Panamá

           

Declaración de la UNI Américas en ocasión de la 37ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos

 

 

Con ocasión de celebrarse en Panamá la 37ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), UNI Américas -representación continental del sindicato global Union Network International (UNI)- con presencia en más de 150 países y una membresía de 15 millones de trabajadores(as) agrupados en cerca de 900 organizaciones, estima oportuno y pertinente compartir con los distinguidos participantes en tan importante cita, y el pueblo panameño en su conjunto, algunas consideraciones inherentes al movimiento sindical de la región, a la luz de los cambios políticos más recientes que han ocurrido en un buen número de países de las Américas, que señalan el comienzo de una nueva etapa en esta parte del mundo.

 

En efecto, se observan nuevas tendencias políticas en América. En los últimos años, se han elegido más de una docena de gobiernos y todos ellos desean dejar atrás la década perdida de los años noventa. Existen nuevas expectativas de cambio social. Sin embargo, el escenario para la mayoría de los países de América y el Caribe continúa caracterizado por un conjunto de situaciones profundamente negativas. Todos los indicadores sociolaborales muestran un constante deterioro en América Latina. Al mismo tiempo, se observa un creciente descontento en la clase trabajadora con respecto al rumbo económico; los trabajadores/as tienen una visión pesimista de las perspectivas económicas de su país y las propias.

 

Esa nueva realidad antes apuntada debería servir para que se corrijan errores y horrores evidentes provocados por la aplicación de políticas neoliberales y la excesiva protección que se ha dado a las grandes empresas multinacionales y nacionales, en detrimento de la sociedad, sus organizaciones y los sindicatos. UNI Américas estima que los trabajadores organizados deberán ocupar un espacio visible para un cambio verdadero en el modelo económico, político y social de la región, puesto que en las Américas, la mayoría de las empresas - nacionales y multinacionales - insatisfechas aún con las ventajas económicas que les otorga la flexibilidad laboral y subcontratación, mantienen una inaceptable política antisindical. Esto se ha traducido en una situación inadmisible: Han aumentado los abusos, la inseguridad, la inestabilidad y precariedad de los puestos de trabajo. El paradigma de esta triste realidad es el emporio Wal-Mart. Sus políticas y estilos han contaminado negativamente la atmósfera laboral.

 

Agravando lo anterior, las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) continúan insistiendo en la necesidad de disminuir el gasto público, lo que muchos gobiernos realizan de una manera irracional, a costa de reducir la inversión interna y los gastos sociales destinados a disminuir situaciones dramáticas para los sectores con menores ingresos. Por otro lado, aunque en algunos países existen avances en el restablecimiento de la confianza en la administración de la justicia, los derechos humanos se siguen violando en nombre de la seguridad. Las políticas establecidas por algunos gobiernos, además de la polarización política, la impunidad y la corrupción no hacen más que aumentar la ya grave crisis de respeto a los derechos humanos.

 

El movimiento sindical en América ha luchado por cambiar este escenario. Ha luchado, en particular, contra el fundamentalismo del libre mercado y la violación sistemática de las leyes que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva, pagando en muchos casos un alto costo en vidas humanas. Ha luchado contra una feroz campaña de algunos medios de comunicación, de las empresas y partidos políticos, que buscan reducir su papel e importancia como actor social. La sociedad en general y los políticos en particular tienen una deuda moral con los trabajadores y sus organizaciones, quienes desde el inicio alertaron y denunciaron que las políticas neoliberales no contribuirían al desarrollo de los países y que producirían graves distorsiones sociales y económicas. La incuestionable evidencia de estas distorsiones reafirma la legitimidad de la acción del movimiento sindical. Los graves problemas sociales no resueltos por los gobiernos se han convertido en la principal causa de descontento con el sistema y esto explica, por una parte, el creciente abstencionismo en los procesos democráticos. Sin embargo, en medio de un panorama sombrío, donde la democracia parece perder vitalidad, una sucesión de resultados electorales, como señaláramos antes, permiten suponer el inicio de una nueva etapa en la región. Se observa la intención de corregir errores y de adoptar una mejor responsabilidad social. Un nuevo mapa político se ha configurado y probablemente esta situación genere una nueva dimensión en las relaciones Norte-Sur, entre otros cambios.

 

Es así que hemos observado que diversos líderes de los sectores progresistas de la política latinoamericana, han impulsado la idea de un "Consenso Latino", cuyo énfasis está en el desarrollo social, como alternativa al "Consenso de Washington". Creemos que si esta propuesta logra un mayor apoyo, los sindicatos podrían entrar a una nueva etapa para organizar y desarrollar una mejor fuerza sindical, siempre y cuando estos mantengan vigilantes a la evolución de esta situación y actúen en consecuencia.

 

Al imaginar una nueva América resulta ineludible valorar el dialogo social como un mecanismo para concertar los necesarios entendimientos entre los actores de la producción, con la presencia del Estado, en pos de un desarrollo sustentable en el cual se dé una adecuada distribución de la riqueza. Hoy día habría que reconocer que el Diálogo Social ha sido una de las grandes carencias del hemisferio. Ante ese hecho incuestionable, UNI Américas exige a la OEA la creación de un Diálogo Social permanente y efectivo que fortalezca la defensa de la democracia participativa y que garantice la representación de todos los estamentos de la sociedad, en especial los sindicatos. Para este objetivo UNI Américas propone al Secretario General de la OEA la creación de un Grupo de Trabajo sobre este tema. Ciertamente que una mejor gobernabilidad y papel del Estado son partes sustantivas en el Dialogo Social que propugnamos.

 

Somos categóricos en nuestra exigencia de mejores condiciones de vida para los trabajadores, entre ellas, el acceso y cobertura en servicios básicos tales como correos, energía a precios accesibles, banca de desarrollo y programas de salud a los ciudadanos más pobres, así como la revisión de los privatizados sistemas de pensiones que no podrán cumplir con las expectativas creadas. La lucha por el Trabajo Decente en el hemisferio es otra permanente prioridad. La promoción de programas de empleo con mayor valor agregado y el otorgamiento de facilidades de crédito para el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que son las que otorgan más del 80% de los empleos en América Latina, constituyen urgencias inaplazables, al igual que la atención a las migraciones y las remesas de dinero que esta ha creado. Son todos, temas que deben ser abordados de manera clara y eficaz. El mismo tratamiento debe merecer la brecha digital que afecta a numerosos países de la región, siendo otra razón suficiente para demandar a los gobiernos y empresas un acceso igualitario a la tecnología para todos los segmentos de la sociedad.

 

Los temas y las reflexiones aquí compartidos no deben ser ajenos a las deliberaciones del más amplio Foro de la Región. En ese sentido UNI Américas exhorta a los Estados miembros de la OEA, a través de sus respectivos gobiernos, a establecer canales de comunicación efectivos y eficientes con la sociedad civil organizada en cada uno de los países, de manera particular con el movimiento sindical, a fin de que podamos construir esa nueva América que millones de hombres y mujeres nos hemos atrevido a imaginar.

 

Rodolfo Benítez

Secretario Regional - UNI Americas

 15 de junio de 2007

 

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