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El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), observa
como se ha manifestado un recrudecimiento de la
ola de violencia en el mes de mayo. Llama la
atención el fracaso del plan caracol,
implementado por el Ministerio de Gobernación y
de la Policía Nacional Civil. Durante la semana
pasada y en los primeros días de la presente se
han desarrollado protestas por parte de los
choferes del transporte urbano y paralizaciones
a la prestación de este servicio, debido a que
los miembros de las pandillas juveniles, no sólo
les cobran un impuesto de circulación, sino que
también asesinan con absoluta impunidad a los
miembros de este gremio.
La situación puede tener efectos que pueden
influir en la conflictividad social, debido a
que los representantes del gremio de transporte
urbano han amenazado con realizar un paro
general en la ciudad capital de Guatemala,
como el único mecanismo para garantizar que las
fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco,
les proporcionen la seguridad necesaria para
garantizar la prestación del servicio.
El incremento del patrullaje de la Policía
Nacional Civil y las continuas revisiones a los
pasajeros, para establecer si cargan armas con
las cuales pudieran ejecutar acciones contra los
pilotos, demuestra la insuficiencia técnica del
plan caracol. La Inteligencia Civil, debería
contar con la información sobre la forma de
operar de las pandillas juveniles, sobre sus
miembros y las acciones cometidas por lo mismo.
En función a lo anterior, deberían contar con
una estrategia que garantice la captura de los
principales cabecillas de estos movimientos.
En ese sentido más que difundir información
publicitaria sobre las acciones de requisa que
se realizan a la ciudadanía que utiliza este
medio de transporte, las autoridades del
Ministerio de Gobernación y de la Policía
Nacional Civil, deberían capturar y procesar a
los responsables de esa ola de violencia.
En el informe sobre la situación de los derechos
humanos en Guatemala en el período
enero-abril del presente año, el GAM
advierte que si bien es cierto que estas
violaciones no están directamente relacionadas
con una política de Estado, si existe
responsabilidad de parte del gobierno de
Guatemala, al no contar con políticas
públicas que garanticen la seguridad de la
ciudadanía honrada del país. En ese informe
advirtió el GAM que en el mes de abril se
vivió una escalada de violencia, que supero a
los meses anteriores, como se evidencia con el
aumento de 107 víctimas respecto al mes de
marzo.
Por lo anteriormente expuesto el GAM
exige la puesta en marcha de planes de seguridad
serios, para enfrentar la delincuencia, antes de
que un paro general del transporte genere una
situación de ingobernabilidad que ponga en
peligro la estabilidad de Guatemala.
Grupo de Apoyo Mutuo
31 de mayo de 2007
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