Cerca de 500 militares y policías mexicanos crearon una base en la ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para combatir el narcotráfico. La propuesta del gobierno mexicano es que a corto plazo, por lo menos tres mil agentes de la fuerza de seguridad pública federal participen en esta "Operación Tijuana".Además de patrullar caminos e instalar puestos de observación, esta Fuerza tiene autorización para detener a sospechosos e inspeccionar embarcaciones que se encuentran en los puertos de la península de Baja California.
 
Esta operación está despertando preocupación por parte de los grupos sociales porque detrás del combate del narcotráfico, que actualmente es una acción prioritaria del gobierno, hacia la que convergen recursos públicos, se escondería un aumento de la represión y la violación de los derechos humanos - incluyendo a la población emigrante - por parte de los policías y militares.

La mayoría de la población es emigrante

La ciudad de Tijuana es, históricamente, la más importante puerta de entrada de miles de emigrantes de México y de América Central en Estados Unidos. Otro fenómeno migratorio señalado por las autoridades municipales de la región es la entrada de ciudadanos estadounidenses que emigrarían hacia México para hacer todo tipo de negocios ilegales.
 
En realidad, aquella es un área de frontera, donde hace años los derechos humanos son violados. La científica social, María Ileana García Gossio, dice que desde 1988 agentes del servicio de Inmigración y naturalización, Aduaneras, Guardia Nacional, Guardias Forestales, Guardia Naval, FBI y DEA, entre otras agencias federales combaten a los traficantes de droga, a traficantes de emigrantes (polleros) y a los emigrantes sin documentos de la misma forma, sin distinción.

Lucrecia Maldonado

CIMAC

Tomado de Adital

9 de enero de 2007