ámbito laboral

Dos días de intercambios de experiencias y luchas, construcción de sinergias y elaboración de planes y estrategias para hacerle frente al creciente y desbordante fenómeno de la flexibilidad laboral y a la progresiva pérdida de los derechos laborales en Centroamérica, ha sido el resultado del Foro Internacional “La esclavitud del Siglo XXI – Desafíos de las organizaciones sociales frente a la regresión de los derechos humanos laborales”.

La actividad, que tuvo lugar en Managua y contó con la participación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil organizada de la región, es parte de la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral que arrancó en 2005 y se propone “alertar al mundo laboral, a los espacios de decisión y a la población en general sobre las tendencias a flexibilizar las relaciones laborales en Centroamérica, sobre el impacto que eso tiene para las condiciones de trabajo y vida de la población trabajadora e impulsar la construcción y definición de estrategias desde sectores laborales organizados para enfrentar esta situación”¹.

El tema inicial, “Esclavismo en el Siglo XXI”, fue abordado por Luis Ernesto Morales Gálvez, de UNSITRAGUA. Según el líder sindical del sector público de Guatemala, “Durante miles de años, el ser humano ha librado una intensa lucha por configurar el concepto de humanidad y por que dentro de dicha definición se reconozca el derecho a la igualdad. El principal obstáculo que ha encontrado ha girado precisamente en torno a los intereses que confluyen en la participación en el proceso productivo y en la distribución de los beneficios que genera, en la confrontación constante de los menos por apropiarse del producto del trabajo de los más.

Para Morales Gálvez, el libre comercio y la economía de mercado no representan otra cosa que el retorno de la concepción del ser humano y su fuerza de trabajo como mercancía. Al mismo tiempo, “el ataque de que hoy día está siendo víctima la población mediante la precarización de sus condiciones laborales, es parte de este proceso, y el modelo económico impuesto desde la perspectiva de los grandes capitales, privilegia la acumulación de riqueza en pocas manos y la rentabilidad de la empresa por sobre la propia rentabilidad social del proceso productivo”.

El principal efecto de este modelo es la paulatina polarización de la sociedad, con un acrecentamiento de la brecha entre ricos y pobres.

“En este marco –concluyó el dirigente de UNSITRAGUA–, las garantías laborales no son solamente derechos susceptibles de ser gozados por los trabajadores y sus familias, sino medidas de protección social, mecanismos de democratización de la economía y reglas que deben ser respetadas de manera primordial por los procesos de globalización, ya que, el libre mercado, sin tales protecciones, convierte en mercancía la propia vida humana y sus expectativas de desarrollo”.

Mujeres y flexibilidad

La situación de la mujer en este contexto de flexibilización y explotación laboral ha sido uno de los temas más sentidos y debatidos por los participantes del Foro.

Carolina Elías y Lety Chacón, de la Asociación “Mujeres Transformando”, de Santo Tomás, en El Salvador, presentaron la situación en que viven las mujeres salvadoreñas que desempeñan trabajo a domicilio. “Las condiciones en las que estas mujeres desarrollan su actividad laboral son un claro ejemplo de las múltiples esclavitudes en las que viven. Las empresas les venden la falacia de que este tipo de trabajo les permite dedicarse al cuidado de sus familias y sus casas al mismo tiempo que obtienen un ingreso económico, y que esto es una maravilla. En la realidad, estas mujeres deben generalmente trabajar por la noche, ya que es en esas horas que han cumplido con su jornada de trabajo doméstico y sus familias ya están dormidas y no las necesitan, lo que implica que vayan perdiendo literalmente la vista durante las largas horas de trabajo nocturno, que no es pagado como tal”.

Se trata de mujeres con un muy bajo nivel educativo y sin ninguna experiencia previa en organización, con una edad que oscila entre los 15 y los 45 años, con un promedio de tres a cinco hijos y, en la mayoría de los casos, con la responsabilidad de llevar alimentos a su familia.

Trabajan en la elaboración de bordados a mano, y cada pieza requiere cinco horas de trabajo, por la cual reciben entre 1,75 y 2 dólares, sin ningún tipo de prestación social.  El vestido donde va insertado este bordado se vende en Estados Unidos entre 70 y 150 dólares. Las fábricas imponen sus términos y condiciones de trabajo, y nunca dicen el valor que van a pagar por cada pieza sino hasta la entrega.

“Para que una de estas mujeres pueda ganar 35 dólares a la semana, tiene que bordar un promedio de 20 piezas, es decir por lo menos dos piezas diarias lo cual equivale a una jornada laboral de 10 horas. Recordemos –continuó Elías– que estas son mujeres que trabajan en sus hogares y que sufren de una triple jornada laboral: hacen bordados, atienden el trabajo doméstico y, siendo casi en su totalidad del área rural, atienden también el trabajo organizativo comunitario”.

En El Salvador, el trabajo domiciliario se considera un régimen especial y está debidamente reglamentado a través de una serie de obligaciones para los empleadores (contrato escrito, salario mínimo, prestaciones sociales, etc.), que nunca se cumplen.

Actualmente, las mujeres organizadas de Santo Tomás emprendieron una lucha legal en contra de las empresas que, frente a sus demandas laborales, decidieron despedirlas. A pesar de la poca beligerancia de las autoridades laborales y judiciales salvadoreñas, la Asociación Mujeres Transformando sigue con su lucha y próximamente va a introducir una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Violencia y asesinatos

Entre los muchos temas presentados y debatidos vale la pena recordar el Libre Comercio y Flexibilidad Laboral, Reformas a la Legislación Laboral, Nuevas formas de contratación (subempleo, informatización y simulación de contratos), Articulación del capital y el patriarcado (feminización laboral, discriminación a las mujeres, trabajo doméstico no remunerado), Efectos diferenciados de la Flexibilidad Laboral y efectos a la Seguridad Laboral, Organización frente a la Flexibilidad Laboral y Libertad Sindical (solidarismo, sindicatos amarillos, antisindicalismo empresarial, gubernamental y de los medios de comunicación, etc.).

En este último punto, se evidenció el recrudecimiento de la violencia en contra de las organizaciones sindicales. Uno de los casos más impactantes ha sido el asesinato de dirigentes sindicales pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá (SUNTRACS).

Según Raymundo Garcés, secretario de Prensa y Propaganda del SUNTRACS, “Con el incremento de la actividad de la construcción en Panamá, se han intensificado también los instrumentos represivos contra los trabajadores que exigen el respeto de sus derechos. Un mecanismo que están utilizando es el ‘sicariato’. Antes de que las empresas desarrollen un proyecto, negocian Convenciones Colectivas con sindicatos amarillos, los cuales contratan a sicarios y delincuentes para perseguir a los trabajadores organizados que reclaman sus derechos”.

En el último año fueron asesinados tres dirigentes sindicales del SUNTRACS a mano de sicarios contratados por trasnacionales y sus sindicatos amarillos, y de la Policía panameña.² La Campaña contra la Flexibilidad Laboral ha sido promotora de denuncias a nivel internacional.

“Siguen los asesinatos selectivos de dirigentes –continuó Garcés–, sin embargo para evitar que reclamemos nuestros derechos tendrán que matarnos a todos, porque vamos a seguir peleando en las calles y a denunciar los hechos a nivel nacional e internacional. El gobierno no quiere tomar en serio esta situación, pero nosotros vamos a seguir pidiendo un Reglamento de Higiene y Seguridad para que los empresarios se responsabilicen de las muertes de los trabajadores por accidentes laborales. En los últimos años han fallecido casi 100 trabajadores y ya son cinco los fallecidos en lo que va del año”, concluyó el directivo del SUNTRACS.

Conclusiones del Foro

Después de la lectura de un documento final en el que las organizaciones presentes sentaron la necesidad de “experimentar métodos de lucha que nos permitan una resistencia más fuerte, la realización de estudios e investigaciones sobre la situación de los derechos laborales y el fortalecimiento a largo plazo de la campaña para sustentar aún más nuestras denuncias y promover cambios en la región”, las conclusiones estuvieron a cargo de Bayardo Izabá, director de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

“Este foro nos sirve para retomar la lucha política que tenemos que librar desde nuestras organizaciones contra el sistema que nos están imponiendo desde el norte. Ha servido para fortalecer las ideas –señaló Izabá–, pero tenemos que ir más allá, y tal vez nos hizo falta más capacidad de hacer propuestas en métodos de lucha frente a este sistema. Esta va a ser la tarea para la próxima ocasión en que nos encontremos”, desafió.

El director del CENIDH tocó también el tema de la criminalización de la protesta social. “Hay que hacer frente común, porque la unidad es importante y los testimonios sobre los asesinatos de dirigentes sindicales tienen que mover hasta lo más profundo de nuestra alma. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado a los dirigentes sindicales defensores de los derechos humanos, y esto es importante. ¡Que se levanten los dirigentes sindicales que están aquí con nosotros y aplaudámosles! Ustedes son defensores de los derechos humanos, y a nosotros nos toca comprometernos más con ellos, porque no podemos permitir que los sigan matando”.

Terminando su intervención, Izabá recordó la importancia de “trabajar estrategias para incidir frente a los medios de comunicación”, e invitó a que el próximo foro se transforme en “un reto para pensar en cómo golpear más al sistema que nos está oprimiendo, no sólo con los asesinatos, sino también con la violencia del hambre, del desempleo, de la falta de acceso a la educación, la salud y la vivienda”.