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Juicio por el incendio en el Ykuá
Bolaños
Un fallo que volvió a calcinar a los muertos
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Aquella mañana soleada del domingo 1 de
agosto de 2004, cuando estalló el voraz
incendio, Liz Torres, dirigente de la
Asociación de Víctimas, estaba dentro
del supermercado Ykuá Bolaños junto a su
esposo. Ambos pudieron salvarse, aunque
ella quedó con secuelas de graves
quemaduras en las manos y otras partes
del cuerpo. “Con este fallo, el Tribunal
volvió a calcinar a nuestros muertos”,
fue la expresión desgarradora de Liz al
recordar a las 367 víctimas de la
tragedia civil más terrible ocurrida en
Paraguay.
El pasado martes 5 de diciembre será otra fecha que no podrán
olvidar los sobrevivientes y familiares
de las víctimas del siniestro que Ykuá
Bolaños, después de aquel trágico 1 de
agosto de 2004, en que 367 personas
murieron calcinadas dentro del
supermercado. La causa del incendio fue
la explosión de la chimenea del patio de
comidas. Centenares de personas no
pudieron escapar porque el accionista
principal de la firma, Juan Pío Paiva, y
su hijo, Víctor Daniel, ordenaron a los
guardias bloquear todas las puertas del
supermercado para evitar posibles
saqueos, sabiendo de que en el interior
había más de 800 personas.
A las 10 de la
mañana del calurosísimo martes 5 -más de 38 grados a la sombra-, uno
a uno los miembros del Tribunal de Sentencia fueron dando lectura al
veredicto. Luego de cuatro meses de un juicio desarrollado en el
polideportivo de las Fuerzas Armadas, los sobrevivientes y
familiares soportaron sentados en las graderías durante cuatro horas
a que los jueces presentaran la sentencia. La Fiscalía y la defensa
pedían penas de hasta 25 años de prisión para los procesados por la
muerte de las cerca de 400 víctimas, pero para otorgar esa condena
los jueces deberían haber calificado el hecho como “homicidio
doloso”, esto es, entender que los responsables tuvieron intención
de cerrar las puertas del local a pesar de ser conscientes de que
esta orden podía ocasionar la muerte de muchas personas, como
efectivamente sucedió.
Sólo la presidenta del Tribunal, María
Dody Báez, afirmó que las evidencias
presentadas en el juicio proporcionan la
certeza de que las puertas del local
estuvieron efectivamente cerradas
durante el siniestro, por lo que
calificó el hecho como “homicidio doloso
agravado”. La jueza basó su sentencia en
que Juan Pío Paiva, el principal
accionista de la cadena de supermercados
Ykuá Bolaños, estaba al tanto de todo lo
que ocurría dentro del local comercial y
era quien daba las órdenes que debían
cumplirse al pie de la letra, según el
testimonio brindado por los empleados de
la firma.
Además, afirmó que Víctor Daniel Paiva,
en su carácter de hijo del dueño,
también cumplía a cabalidad los
estrictos mandatos de su padre. Báez
señaló también que el guardia del
supermercado, Daniel Areco, procesado
por cerrar las puertas, fue obediente al
cumplir con la orden preestablecida por
su patrón. Finalmente, la presidenta del
Tribunal sostuvo que la
irresponsabilidad de los directivos del
supermercado quedó evidenciada cuando se
comprobó la falta de mantenimiento de
las instalaciones, que finalmente fue lo
que provocó el mortal incendio. Sin
embargo, la opinión de María Báez no fue
acompañada por los otros dos miembros
del Tribunal, Manuel Aguirre y Elio
Ovelar, quienes casi sin justificar la
sentencia, calificaron el hecho de
“homicidio culposo”, con una pena de tan
sólo cinco años de cárcel para los tres
procesados.
Una
tarde oscura
Cuando promediaba la tarde, y antes de que el último juez
terminara de leer su fallo, los
sobrevivientes y familiares de las
víctimas que esperaron sentados durante
horas el veredicto comenzaron a
manifestar su repudio a la sentencia de
homicidio culposo atacando a los
miembros del jurado. Sillas que volaban
por los aires, gritos e insultos a los
jueces, agresiones contra los miembros
de seguridad del Tribunal y los
efectivos de la Policía Nacional
denotaban la furia, la ira y la
decepción de los sobrevivientes y los
familiares ante la sentencia dictada.
Esta ira se trasladó posteriormente a las calles de Asunción,
cuando los familiares se reagruparon y
marcharon hasta el local número 1 de la
cadena de supermercados Ykuá Bolaños, el
mismo edificio en cuya parte superior
reside la familia Paiva, que queda a
unas cuantas cuadras del improvisado
Tribunal. Los incidentes entre
manifestantes y la Policía se
extendieron por cerca de cinco horas y
dejaron como saldo 75 detenidos y 60
heridos, algunos de gravedad. La mayoría
de los manifestantes lesionados
sufrieron fracturas de distintos tipos y
heridas con balas de goma. Algunos de
los jóvenes que participaron en la
protesta lograron ingresar al local del
supermercado, de donde extrajeron
mercaderías como harina en costales,
cortes de carne y productos diversos,
que posteriormente fueron lanzados a la
calle. Igualmente, los enardecidos
participantes de la manifestación
quemaron dos automóviles y una caseta
policial que se encontraba en los
alrededores, en señal de furia y duelo
por el fallo.
A pesar de que los efectivos policiales tenían la expresa
orden de no reaccionar contra los
manifestantes, la acción represiva
resultó terriblemente violenta dejando
como saldo un tendal de heridos y
contusos, y muchos detenidos.
¿Qué
pasará con el fallo?
El debate sobre la sentencia dictada por
el Tribunal se instaló en todos los
ámbitos de la sociedad paraguaya, que
repudió masivamente el fallo de los
jueces. Hasta el propio Presidente de la
República, Nicanor Duarte Frutos,
solicitó a la Corte Suprema de Justicia
que se revea la sentencia, por
considerarla injusta y no ajustada a la
gravedad del delito que cometieron los
Paiva. Duarte Frutos había sido uno de
los testigos llamados a declarar por el
Tribunal durante el juicio. En la
audiencia, el primer mandatario declaró
que según las manifestaciones que él
pudo recoger de las victimas que
posteriormente fallecieron y de los
sobrevivientes con quienes habló aquel
aciago 1 de agosto por la tarde, las
puertas del supermercado estaban
cerradas. Nicanor solicitó que se
anulara el fallo y se diera paso al
inicio de un nuevo proceso judicial. Sin
embargo, ante esta propuesta algunos
destacados juristas paraguayos indicaron
que la solicitud del mandatario no
resulta viable pues la sentencia del
Tribunal ya fue dictada y no puede ser
modificada, por lo que el proceso normal
a seguir sería apelar el veredicto, lo
que implicaría otros dos años más de
trámites judiciales para llegar a un
fallo definitivo.
“Jueces
vendidos”
Una vez más, la sospecha de haber cobrado jugosas coimas
-estimadas hasta en 300 mil dólares-
pesan sobre los jueces paraguayos, esta
vez Manuel Aguirre y Elio Ovelar,
quienes dictaminaron a favor de los
Paiva. Esto implica que en poco tiempo
más los Paiva podrían salir libres al
cumplirse la mitad de la condena,
teniendo en cuenta que se encuentran
recluidos desde hace más de dos años.
Las asociaciones que agrupan a los
sobrevivientes y familiares de las
víctimas, así como el fiscal que lleva
el caso Ykuá Bolaños, Edgar Sánchez,
venían denunciando desde hacía días de
la filtración de una información que
indicaba que los Paiva habían pagado
unos 300 mil dólares a los jueces para
que dictaran la menor pena posible. La
denuncia fue inclusive radicada ante la
Fiscalía General del Estado por el
fiscal Sánchez, pero a pesar de eso, los
jueces no fueron recusados por esta
instancia antes de que dieran a conocer
el fallo. Este hecho reafirma las serias
sospechas de los familiares de las
víctimas sobre las innumerables
irregularidades y actos de corrupción
que minaron el proceso judicial desde el
principio.
Por eso, luego de que los jueces cuestionados dieran a
conocer su fallo, los familiares
reaccionaron con indignación y
frustración. A pesar de las opiniones
encontradas sobre si corresponde o no
anular el fallo, el juicio se encuentra
de momento interrumpido hasta tanto la
presidenta del Tribunal de Sentencia,
María Dody Báez, resuelva sobre el
pedido de recusación de los jueces
Aguirre y Ovelar solicitado a últimas
horas del pasado martes 5 por el abogado
de la querella, Alejandro Nissen, y la
Fiscalía. Mientras tanto, prosiguen los
“escraches” frente a las casas de ambos
jueces, como una forma de descargar la
bronca por el fallo que favoreció a los
Paiva y hundió aún más en la
desesperanza a los sobrevivientes y
familiares de las víctimas.
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En
Asunción,
Rosalía
Ciciolli
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Rel-UITA
8 de diciembre de 2006 |
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Foto:
26noticias.com.ar
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