Londres - Amnistía Internacional ha manifestado el martes 2 de marzo, que las autoridades venezolanas deben garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos en las circunstancias políticas cada vez más violentas que se viven en el país en el contexto de la decisión de la Comisión Electoral Nacional.

Durante el fin de semana, al menos tres personas han resultado muertas y hasta 50 heridas, entre ellas dos periodistas, en los enfrentamientos registrados entre la Guardia Nacional y manifestantes partidarios y detractores del gobierno. En el curso del control policial de estas manifestaciones, algunas de ellas, según los informes, de carácter violento, se ha denunciado uso excesivo de la fuerza, en especial por parte de la Guardia Nacional. En las actuaciones de control de las manifestaciones, según la información disponible, al parecer también han participado unidades civiles y militares fuertemente armadas de los servicios de inteligencia. Los informes indican asimismo que se han practicado detenciones de partidarios de la oposición en el curso de las protestas que han tenido lugar en diversas partes del país.

Amnistía Internacional, al tiempo que hace un llamamiento para que todos los agentes del orden cumplan las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego en su actuación de control de manifestaciones y de mantenimiento del orden público, pide también que se investiguen efectivamente todas las denuncias sobre abusos contra los derechos humanos. La organización ha instado además a las autoridades a que garanticen el pleno respeto de los derechos de todas las personas detenidas en relación con estos disturbios.

La candente crisis política por la que atraviesa Venezuela puede desembocar en los próximos días en nuevas manifestaciones masivas por las calles del país tanto de partidarios como de detractores del gobierno. La principal responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos recae fundamentalmente sobre el gobierno, pero todos los agentes sociales y políticos, ya estén en contra o a favor del gobierno, deben evitar que se contribuya al incremento de la violencia política y al deterioro de la situación de los derechos humanos.

Información general

Este fin de semana, la Comisión Electoral Nacional aplazó hasta el lunes 1 de marzo el anuncio de su decisión sobre la validación de las firmas recogidas para pedir la convocatoria de un referéndum revocatorio al mandato del presidente Hugo Chávez. Previsiblemente, la decisión requerirá una nueva validación de las firmas. Es muy grave la posibilidad de conflicto en torno a esta decisión.

A lo largo de los últimos 15 años, las actuaciones para el control de manifestaciones públicas con frecuencia se han saldado con violaciones de los derechos humanos por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad en Venezuela. De forma reiterada, las autoridades no han investigado ni castigado a los agentes responsables de esos abusos o no han aplicado efectivamente las directrices de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego. No se han investigado efectivamente ni se han sancionado los sucesos de violencia política, atribuidos tanto a partidarios como a detractores de la oposición, ocurridos durante el gobierno del presidente Chávez, como las muertes y lesiones registradas en el contexto del intento de golpe del 11 de abril de 2002. La impunidad de que gozan los autores de tales hechos fomenta que puedan cometerse nuevas violaciones de los derechos humanos en un clima político especialmente inestable.

Convenio La Insignia – Rel-UITA

Amnistía Internacional

3 de marzo del 2004