Colombia

Las consecuencias laborales

de un modelo político antisindical

 

En los últimos años se ha deteriorado aún más la calidad de vida
de la población y las brechas sociales aumentaron por tres razones:
el incremento de los índices de pobreza, las fallas en los sistemas de redistribución del ingreso y la concentración de la propiedad de los medios de producción. La situación laboral de la mujer no ha escapado
a esta evolución.

 

El modelo de desarrollo ha impactado negativamente en el empleo formal. En una sola década se perdieron 900 mil contratos de trabajo asalariado, mientras los independientes o “cuentapropistas” aumentaron en 2,5 millones, sector en el cual la población femenina representa el 57,9 por ciento.

 

En Colombia las mujeres ganan en promedio 14,28 por ciento menos que los hombres. El 80 por ciento recibe una remuneración igual o menor a dos salarios mínimos legales. La tasa de desempleo entre las mujeres alcanza el 18 por ciento, mientras que la de los hombres es del 10,5 por ciento.

 

La mayor parte de los empleos son temporales. La tendencia del mercado laboral ha sido la destrucción de empleos formales, la precarización y la tercerización, circunstancias que aceleraron el acceso de la mujer al mundo del trabajo pero en condiciones precarias, así como precipitaron la llegada de los jóvenes al mundo laboral, proyectando las tasas de desempleo a niveles de hasta el 20 por ciento.

 

Consecuencias de los cambios en materia laboral

 

La política laboral colombiana ha estado orientada a reducir los costos laborales como estrategia de generación de empleo y de crecimiento económico, como lo evidencia la última reforma laboral (Ley 789 de 2002) que redujo el pago por trabajo en días dominicales y festivos, amplió la jornada diurna y rebajó las indemnizaciones  por despidos injustos.

 

Reducción de ingresos,  mayores jornadas laborales,  disminución de cobertura en  seguridad social, aumento del acoso sexual y el acoso laboral.

 

Disminución en la tasa de sindicalización: del total de la población ocupada -algo más de 17 millones de personas-, las sindicalizadas supera apenas 1 millón, es decir el 4 por ciento.

 

Disminución del número de convenios colectivos: estos convenios tienen un claro sentido político para la defensa de los derechos de  trabajadores y trabajadoras, pero la baja tasa de sindicalización debilita la posición de los sindicatos en la negociación y amenaza directamente la posibilidad de alcanzar esos acuerdos colectivos.

 

Es indudable que todo lo anterior reduce las posibilidades de ejercicio democrático de participación y representación; y para las mujeres es aún más difícil constituirse en fuerza colectiva para defender sus derechos, no sólo por el tiempo que demanda  organizarse, participar y construir propuestas, sino por la resistencia que desatan los empresarios ante la conformación de sindicatos.

En Urabá, Adela Torres

© Rel-UITA

23 de mayo de 2007

 

 

* Secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO)

 

 

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