El gobierno mexicano tendría que pagar más de 160 millones de dólares a las empresas por concepto de devolución del impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS), pagado por utilizar edulcorantes no derivados de la caña de azúcar si se acata el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual dictaminó contra dicho gravamen.

Así lo advirtió el presidente de la Comisión Especial de la Caña de Azúcar en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Torres Hernández, quien se pronunció porque las autoridades recurran incluso a la Corte Internacional de La Haya para echar abajo tal veredicto.

De la misma manera, anticipó que en la elaboración de la Ley de Ingresos para 2006 es posible que se derogue dicho impuesto especial, pero tras un acuerdo para ofrecer un blindaje al consumo del dulce mexicano.

El pasado 11 de agosto, el panel de controversias de la OMC emitió un veredicto definitivo en contra de la aplicación del IEPS de 20 por ciento en la elaboración de bebidas con endulzantes de alta fructosa, que contraviene los acuerdos comerciales y emplazó a su derogación. El gravamen fue establecido por el Congreso de la Unión desde 2001, como parte de las medidas de protección por la negativa de Estados Unidos a recibir las exportaciones de dulce mexicano excedente.

A decir del presidente de la Comisión Especial de la Caña de Azúcar en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Torres Hernández, la aplicación del fallo de la OMC ocasionará un severo daño a la economía mexicana y a la agroindustria azucarera, pues se importarían más de 600 mil toneladas anuales de edulcorante extranjero.

El legislador estimó que en el caso de que México acate tal dictamen, estarían obligado a pagar por lo menos 160 millones de dólares en calidad de devolución de los fondos recaudados por la aplicación del gravamen a empresas afectadas.

La Jornada

15 de setiembre de 2005