Uruguay

De cada dos niños que nacen en Uruguay uno llega a un hogar pobre. La estadística revela una tendencia más alarmante aún: en el próximo lustro seis de cada diez niños nacerán en hogares con carencias críticas. Actualmente, cada diez pobres uno es indigente: no puede alimentarse en forma adecuada ni aún en el caso de que disponga de todos sus ingresos exclusivamente para ese fin. Y el porcentaje crece. El aumento acelerado de la pobreza en Uruguay es una realidad que ningún indicador estadístico puede desmentir.

El hambre se expande

Para el mundo de la información y para algunos técnicos la incidencia de la pobreza en un país dependerá de los indicadores que se tomen en cuenta y de los parámetros que utilicen quienes elaboran las estadísticas. Pero difícilmente un número podrá representar lo que significa para un ser humano tener que vivir sin agua potable o sin energía eléctrica, no tener un techo donde cobijarse o una cama donde dormir, no poder comprender el mundo que lo rodea por falta de educación, vivir con la angustia de no conseguir empleo, con el miedo a perder la casa en una inundación o por no poder pagar el arriendo, o con la desesperanza de saber que si se enferma no accederá a ningún tipo de atención médica. Peor aún: ningún número podrá jamás representar el hambre, ese “gusanito que carcome la paciencia”, según definiera hace algún tiempo un cantautor popular rioplatense.

La imposibilidad de satisfacer alguna de esas necesidades básicas hace que una persona pueda ser clasificada como pobre, según las definiciones clásicas. Ocurre que en el mundo hay muchos pobres, los hay muchísimos en América Latina y los hay cada vez más en Uruguay. Los que diseñan las estadísticas hablan de dos tipos de pobreza: quienes tienen suficiente ingreso como para no pasar hambre pero no pueden satisfacer al menos una necesidad básica en materia de alojamiento, salud, educación, transporte, esparcimiento, agua potable, saneamiento, energía eléctrica, gas o calefacción, son pobres. Aquellos que perciben ingresos inferiores a un dólar diario y que, por tanto, ni siquiera acceden al monto mensual necesario para procurarse el sustento mínimo mediante la adquisición de una canasta básica de alimentos (CBA¹), son pobres extremos. En otras palabras: los que pasan hambre son indigentes. Se habla entonces de una línea de indigencia y de una línea de pobreza. En los últimos cinco años miles y miles de uruguayos han caído debajo de ambas líneas.

Si bien Uruguay se diferenció siempre de la mayoría de los países del continente por contar con un grado ligeramente superior de desarrollo social, en el último lustro se destacó del resto precisamente por lo contrario: junto con Argentina fue el país latinoamericano donde los índices de pobreza crecieron con mayor celeridad. Así lo revela el último informe de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El Sexenio perdido

Un avance del “Panorama Social de América Latina 2002-2003” que la CEPAL elabora en forma periódica fue dado a conocer en Santiago, capital de Chile, el pasado 25 de agosto. Entre otros datos el informe destacó que en los últimos cinco años los índices de pobreza en el continente se mantuvieron relativamente estables -lo cual revela el fracaso de las políticas contra la pobreza ensayadas por los organismos internacionales-, excepto en los casos de Uruguay y Argentina, en donde se registraron “serios deterioros en las condiciones de vida”.

La CEPAL afirma que los niveles de pobreza en Latinoamérica y el Caribe están “estancados” desde 1997 y reconoce que los resultados de los esfuerzos realizados para reducirla “han sido desalentadores”. Tan pobres han sido los resultados de las políticas aplicadas que el informe define al período 1997-2003 como “el sexenio perdido”.

A fines de la década pasada 55 millones de latinoamericanos padecían algún grado de subnutrición, pero en menos de cuatro años los indigentes casi se duplicaron, pasando a ser 95 millones (el 18,8% de la población). En el año 2002, según la CEPAL, el número de latinoamericanos que vivía en la pobreza llegó a los 220 millones, esto es: el 43,4% del total. En otras palabras: uno de cada dos latinoamericanos es pobre y uno de cada cinco se subalimenta.

En Uruguay el porcentaje de personas que vive por debajo de la línea de pobreza trepó vertiginosamente del 15% al 24%, según datos de la última Encuesta Continua de Hogares (ECH) practicada en 2002 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la misma fuente: el 47% de los menores de 6 años vive en condiciones de pobreza, mientras que el índice de indigencia prácticamente se duplicó en el último año, pasando del 1.1% al 2.1%. Según la CEPAL esa tasa es del 2,5%. Esto quiere decir que hay más de 90 mil uruguayos que no tienen ni para comer.

En un capítulo especial dedicado al tema del hambre, realizado en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CEPAL estima que alrededor del 9% de la población infantil latinoamericana menor de 5 años sufre desnutrición aguda (bajo peso) y que cerca del 20% padece desnutrición crónica (baja talla en relación con la edad). Esta última “reviste especial gravedad por lo irreversible de sus efectos negativos”.

Uruguay, en particular, padece un agudo proceso de infantilización de la pobreza: actualmente más de la mitad de los niños (51%, según datos censales de 1996) nace en un hogar pobre, es decir: con alguna necesidad básica que no puede satisfacer.

Según el INE, en el año 2002 “la brecha de pobreza se ubica en alrededor de un 30%. Esto es: el ingreso de los hogares pobres es alrededor de un 30% menor de lo necesario para que el hogar cubra sus necesidades sin experimentar privaciones”.

Infantilización de la pobreza

Pese a lo alarmante de las cifras oficiales otros estudios señalan que en el caso de Uruguay los índices de pobreza e indigencia son en realidad bastante más elevados. Incluso hay quienes acusan al gobierno de ocultar y/o manipular intencionadamente las cifras. Ya en 1996 cerca del 40% de los uruguayos estaba en situación de pobreza, según un estudio realizado por el demógrafo Juan José Calvo para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. “Las Necesidades Básicas Insatisfechas en Uruguay”, trabajo realizado con base a los datos censales de 1996, el profesional concluyó que “son más de 1.200.000 las personas con al menos una carencia crítica, esto es el 38,7% de la población total del país en 1996”.

Calvo sostuvo que “la precaria situación de la población infantil hipoteca sus capacidades futuras, en tanto el deterioro de sus condiciones de vida inhibe el normal desarrollo de sus capacidades sicofísicas, aumentando la desigualdad de oportunidades. Las carencias en las condiciones de infraestructura y servicios básicos repercuten en la esperanza de vida en buena salud, en el rendimiento escolar y en las condiciones con que enfrentarán en el futuro el mercado laboral. Desde un punto de vista macrosocial implica un deterioro importante del capital humano del país”.

Pero la situación ha empeorado ostensiblemente desde entonces: el país ha sido sacudido por un explosivo y acelerado proceso de empobrecimiento y exclusión social, en el cual el deterioro de la cantidad y la calidad del empleo, el aumento de la desocupación, la caída del salario real, el déficit educativo y las crisis en los sistemas público y privado de atención de salud han sido, entre otros factores, sus emergentes más visibles, por lo que es razonable suponer que los indicadores de pobreza se han disparado respecto de las cifras manejadas en 1996.

Además de las causas externas, a las que algunos apelan para minimizar la responsabilidad del gobierno, otros factores concomitantes están relacionados con la apertura económica, el proceso de desindustrialización del país, la política desestatizadora, el deterioro de los términos de intercambio, el quiebre del tipo de cambio ocurrido en junio de 2002 y la consecuente desvalorización monetaria, la crisis bancaria, la hiperinflación del pasado año, la pérdida de reservas internacionales, la contracción del consumo interno y la reducción a su mínima expresión de las políticas sociales ejecutadas por el Estado.

La poderosa corriente emigratoria de los últimos años, si bien funge socialmente como válvula de escape, no ha podido ni puede disimular el agudo proceso de pauperización. Por el contrario, este ha sido el principal motor de aquella.

Mirando por la ventana

Según las previsiones de la CEPAL, a finales de 2003, y por quinto año consecutivo, el producto interno bruto uruguayo (PIB) registrará una caída de 2,5 puntos respecto del año anterior, en el cual la caída había sido de 10,7. El salario real, por su parte, habrá perdido el 19,3% del poder adquisitivo que tenía en 1995, año en el que ya era 43% inferior al salario real de 1970².

La desocupación crecerá promedialmente del 15,5% al 17%, pero en el 30% de los hogares pobres habrá uno o más de un desempleado³. La balanza comercial volverá a ser deficitaria, pues el pago de intereses de la deuda externa absorberá el modesto superávit que arrojaría el resultado primario de un nivel exportador superior al importador.

La desfavorable evolución de los precios de los bienes exportados entre 1998 y 2002, sumada a una caída más leve de los precios de los bienes importados, provocó -explica el informe- un importante deterioro en los términos de intercambio, lo que obligó a incrementar el volumen de las ventas externas para compensar la pérdida. El Banco Mundial sostiene, por su parte, que desde 1998 los términos de intercambio sufrieron una caída del 12% para Uruguay.

El análisis de la CEPAL señala que la recesión y la devaluación afectaron la capacidad de pago de la deuda pública uruguaya, que debió ser reestructurada. Y es categórico en cuanto a que la política fiscal del gobierno uruguayo “no pudo jugar un rol compensador, contrayéndose el consumo del gobierno en casi 10%. El Banco Central procuró absorber liquidez para frenar el sobreajuste del tipo de cambio, impulsando al alza las tasas de interés. En ese contexto, el consumo privado y la formación bruta de capital fijo cayeron 12% y 30%, respectivamente, en tanto la contracción de las importaciones de los países vecinos deprimía las exportaciones. Con la excepción de la agricultura, todos los sectores económicos sufrieron una elevada contracción”.

En el año 2002 el país soportó una corrida bancaria, tras la cual varias instituciones debieron cerrar. A fines de 2001 el sistema financiero uruguayo contaba con depósitos equivalentes a unos 15.700 millones de dólares, de los cuales más de 6.000 eran de no residentes, en su mayoría argentinos. Entre enero y junio de 2002 el sistema perdió casi US$ 5.000 millones, cerca de un tercio del total de depósitos, según revela un informe del Banco Mundial.

El gobierno, por su parte, en un intento por enjugar la crisis adquirió nuevos préstamos internacionales lo que elevó el monto de la deuda externa pública y hará crecer el servicio de intereses. Paralelamente aplicó un nuevo paquete tributario en el que se destaca el aumento del impuesto a los sueldos (IRP) y prosiguió con la política de reformas estructurales, en particular en la educación, en la salud y en otras áreas relacionadas con la reducción del costo del Estado, lo que afectó la cantidad de puestos de trabajo y la estabilidad laboral en el sector.

Todo es posible, pese a todo

A pesar de todo Uruguay todavía integra la lista de siete países latinoamericanos capaces de cumplir con la Declaración del Milenio (2001) de las Naciones Unidas y con uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM-ONU), esto es, reducir el nivel de pobreza que tenía en el año 1999 a la mitad para el año 2015. Claro, eso dependerá de las políticas que al respecto adopte el gobierno, de lo que hagan los organismos internacionales que declaran su preocupación por el tema y de lo que, en definitiva, puedan hacer los propios pobres por ellos mismos.

Washington Fernández

© Rel-UITA

7 de octubre de 2003

 NOTAS

1- En Uruguay el monto de una CBA es de 29,54 dólares y a diciembre de 2002 era de 930 pesos uruguayos (33 dólares) para los habitantes de la capital Montevideo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

2- Estudio comparativo realizado por el diputado socialista Roberto Conde.

3- Según el INE la incidencia de la desocupación en los hogares pobres fue del 29,9% en 2002. Cinco años atrás, en 1998, la tasa de desempleo era del 10%.