El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM),
organización de derechos humanos guatemalteca,
divulgó ayer un Informe sobre la situación de
los derechos humanos y verificó que "las
condiciones de vida de los habitantes se
deterioran día a día".
Los
resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
2006 (ENCOVI) revelan que la mitad de los 13 millones de
guatemaltecos vive por debajo de la línea de pobreza. De cada diez
habitantes del país, 1,5 sobreviven con sólo 8,77 quetzales
(aproximadamente 1,15 dólares) por día y la población indígena es la más
vulnerable. Según el mismo informe, la pobreza en el país, diminuyó en
los últimos seis años, pasando a afectar del 56 al 51% de la población.
La
organización señala además el desempleo, el aumento del precio de la
canasta básica, la fuerte presencia de grupos armados y del crimen
organizado como factores que dejan a la población en estado de
vulnerabilidad. En agosto, la canasta básica aumentó cerca de 40
quetzales (aproximadamente 5 dólares). Los productos que más
contribuyeron al alza fueron el pan, la leche y el maíz. Este último
influenciado por la demanda del grano para la elaboración de
biocombustibles. Entre enero y agosto, el precio de la arroba (15 kg) de
maíz subió 50 quetzales (aproximadamente 6,5 dólares), según datos del
Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Alimentación (MAGA).
Hay en
Guatemala "un Estado incapaz de reaccionar ante las demandas de
la población e incapaz de garantizar el bienestar de sus ciudadanos, un
Estado sumido en la corrupción, en la impunidad y entregado a obscuros
intereses de las compañías transnacionales que traen destrucción y ponen
en riesgo la ya precaria existencia de las comunidades", dijo el GAM.
Y agregó que la actual administración no permitió el aumento del salario
mínimo, a pesar de que la inflación ha afectado el poder de compra en
por lo menos un 8%.
La
tierra que debería estar en manos campesinas, está conformando los
extensos territorios en manos de las transnacionales mineras. En San
Marcos, se reportan los efectos de las consecuencias nefastas que traen
la actividad minera, como viviendas danificadas, animales muertos, pozos
secos, personas enfermas (sobre todo los niños), lo que generó el
repudio de las comunidades hacia esta actividad, ya que se siguen
deteriorando las condiciones de vida, con el consiguiente impacto sobre
el medio ambiente.
El
proyecto minero Marlin le deja al pueblo de Ixtahuacán deforestación,
polución, contaminación del agua, pozos secos, problemas con el
almacenamiento de los desechos de la mina. Los beneficios que fueron
prometidos no se concretizan en la realidad de los hechos. Alcaldes de
nueve ciudades del Estado de Huehuetenango, después de la presión
popular, se comprometieron a no entregar licencias de explotación, pero
el gobierno federal, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM)
dijo que no hay impedimentos para que el Estado entregue licencias de
explotación.
La
violencia afectó, solamente en agosto, a 257 hombres, 31 mujeres y 12
niños. En cada uno de los meses de 2007 hubo más de 250 casos de
violación de los derechos humanos, el mes de abril tuvo el peor índice
con 372. Las vísperas de las elecciones -realizadas el último domingo-
la violencia contra activistas de partidos políticos fue intensificada y
dejó 5 muertos; fueron 20 los muertos en todo el año.
Entre
enero y agosto, 97 hombres, 11 mujeres y 3 niños fueron ejecutados
extrajudicialmente. El número de asesinatos llegó a 100 hombres, seis
mujeres y siete niños; las muertes violentas fueron 30. Seis personas,
incluyendo un niño, fueron masacrados y hubo un linchamiento.
Adital
13 de setiembre de 2007
