La Casa Blanca y el Senado de EE.UU. pactan una propuesta

que quiere disminuir dramáticamente la presencia latina

 

El 17 de mayo se dieron a conocer los puntos principales de una iniciativa sobre inmigración elaborada por senadores y la Casa Blanca. Entre otras cosas, busca militarizar la frontera con México, verificar documentación al momento de un empleo y establece un plan de trabajadores temporales que solo podrán venir por dos años (renovable una sola vez, con un intervalo de un año, y sin posibilidades de inmigrar). En cuanto a la regularización de indocumentados, estos tendrán que pedir primero un permiso temporal (la visa “z”) y después de unos 12 años, podrán solicitar la residencia permanente.

 

Para lograr la residencia permanente, los solicitantes deberán demostrar que tienen buenos antecedentes, el jefe de familia deberá realizar los trámites en su país de origen y pagar 5.000 dólares. Los nuevos residentes solo podrán inmigrar familiares directos (esposas/os e hijos menores de 21 años). Unas pocas visas se destinarán a familiares como padres de inmigrantes legalizados, pero acorde a un sistema de puntaje basado en educación y habilidades laborales.

 

Por si fuera poco, en el aspecto represivo, la militarización fronteriza incluye la construcción de cárceles para mantener encerrados a potenciales inmigrantes indocumentados. El proceso de atorgar visas “z” empezaría después de que se certifique que la frontera sur está asegurada y que funcionan los mecanismos para que las empresas puedan verificar los documentos de sus empleados.

 

Esta iniciativa fue negociada por el Secretario de Comercio, Carlos Gonzáles, y por el director de la Seguridad Nacional, Michael Chertoff. Estos nombres no son simbólicos, marcan el tono que el gobierno puso a la propuesta: que la migración sea de acuerdo a los intereses económicos de EE.UU. y crear un sistema represivo de control y expulsión de inmigrantes “indeseados”.

 

Dos elementos de la iniciativa señalan además la intención de reducir la población latina y sus posibles influencias políticas. Primero, los inmigrantes deberán esperar más de 12 años para pasar de la visa “z” a la residencia permanente. ¿Por qué? Porque después de recibir la residencia legal, los interesados en hacerse ciudadanos deben esperar cinco años para lograrlo, es decir, 17 años en total.

 

Pero para pedir la visa “z” primero hay que esperar que la Secretaria de Seguridad Nacional apruebe las medidas de control fronterizo, es posible que la demora sea de unos 20 años.

 

Obviamente, los millones de indocumentados que participaron en las marchas en 2006 y 2007 en favor de una propuesta migratoria amplia, no podrán transformar en realidad sus consignas de “hoy marchamos, mañana votamos” por largo tiempo. Además, debido a los requisitos para obtener la residencia, es posible que buena parte de los estimados 12 millones de indocumentados queden afuera.

 

El otro elemento antilatino de esta propuesta radica en la cantidad de personas que un inmigrante “legal” o nacionalizado puede traer. De esta manera, la Casa Blanca y el Senado exponen su intención de reducir la cantidad de latinos -que ya suman 44,5 millones, o sea el 14,5 por ciento de la población- y evitar que voten en los próximos años.

 

Los requisitos de militarización de la frontera sur y de trabajadores temporales han sido aceptados hasta por muchos de los activistas de los derechos de los inmigrantes como algo “que la sociedad norteamericana quiere”, sin entender cómo se llegó a esta situación. De acuerdo al periodista Max Blumenthal, el movimiento antiinmigrante, que impulsó esas medidas, tiene fuertes raíces racistas.

 

Los grupos de expertos conservadores resaltan el enorme costo que significa para la sociedad norteamericana la inmigración indocumentada. Muchos de estos centros han recibido donaciones de individuos como John Tanton, quien considera un peligro para la civilización el aumento poblacional, y culpa de esto a los inmigrantes.

 

Tanton fundó la organización Federación Americana por una Reforma Migratoria (FAIR, sigla en inglés), que recibió donaciones de Pioneer Fund, agrupación ligada a propanda nazi durante los años 30. FAIR es un centro que distribuye estadísticas de dudosa credibilidad destinadas a demostrar el impacto negativo de la inmigración, especialmente de países del tercer mundo.

 

Pero el logro más importante de estas organizaciones y centros conservadores ha sido el lograr que la prensa dominante, funcionarios y parte de la opinión pública acepten sus argumentos como válidos. Con un lenguaje sencillo, fácil de recordar y repetir, el tema de la seguridad fronteriza, por ejemplo, es hoy casi indiscutido en el tema migratorio.

 

Numerosos locutores y animadores de programas radiales o de TV pregonan estos argumentos, entrevistan “especialistas” salidos o entrenados por dichos centros con la intención de crear un clima antiinmigrante y de venganza por las marchas pro inmigrantes. Blumenthal llega más lejos al explicar que este movimiento busca mantener el carácter “blanco” de EE.UU. y cómo David Duke, ex integrante del Ku Klux Klan, orgullosamente se atribuye el haber sido uno de los primeros en pedir cerrar la frontera con México para evitar la llegada de inmigrantes.

 

Después de décadas de insistir en el tema, la derecha norteamericana ha logrado imponer sus condiciones y el movimiento pro inmigrante está demasiado dividido como para poder contraatacar.

En Fresno, Eduardo Stanley Convenio La Insignia / Rel-UITA 31 de mayo de 2007

 

 

 

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