Estados Unidos

Diversas organizaciones y activistas latinos de California organizan un boicot para presionar a la nueva administración republicana.

FRESNO, California - El nuevo gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, cumplió una de sus promesas electorales de derogar la controversial ley conocida como SB60, que daría la oportunidad a los inmigrantes indocumentados de obtener su licencia de conducir. La SB60 fue aprobada en plena campaña de destitución del ex-gobernador demócrata, Gray Davis y fue visto como una maniobra desesperada para lograr el voto latino. Antes había vetado dicha propuesta de ley.

Pero Davis fue destituido y el republicano Schwarzenegger  es ahora el nuevo gobernador. Su campaña alimentó los viejos prejuicios anti-inmigrantes y la SB60 fue el objetivo a destruir. Schwarzenegger, aparentemente, logró un rápido éxito en la revocación de esta ley gracias a un acuerdo con los legisladores demócratas, quienes son mayoría. Ese acuerdo implicaría una nueva ley sobre las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados pero con varias restricciones. Debido al clima político en California y a la amenaza de la derecha de realizar un referéndum popular sobre el tema de las licencias, los demócratas aceptaron la negociación.

A pesar de que los latinos representan casi la tercera parte en California, su poder electoral es de sólo el 12 por ciento. “El poder que sí podemos demostrar es el económico y por esto estamos convocando a un boicot económico el próximo 12 de diciembre”, dijo Nativo López, director de Hermandad Mexicana Nacional con sede en Los Ángeles e integrante de Mexican American Political Association (MAPA).

López busca enviar un claro mensaje al gobernador y a la derecha que lo apoya: la batalla recién empieza y pelearemos palmo a palmo cada vez que nos ataquen. López visitó el Valle Central buscando ampliar la alianza de organizaciones y activistas para implementar el boicot, que pide a los latinos no comprar nada, no enviar dinero a sus familias, no comprar gasolina ni hacer llamadas de larga distancia, no ir a trabajar ni llevar a los niños a la escuela, ni siquiera ir a restaurantes.

Después de una reunión en Fresno con varias organizaciones de base, el martes 3 de diciembre, explicaron los planes del boicot. “Nuestra gente siempre ha vivido bajo el terror y las amenazas”, dijo Nativo López. “Durante 10 años confiscaron carros, arrestaron gente, la multaron y hasta deportaron porque no tenían licencias”. En 1994, también bajo un asfixiante clima anti-inmigrante implementado por los republicanos, se pasó una ley estatal por la cual se les negó la posibilidad de obtener licencias de conducir a los indocumentados.

Para una sociedad dependiente del transporte individual, esto equivale a limitar severamente a ese segmento de la población que se estima en unos dos millones. Las mismas fuerzas del orden prefieren que los conductores tengan licencias pues esto exige pasar pruebas de manejo y tener un seguro vehicular. Graves pérdidas económicas a causa de accidentes pudieran evitarse si los involucrados tuvieran seguros. Pero el tema de la licencia se politizó y la derecha lo agita cada vez que hay elecciones.

”Hay que golpear donde más les duele, las escuelas pierden dinero si los niños no asisten a clases”, dijo el maestro Juan Abeytia. “Estamos haciendo una campaña de firmas en apoyo a la SB60 para enviarlas a los políticos”, dijo Gloria Avendaño, representante del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB).

”Nuestra gente necesita la licencia para trabajar (en esta sociedad) la licencia es un derecho”, dijo Noé Hernández, activista de la ciudad de Sanger. Otros activistas puntualizaron que los abusos de las autoridades que detienen y arrestan conductores sin licencias, les quitan sus vehículos o les imponen altas multas, tienen el objetivo de “recaudar dinero para las ciudades con sus economías en bancarrota” y señalan que los trabajadores inmigrantes siempre pagan y se criminaliza su condición de residencia.

”Estamos cansados de tantos abusos simplemente porque la gente no tiene residencia legal”, dijo Nativo López. Numerosos analistas coinciden en que mantener a millones de inmigrantes en condición de “indocumentados” es un gran negocio para la economía de los Estados Unidos: se les paga menos por su trabajo, no tienen seguro de salud, pagan impuestos pero no reciben beneficios del seguro social y pagan multas o pierden sus vehículos en caso de que se los sorprenda manejando sin licencias. Negocio redondo.

Los organizadores del boicot afirmaron que seleccionaron la fecha del viernes 12 de diciembre por ser el Día de la Virgen de Guadalupe, adorada por los mexicanos. “Es un día ideal para quedarse en casa y reflexionar”, concluyó Nativo López.

Eduardo Stanley

8 de diciembre de 2003