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En
el marco de la conmemoración del 90º aniversario de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del 30º
aniversario de la Declaración Tripartita de Principios sobre
las Empresas Multinacionales (EMN) y la Política Social, los
días 22 y 23 de abril, convocado por la OIT y el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República
Argentina, se celebró el “MultiForum Cono Sur 2009”. El
encuentro reunió a ministros de Trabajo del Cono Sur,
representantes de organizaciones de empleadores y de
trabajadores, representantes de compañías transnacionales y
funcionarios de los gobiernos del Cono Sur y de la OIT.
Nuestro compañero Enildo Iglesias representó a la Rel-UITA e
integró con Cristiano Rattazzi (Presidente de FIAT
Argentina) y Eduardo Rojas (representante del gobierno de
Chile) el panel “La promoción de la Declaración de EMN en
las relaciones laborales a través del diálogo social”. A
continuación transcribimos su ponencia:
Bajo la convocatoria “Promoviendo
prácticas laborales responsables durante el período de
crisis”, nos corresponde dar seguimiento a las
reflexiones y análisis de la Declaración Tripartita de
Principios sobre las Empresas Multinacionales y a la
recientemente aprobada Declaración de la OIT sobre
Justicia Social, en este panel denominado
La promoción de la Declaración de EMNs en las relaciones a
través del diálogo social.
En primer lugar, ¿a qué nos refiere la
mención al “período de crisis”? Seguramente que a la
burbuja financiera y económica que estalló en la segunda
mitad del año pasado. Si es así, nos resistimos a aceptar
que la crisis recién comenzó cuando el sistema dejó de ser
rentable para un cierto número de empresas transnacionales y
algunos millonarios.
¿Es que antes de esa fecha la responsabilidad
en las prácticas laborales no estaba en crisis? ¿Cómo
calificaremos entonces, que por ejemplo en Chile, el
promedio de duración de los contratos laborales no alcance a
los 8 meses?
¿Que en 2005 existieran 1.400 millones de
personas en el mundo viviendo con menos de US$ 1,25 por día?
¿Que el 60% de la población mundial activa -1.800 millones
de personas- trabaje sin contrato ni prestaciones? ¿Que más
de 200 mil personas mueran anualmente intoxicadas con
agrotóxicos? Para los trabajadores, la crisis hace décadas
que existe.
Según el director general de la OIT,
esta crisis fue provocada por un modelo de globalización
“desequilibrado e injusto” que en los últimos años ha
sobrevalorado el papel del mercado, infravalorado el papel
del Estado y “menoscabado la
dignidad del trabajo y el respeto por el medio ambiente”.
Suscribimos esos conceptos, coincidiendo con
aquellos que afirman que la globalización es el tercer
capítulo de la historia del capitalismo. El primero fue el
capitalismo de Estado denominado colonialismo, el segundo
fue aquel constituido por la protección de los Estados a las
empresas (Estados Unidos enviando tropas a
Centroamérica para proteger los intereses de la
United Fruits, la CIA conspirando contra
el gobierno de Allende para defender las
transnacionales mineras, etc.) y en el tercero y actual, las
empresas transnacionales son beneficiadas con la protección
del Banco Mundial, el FMI y la OMC,
prevaleciendo sobre los Estados, el interés general y el
bien común.
En la medida en que esta última etapa se
desarrollaba, también lo hacía la búsqueda de unas normas
internacionales capaces de regular la actividad de las
empresas transnacionales. Es que al mismo tiempo que la
globalización creaba un escenario favorable para el
desarrollo de este tipo de empresas, se dificultaba el
avance de los sistemas de control y regulación jurídica de
las mismas.
Esto llevó a que la OIT afirmara que
“las normas globales reflejan una falta de equilibrio.
Las normas e instituciones económicas prevalecen sobre las
normas e instituciones sociales; y las realidades globales
están poniendo a prueba la eficacia de las propias normas e
instituciones actuales”1.
En ese contexto, la Declaración Tripartita
sobre las Empresas Multinacionales tiene una historia que no
podemos soslayar. En 1964 se creó la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
con la finalidad de establecer relaciones comerciales más
equitativas entre el Norte y el Sur. En 1974 el Consejo
Económico y Social de la ONU (ECOSOC) creó el
Centro de Empresas Transnacionales con la finalidad de
elaborar una serie de recomendaciones que establecieran la
base de un código de conducta para las transnacionales (el
Centro se cerró en 1993).
Inmediatamente las transnacionales se
involucraron en el sistema de la ONU (FAO,
PNUD, UNCTAD, etc.) integrando -con
justificaciones técnicas- las delegaciones gubernamentales
para así defender sus intereses. Viendo que la mayoría de
las transnacionales tenían su sede en países
industrializados que eran minoría en la ONU, y que lo
principal de sus actividades e inversiones se realizaba en
la zona de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) decidieron definir su política
sobre las CTNs en el marco de esta organización,
llamada el “club de los países ricos”. En 1976, la
OCDE adoptó las Directrices para la Inversión
Internacional y las Empresas Multinacionales, en las
cuales, si bien los Estados son los encargados de su
aplicación, se trata de principios voluntarios y no
vinculantes.
Lo ocurrido en la OCDE repercutió en
la OIT. En abril de 1977, en ocasión de la Reunión
Consultiva Tripartita, los delegados del gobierno y de los
empleadores de Estados Unidos logran imponer
los criterios de la OCDE, que predominaron en la
Declaración. Si bien este documento constituyó un importante
paso adelante, el mismo contempla la reconocida pretensión
de las compañías transnacionales de autorregular sus
actuaciones y negarse a cualquier iniciativa que las someta
a normas jurídicas obligatorias.
La Organización Internacional de
Empleadores (OIE) reconoce en su página Web que,
al tiempo que apoya la Declaración Tripartita “promueve
que la Base de Datos para Empresas e Iniciativas Sociales de
la OIT siga siendo un inventario de información
objetiva y neutra relativa a las iniciativas sociales
encabezadas por las empresas”.
Y agrega: “Los empleadores también tienen
una posición clara en cuanto a lo que no desean que
haga la OIT: concretamente, convertirse en una
organización de control y verificación respecto de las
iniciativas voluntarias de las empresas en materia de RSE;
juzgar o clasificar los resultados o el comportamiento de
las empresas; establecer cualquier tipo de condición a favor
o en contra de las empresas sobre la base de su actividad o
falta de ella en el ámbito de la RSE; y, de manera
quizás más fundamental, trasladar a las empresas la
responsabilidad en relación con las normas internacionales
del trabajo”2.
Como puede observarse, se trata de la defensa
del viejo principio de “dejar hacer y dejar pasar” y
la última crisis que estamos padeciendo es, precisamente, el
resultado de la aplicación de este principio. Con la
salvedad que la actual crisis se diferencia de la de 1929 en
que ahora enfrentamos una crisis múltiple:
De ninguna de ella los trabajadores nos
sentimos responsables
En lo que tiene que ver con el tema
específico de este panel, si al mencionado principio le
sumamos las practicas habituales de las transnacionales en
los últimos años, como la deslocalización de sus actividades
productivas a regiones y países con menor costo de mano de
obra y leyes laborales y ambientales más permisivas; la
contratación de mano de obra tercerizada o con contrato a
término; la inestabilidad y flexibilidad laboral; la
persecución sindical etc., queda claro que el dialogo social
es una meta cada vez más lejana y cuando se logra algún
resultado el mismo, desde el punto de vista normativo, es
poco más que una declaración de buenas intenciones.
En 1964, un Congreso de la UITA aprobó
iniciar negociaciones internacionales coordinadas o
centralizadas con las sedes mundiales de las CTNs,
sobre problemas que afectan a varios países o al conjunto de
una empresa.
En 1985 (ocho años después de aprobada la
Declaración Tripartita) comenzaron las negociaciones entre
la UITA y la transnacional francesa BSN,
antecesora de la actual Danone. En 1994 se firmó una
declaración conjunta UITA/BSN sobre el ejercicio de
los derechos sindicales. En 1997 se firmó un convenio o
acuerdo marco entre la UITA y Danone, pionero
en el mundo, se necesitaron 12 años para culminar el
proceso. Además de Danone, la UITA tiene
firmados convenios internacionales con Accor,
Chiquita, Fonterra y Club Mediterranee.
En los 12 años transcurridos desde 1997,
cuando firmamos el primer convenio internacional, sólo hemos
logrado pactar cuatro nuevos convenios y en todo el mundo
existen solamente 50 convenios involucrando una
transnacional. Como podemos apreciar, muy poco que
conmemorar.
Hoy los programas de Responsabilidad Social
Empresarial y los Códigos de Conducta están suplantando a
los acuerdos marco y a los convenios internacionales. La
diferencia entre ambos es grande, tanta como comparar el
reglamento interno de una empresa con el convenio colectivo.
La Regional Latinoamericana de la UITA
está creando nuevas estructuras con la intención de
responder a la actual situación. Se trata de organizar
federaciones regionales que agrupen a los sindicatos que
representan a los trabajadores de una misma transnacional.
Ya se han constituido la Federación Latinoamericana de
Trabajadores de Coca Cola (FELATRAC); la Federación
Latinoamericana de Trabajadores de AmBev (FELATRA);
la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Nestlé;
la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Arcor;
y la federación que representará a los trabajadores de
Unilever se encuentra en formación.
Se presume que el trato cotidiano entre los
dirigentes sindicales y los ejecutivos de las empresas
facilite la posibilidad de discutir y aprobar convenios
regionales en cada compañía.
Para
desarrollar el dialogo social se requieren estructuras
adecuadas, pero también voluntad de practicarlo y
protocolizarlo.
Ponencia de: Enildo Iglesias
MultiForum
Cono Sur
Buenos
Aires, 22 de abril de 2009
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