Uruguay

 El próximo 7 de diciembre los uruguayos deben decidir, en referendo popular, el destino del ente petrolero estatal (ANCAP). La oposición convoca a derogar una ley impulsada por el gobierno que permite al ente asociarse con privados para importar crudo, refinarlo, producir y comercializar combustibles. La diputada Margarita Percovich¹ fundamenta su posición a favor de la papeleta rosada con el SI a la derogación.

- ¿Por qué debería ser derogada la ley de asociación y desmonopolización de ANCAP?

- Mi experiencia como legisladora, en este especialísimo momento que estamos viviendo, en el que todavía queda casi un año y medio para el cambio de autoridades de gobierno, es que no tengo interlocutores serios enfrente, cuando los hay. Lamentablemente, en la mayoría de las empresas y organismos del Estado hemos tenido en los últimos tiempos un recambio permanente de interlocutores, debido a que la mayoría de los jerarcas han renunciado a sus cargos para dedicarse a la actividad electoral, para poder ser candidatos en la próxima legislatura.

Esa falta de seriedad, ese vacío, que implica la imposibilidad de ejercer control sobre la gestión pública es algo especialmente peligroso para el país y muy frustrante para nosotros, los legisladores, lo cual redobla mi convicción acerca de una cuestión vital: en ninguna de las leyes que votemos de acá en adelante podemos entregar herramientas que no estén bien delimitadas por la propia legislación. Generalmente el carácter universal de las leyes deja librada a la reglamentación una serie de aspectos que pueden resultar definitorios, pues muchas veces es en la reglamentación donde se define la forma en que la ley se aplicará. En este caso han quedado numerosos aspectos pendientes de la futura reglamentación. De hecho existe una seudoreglamentación con las condiciones que se han establecido para los eventuales asociados, en lo que se llama el “data-room”, que no interpreta para nada los límites establecidos por la propia ley, ni mucho menos el espíritu con el cual ella se redactó. Por lo tanto, con base en esta experiencia que estoy teniendo con varios organismos del Estado, mi recomendación es que no podemos apoyar ninguna ley de estas características hasta tanto no existan nuevas autoridades legitimadas por la ciudadanía.

- ¿Hay otras razones que fundamenten el voto por la papeleta rosada el próximo 7 de diciembre?

- Influye mucho el hecho de que el próximo sea un año electoral, que encuentra al país con serias dificultades de caja, además de las que habitualmente determina la crisis económica. Esta situación nos pone ante el riesgo de que el gobierno se vea tentado a entregar, en el marco de esta ley de asociación de ANCAP, parte de nuestro patrimonio a precios bajos con tal de recaudar dinero.

No debemos olvidar que ANCAP es una empresa del Estado en la cual hemos invertido varias generaciones de uruguayos cuyo patrimonio debemos preservar, con soberanía, con independencia, manteniendo la potestad de gestionar la empresa por parte del Estado. De hecho esto no es lo que se establece en la ley ni en la reglamentación.

Si esta ley no se deroga quienes van a negociar la futura asociación son las actuales autoridades y yo insisto en que ellas han demostrado una absoluta falta de seriedad para encarar esa tarea. Sobre todo en la negociación de las asociaciones de las empresas públicas con privados que más o menos los uruguayos hemos tratado de frenar pero que algunas se han llevado adelante con resultados nefastos, como en los casos del puerto², de los servicios de agua potable³ o PLUNA⁴, por poner sólo algunos ejemplos.

Pero tenemos más: desde la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente hemos seguido muy de cerca el tema de las privatizaciones del agua y hemos recibido testimonios muy interesantes de lo ocurrido, no sólo en países vecinos sino también en el primer mundo, en países como Canadá y Estados Unidos, donde se inició hace tiempo esta ola de privatizaciones pero donde la terrible experiencia ha obligado a los gobiernos estaduales a retomar los servicios y a devolver al área pública el control del agua y de las plantas de energía. Es que las empresas privadas, en su lógico afán de lucro, cuando la rentabilidad no es la esperada o desciende por alguna razón, utilizan como una de las variables la disminución de la calidad del producto o del servicio. Y no es lo mismo que baje la calidad de una prenda de vestir que la calidad del agua, de la energía o del combustible.

Y en el tema de la calidad ambiental los combustibles juegan un papel central. Ya desde la época del gobierno de (Luis Alberto) Lacalle (1990-1995) las policlínicas municipales habían detectado la existencia de cantidades excesivas de plomo en la sangre de muchos usuarios. Cuando en ese entonces se inauguró la refinería de ANCAP, a la cual asistí, le pregunté a los técnicos si habían eliminado el tetraetilo de plomo de la nafta, como se venía haciendo en todo el mundo. Me contestaron que no lo habían pensado. Eso evidenció una forma de actuar que hoy se reitera. Ahora se anuncia la eliminación del tetraetilo de plomo, pero va a ser sustituido por otro aditivo que es necesario importar y que también es contaminante, en lugar de hacer lo que están haciendo otros países de América, como Brasil, donde se utiliza el etanol, que no es contaminante y puede producirse a partir de diversos cultivos agrícolas que podrían generar empleo en el país. Con gente que actúa de esta manera, con imprevisión, con falta de seriedad, con irresponsabilidad ambiental y social, con ocultamiento de información, me siento impotente y frustrada ante la imposibilidad de ejercer la función de control parlamentario. Entonces uno se pregunta por qué motivos y para favorecer qué intereses se decide importar un aditivo que está siendo prohibido en la mayoría de los países del mundo, ¿qué acuerdos se están haciendo a espaldas de los legisladores y de las fuerzas políticas que tienen la obligación de controlar la calidad y el equilibrio medioambiental del país?

- Uno de los principales argumentos de los promotores del NO, del mantenimiento de la ley, es la necesidad de que ANCAP se asocie con alguna poderosa transnacional del petróleo para poder sobrevivir en un futuro escenario de libre competencia, ¿esta ley sirve para eso?

- Nuestra fuerza política entiende que la asociación es necesaria pero hay que saberla hacer y no podemos dejarla en manos de quienes lo único que pretenden con esta ley es disfrazar una privatización, porque esa es la intención que revela la reglamentación y lo que surge del borrador de las negociaciones. Pensamos que la asociación debe hacerse con un socio que sea productor de petróleo, que aporte mercados para que ANCAP pueda colocar sus excedentes de producción y que contribuya al mejoramiento de la gestión, pero no nos parecer bueno entregar una empresa como ANCAP a cambio de prácticamente nada, como se ha planteado.

- ¿Algo más?

- Reitero que no quiero dejar herramientas tan delicadas como las del Estado en manos de gente que está como desesperada por conseguir plata a cualquier costo. Como espero que mi fuerza política sea gobierno es importante preservar a las empresas públicas de las cuales en este momento depende gran parte del presupuesto nacional.

Washington Fernández

Rel-UITA

20 de noviembre de 2003

NOTAS

1)   Margarita Percovich es diputada del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) por Montevideo. Pertenece al sector Vertiente Artiguista.

2)   La Administración Nacional de Puertos (ANP) privatizó la playa de contenedores del puerto de Montevideo con resultados económicos desastrosos, según denuncias del sindicato del ente (SUANP).

3)   El suministro de agua corriente brindado por la estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) fue entregado a empresas privadas (Uragua y Aguas de la Costa) en algunas zonas del departamento de Maldonado, al sureste del país. La suba en los precios de los servicios y el deterioro en la calidad del agua han motivado numerosas quejas por parte de los usuarios.

4)   Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea es el nombre de la compañía estatal de aviación que fuera absorbida por la empresa Varig, luego de un polémico proceso de asociación aprobado por una ley impulsada por el gobierno.