España

El Gobierno del PP tiene en su punto de mira los salarios y eso a pesar de que en nuestro país el nivel salarial medio es muy bajo: menos del 70% de la media de los países de la UE. Para curar la inflación el Gobierno receta para los trabajadores bajos salarios y no aplica el tratamiento adecuado: no establece medidas eficaces en los sectores más inflacionistas ni evita que muchos empresarios continúen cosechando abultados márgenes de beneficio que lastran la competitividad de nuestra economía. Una economía que no ha crecido por la política económica del Gobierno sino más bien por factores ajenos y en muchos casos irrepetibles y por el largo periodo de moderación salarial que se ha practicado.

Las erróneas e intencionadas previsiones de inflación que realiza, año tras año, obedecen a esta premisa. El resultado es que los perceptores del SMI y los trabajadores que tienen como referencia este salario han perdido, desde 1996, 4,9 puntos de poder adquisitivo, mientras que las retribuciones de convenio han ganado 3,2 puntos porcentuales y el salario medio, 2,5 puntos, un crecimiento moderado que ha beneficiado a nuestra economía y que ha sido posible gracias a la negociación colectiva. El Gobierno del Partido Popular intentó imponer hace dos años una reforma de la negociación colectiva de manera regresiva, limitando el papel y la autonomía de sindicatos y empresarios e imponiendo la individualización. Su objetivo era debilitar el carácter democrático de las relaciones laborales pero los agentes sociales respondieron con una propuesta que supuso una señal de confianza para contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo y suscribieron el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para 2002 (este año se ha prorrogado para 2004 el Acuerdo de Negociación Colectiva 2003).

No es cierto que exista rigidez salarial derivada de la negociación colectiva. Los que defienden esto sólo pretenden debilitar el papel regulador y protector de la negociación colectiva y su sustitución por la individualización. Frente a esto UGT defiende que los problemas a resolver dentro de la negociación colectiva son: la desvertebración, la atomización de convenios, los vacíos de cobertura, la insuficiente articulación y la limitación de recursos sindicales para proteger más y mejor los derechos de los trabajadores.

Los salarios no son los culpables de la inflación como nos quieren hacer ver. Así los costes salariales unitarios se sitúan, año tras año, por debajo del nivel de inflación y los crecimientos reales de salarios no son tampoco superiores a los que se registran en la media de la zona euro. La inflación en España se produce, sobre todo, por el incremento desproporcionado de beneficios empresariales.

En el gráfico siguiente se constata que el crecimiento del coste salarial por persona ha sido en los últimos cinco años inferior al de los precios del conjunto de la economía española (deflactor del PIB), aunque la moderación de los salarios ha sido compatible con la mejora del poder adquisitivo porque los crecimientos salariales han sido superiores al IPC.

Es decir, la inflación española, medida adecuadamente (a través de los precios de toda la economía y no sólo de un grupo de artículos que componen el IPC) no está causada por los salarios, sino por los beneficios empresariales, en especial de determinadas actividades productivas.

Se observa en el gráfico que los precios han crecido entre 1998 y 2003 un 21%, los salarios un 18%, y los beneficios empresariales en el conjunto de actividades de servicios privados nada menos que un 36% y sólo hasta 2002 (no están disponibles aún los datos para 2003). Esta espectacular expansión de los beneficios empresariales se ha apoyado en la elevación de los precios de estos sectores, lo que a su vez ha elevado la inflación total de la economía y ampliado el diferencial de inflación con la UE.

El diferencial de inflación (que se ha ampliado en el último trienio de manera importante con respecto a los países de la UE y la zona euro) se debe más bien a comportamientos empresariales persistentes y miopes (elevan beneficios desproporcionadamente sin atender a las negativas consecuencias que esto conlleva para el futuro del nuestra economía) y al fracaso de la política antiinflacionista del Gobierno (inmerso en una alocada carrera de liberalizaciones que no esta obteniendo ningún resultado e incapaz de adoptar reformas estructurales adecuadas en múltiples sectores inflacionistas, como el de servicios).

Así, mientras los crecimientos salariales son similares en todos los sectores, los incrementos de precios no lo son.

La obsesión del Gobierno por los salarios obedece a un modelo económico fracasado que se basa en que nuestro país compita en base a costes laborales (precariedad y bajos salarios ), beneficiando a los que más tienen en detrimento de las rentas del trabajo y eso a pesar de que éstas han favorecido el crecimiento económico. Un crecimiento que no se debe a la política económica que ha practicado el Ejecutivo del Partido Popular, sino más bien a un grupo de factores irrepetibles: las devaluaciones de la peseta de 1992-1993 y el favorable tipo de cambio con el que se incorporó al euro y porque las condiciones de la política monetaria común han sido excepcionales para la economía española (así, se ha beneficiado de una reducción de tipos de interés hasta niveles extraordinariamente bajos llegando a ser inferiores incluso a la inflación).

Por tanto, el largo período de moderación salarial ha contribuido a impulsar el crecimiento económico. Una moderación no incompatible con la mejora del poder adquisitivo real de los salarios. Una simple comparación con cualquiera de los períodos anteriores permite constatar cómo en éste se han registrado los incrementos nominales de salarios más bajos conocidos por la economía española.

Por todo ello, UGT reclama que se corrijan los bajos salarios. En este sentido, demanda elevar el SMI a una cuantía de 600 euros mensuales que equivalen al 60% del salario medio neto que recomienda la Carta Social Europea (estableciendo un sistema de revisión operativo y no discrecional) para el Gobierno de turno y articular medidas que aseguren el cumplimiento efectivo de los convenios.

UGT

Convenio: La Insignia / Rel-UITA

26 de febrero de 2004