En
los últimos años se ha deteriorado aún más la calidad de vida
de la
población y las brechas sociales aumentaron por tres razones:
el incremento
de los índices de pobreza, las fallas en los sistemas de redistribución del
ingreso y la concentración de la propiedad de los medios de producción. La
situación laboral de la mujer no ha escapado
a esta evolución.
El modelo
de desarrollo ha impactado negativamente en el empleo formal. En una sola
década se perdieron 900 mil contratos de trabajo asalariado, mientras los
independientes o “cuentapropistas” aumentaron en 2,5 millones, sector en el
cual la población femenina representa el 57,9 por ciento.
En
Colombia las mujeres ganan en promedio 14,28 por ciento menos que los
hombres. El 80 por ciento recibe una remuneración igual o menor a dos
salarios mínimos legales. La tasa de desempleo entre las mujeres alcanza el
18 por ciento, mientras que la de los hombres es del 10,5 por ciento.
La mayor
parte de los empleos son temporales. La tendencia del mercado laboral ha
sido la destrucción de empleos formales, la precarización y la tercerización,
circunstancias que aceleraron el acceso de la mujer al mundo del trabajo
pero en condiciones precarias, así como precipitaron la llegada de los
jóvenes al mundo laboral, proyectando las tasas de desempleo a niveles de
hasta el 20 por ciento.
Consecuencias de los cambios en materia laboral
La política laboral colombiana ha estado orientada a reducir
los costos laborales como estrategia de generación de empleo y de
crecimiento económico, como lo evidencia la última reforma laboral (Ley 789
de 2002) que redujo el pago por trabajo en días dominicales y festivos,
amplió la jornada diurna y rebajó las indemnizaciones por despidos
injustos.
Reducción de ingresos, mayores jornadas laborales, disminución de cobertura en
seguridad social, aumento del acoso sexual y el acoso laboral.
Disminución en la tasa
de sindicalización:
del total de la población ocupada -algo más de
17 millones de personas-, las sindicalizadas supera apenas 1 millón, es
decir el 4 por ciento.
Disminución del número
de convenios colectivos: estos convenios tienen un claro sentido político para la
defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero la baja tasa
de sindicalización debilita la posición de los sindicatos en la negociación
y amenaza directamente la posibilidad de alcanzar esos acuerdos colectivos.
Es indudable que todo lo
anterior reduce las posibilidades de ejercicio democrático de participación
y representación; y para las mujeres es aún más difícil constituirse en
fuerza colectiva para defender sus derechos, no sólo por el tiempo que
demanda organizarse, participar y construir propuestas, sino por la
resistencia que desatan los empresarios ante la conformación de sindicatos.
|
En Urabá,
Adela Torres
©
Rel-UITA
23 de
mayo de 2007 |
 |
|
|
*
Secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria (SINTRAINAGRO)
Volver
a Portada
