
–dijo el abogado defensor Víctor
Fernández en las afueras de la Corte
Suprema de Justicia–.
Un elemento importante que reflejó esta
audiencia son los macabros
comportamientos de la Policía que
torturó física y psicológicamente a las
personas. Como el Ministerio Público
tuvo un papel tolerante con estas
violaciones de los derechos
fundamentales de los detenidos, pedimos
al juez que solicite a la Fiscalía el
inicio de un proceso de investigación.
Lamentablemente –continuó Fernández–,
en su resolución el juez no hizo ninguna
alusión a eso y ésta es la prueba de que
se trataba de un juicio eminentemente
político, que pone en duda la
independencia del sistema judicial”,
concluyó.
El equipo de abogados aseguró que
acudirá a las respectivas instancias
para que los torturadores sean sometidos
a un proceso penal.
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