El gobierno de Nicaragua no ha todavía definido su posición frente a las futuras negociaciones para alcanzar la firma de un nuevo Programa Económico con el FMI, no obstante, la Comisión interinstitucional que se ha conformado para analizar el tema dio a entender que el objetivo es llegar a prescindir de estos programas.

 

Según el Ministro de Hacienda, Alberto Guevara, se pretende plantear un programa que ayude en el menor tiempo posible a salir de la dependencia de esos programas con el FMI. Tesis fortalecida por las declaraciones del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, quien afirmó que “lo que se quiere es un programa acorde con las necesidades de la nación y que tenga un impacto real en los sectores más empobrecidos del país, pero sin descuidar los otros ámbitos de la esfera económica, como la inversión y los empleos. Tenemos que apuntar a que, en algún momento de nuestro desarrollo, no tengamos la necesidad de un programa para mantener una relación con la comunidad internacional”.

 

El mismo presidente Daniel Ortega, durante las reuniones que sostuvo con altos directivos de la Unión Europea y del Banco Mundial, declaró que Nicaragua no está esperando que el FMI presente su propuesta de programa, sino que el gobierno ya está trabajando una, que hará énfasis en lo social y en el combate a la pobreza. “Nicaragua lleva 16 años trabajando con los organismos financieros internacionales y los resultados no son los esperados. Se prometió que controlando la inflación, el déficit fiscal, logrando un crecimiento económico, se iba a generar empleo para combatir la pobreza. En la práctica, lo que creció fue la pobreza extrema y el analfabetismo. Éstas son fórmulas que no dan resultado, más que enriquecer a unos pocos y empobrecer a la mayoría. Vamos a tratar con el FMI, retomando nuestros principios de soberanía alimentaria y social del pueblo nicaragüense, sabiendo que un acuerdo con este organismo no es la solución, sino un elemento que puede contribuir a encontrar la solución”.

 

Estas posiciones y las primeras medidas de carácter político, económico y social adoptadas por el nuevo gobierno fueron analizadas por la Coordinadora Civil (CCER), la cual presentó su posicionamiento acerca del contexto nacional. Según Mario Quintana, enlace nacional de la CCER “los distintos grupos y organizaciones afiliadas a la Coordinadora Civil van a desarrollar una auditoria social para establecer un sistema de alerta temprana. Esto va a significar el monitoreo constante y permanente del accionar de las nuevas autoridades electas y ya hemos comenzado a valorar las primeras acciones del gobierno”.

 

El pronunciamiento traza un análisis de la dramática situación en que se encuentra el país como herencia “de la incapacidad de los gobiernos, falta de transparencia en el manejo de lo público, corrupción directa y encubierta, exoneraciones de impuestos al gran capital y concentración de la riqueza en pocas manos”. Además se enfoca el tema de la ausencia de un estado de derecho y de institucionalidad “que sólo han respondido a grupos económicos, religiosos, partidos políticos y a las imposiciones de organismos financieros internacionales”.

 

Como primera evaluación del nuevo gobierno y en el marco de respaldar lo que vaya en beneficio del país y de la ciudadanía y de criticar abiertamente lo que va en contra de ello, la CCER valoró positivamente la reducción en un 50 por ciento de los salarios de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo al mismo presidente de la República que, a partir del mes de febrero, ganará 3,200 dólares mensuales.

 

Según Georgina Muñoz, enlace nacional de la CCER “la reducción de los salarios de los funcionarios públicos es una demanda histórica de la población en general y la aplaudimos. Pedimos también que los otros poderes del Estado se sumen a esta medida y que se apruebe una ley que norme esta materia en función de los intereses de la nación”.

 

Hubo también una valoración positiva de las medidas para restablecer la gratuidad y el libre acceso a la educación y salud y para las denuncias de los actos de corrupción que ocurrieron en la pasada administración, pidiendo que se investiguen y se castiguen a los culpables.

 

Las negociaciones con el FMI

 

Un tema muy sensible que se tocó fue lo relacionado a las negociaciones con los organismos financieros internacionales, valorando como positivo “el interés y seriedad que el actual gobierno ha mostrado ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional”. Georgina Muñoz recordó que “la Coordinadora Civil estuvo en dialogo permanente con el representante del FMI. Expresamos nuestra posición de que hay logros macroeconómicos en cuanto al control de la inflación, al crecimiento del PIB, al crecimiento económico en general, pero que estos resultados no repercuten en la microeconomía del país y la pobreza sigue galopando. ¿Cómo es posible tener un 30 por ciento de crecimiento en inversión y no lograr reducir la pobreza? El motivo es evidente, porque toda esta inversión va a la esfera comercial, a la esfera de las finanzas, a la construcción, a las maquilas, para productos suntuosos de exportación. Todavía son las remesas familiares que llegan desde el exterior a tener un gran peso en la economía de los nicaragüenses. El nuevo programa con el FMI debe de contemplar enfoques de desarrollo e integración a estos sectores que han sido excluidos de la economía nacional”.

 

A la pregunta de que si se podía imaginar a una Nicaragua independiente y desvinculada de estos programas económicos, los miembros de la CCER dijeron a SIREL que “en este momento Nicaragua no está en las condiciones de prescindir de los financiamientos del FMI, del Banco Mundial, del BID y de la cooperación internacional en general. Por lo menos el 30 por ciento del Presupuesto General de la República (PGR) y casi el 80 por ciento de la inversión pública son financiados por la cooperación internacional. Lo que sí quisiéramos conocer es la propuesta del programa económico del gobierno, para ver si ésta se corresponde con la inversión social que consideramos deba existir. Las relaciones con estos organismos deben de continuar, pero en otras condiciones. La situación es grave y por esto la negociación con el FMI hay que hacerla con propuestas realistas, con capacidad de negociación y de administrar programas que realmente enfrenten los problemas de la pobreza y que sean más incluyentes. Pedimos al gobierno – concluyó la CCER – que informe a la ciudadanía su propuesta de programa económico y que las negociaciones con los organismos financieros internacionales sean públicas y no secretos de Estado, como en el pasado. Las políticas económicas deben de priorizar el ámbito social, porque hay una deuda social acumulada en el país. No se puede seguir priorizando al sistema financiero, a los banqueros, pagándoles con partes importantes del presupuesto de la República, mientras la ciudadanía está con este déficit de carácter social”.

 

Preocupaciones y propuestas

 

El posicionamiento de la Coordinadora Civil tocó también aspectos considerados preocupantes y que tienen que ver con la fragilidad de la institucionalidad democrática del país, en cuanto a una serie de reformas a leyes que abarcan la reestructuración de la organización, competencia y los procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290) y que la Coordinadora considera como “una tendencia a concentrar el poder y las decisiones desde los entes gubernamentales”. Se pide conocer en detalle los convenios y acuerdos comerciales firmados con Venezuela e Irán, que se reestructure la Deuda Interna y se impulse una reforma tributaria que eleve la progresividad del sistema tributario, liberando recursos para invertir en el combate a la pobreza.

 

Además, se enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la consulta y toma de decisiones en las políticas públicas, con la aplicación de leyes ya existentes y la aprobación de otras leyes que todavía están en discusión en la Asamblea Nacional (Ley de Acceso a la Información Pública). A propósito de eso, Mario Quintana dijo que “tener acceso a la información pública y promover la participación ciudadana son necesidades imprescindibles para un país. Es indispensable y no es una alternativa, para mantener la transparencia y la vigilancia sobre el trabajo de las instituciones y también porque ningún gobierno puede resolver, solo, todos los problemas del país. La aprobación de la reforma a la Ley 290 no se hizo de conformidad a como está establecido en el proceso de formación de una ley, porque no hubo participación de la ciudadanía que puede salir afectada”.

En Managua, Giorgio Trucchi © Rel-UITA 6 de febrero de 2007