La política del
gobierno uruguayo en materia de relaciones de trabajo ha sido
sustancialmente diferente a la de gobiernos anteriores. La decisión de las
cámaras empresariales de retirarse de la Comisión de Legislación Laboral del
Compromiso Nacional pone a prueba la estrategia negociadora del Ministro
Bonomi y su equipo.
El 13 de diciembre de 2006 el gobierno uruguayo firmó con
representantes empresariales y sindicales el Compromiso Nacional sobre
Inversión, Producción, Empleo e Ingresos. Se trata de un ámbito de trabajo
conjunto, “con el objetivo de alcanzar un acuerdo plurianual en las áreas de
las políticas económicas y sociales. Este acuerdo pretende contemplar
intereses diferentes y compatibilizarlos en torno a un proyecto estratégico
nacional”1. Se integraron varias comisiones sobre los temas incluidos
en la convocatoria: políticas macroeconómicas, empleo, legislación laboral,
reforma tributaria, prioridades del gasto público, clima de inversión,
inserción internacional.
La comisión de Legislación Laboral tenía como primer objetivo
elaborar un proyecto de ley de negociación colectiva. Sin embargo, las
cámaras empresariales se retiraron el 9 de febrero pasado por discrepancias
con dos leyes referidas a las relaciones entre trabajadores y empleadores.
Una de ellas extiende los plazos de prescripción de los créditos laborales y
la otra protege al trabajador ante los procesos de descentralización
empresarial, en los casos que se utilizan subcontratistas, intermediarios o
suministradores de mano de obra2.
El gobierno había presentado en marzo de 2006 un anteproyecto
de ley de negociación colectiva que abordaba el tema de la ocupación de
lugares de trabajo. Esta cuestión ha sido motivo de enfrentamientos
permanentes entre sindicatos y empleadores, ya que los primeros lo
consideran una modalidad del derecho de huelga y los empleadores opinan que
es una actividad ilícita. El anteproyecto determina explícitamente que la
ocupación es una modalidad del derecho de huelga, pero impone determinadas
cargas y limitaciones a los sindicatos que ocupen lugares de trabajo. Se
deben adoptar medidas para impedir daños en las instalaciones, para
preservar bienes perecederos o procesos que no pueden interrumpirse. Por
otra parte, se prohíbe asumir el funcionamiento de la empresa sustituyendo
al empleador, salvo que el mismo haya abandonado las instalaciones o no
tenga representante en el país. En caso de incumplimiento de los ocupantes
está prevista la vía judicial y en determinados casos el desalojo por
decisión del Ministerio con el auxilio de la Policía.
Cuando se presentó el anteproyecto las cámaras empresariales
lo atacaron por su presunta inconstitucionalidad, en la medida en que
afectaba el derecho de propiedad3. Luego de negociaciones con los representantes sindicales y
empresariales, se decidió abandonarlo y conformar uno nuevo en acuerdo con
empresarios y sindicatos.
La comisión de Legislación Laboral del Compromiso Nacional
parecía un ámbito adecuado para procesar el tema.
En el Compromiso Nacional
se apuesta a llegar lo más lejos posible en materia de acuerdos entre
fuerzas sociales naturalmente enfrentadas y un gobierno que, por su programa
y por la historia de los propios dirigentes que lo llevan adelante, es visto
por determinados integrantes de las cámaras empresariales como el enemigo.
Jorge Bruni, subsecretario de Trabajo y experimentado abogado
laboralista, escribió en diciembre de 2006: “Los años 2005-06 nos
demostraron que el
país necesita mucho diálogo, luego de una década y media, por lo menos, de
ausencia. Y también nos mostró que en países pequeños como el nuestro
resultan esenciales los consensos sociales para llevar adelante una
estrategia nacional de desarrollo integral.” Y concluía: “Hoy el diálogo
social se proyecta como una herramienta fundamental que trasciende lo
laboral, permitiendo pensar en el desarrollo productivo del país todo, para
ir haciendo o deshaciendo historia. Porque como decía José Bergamín,
¿si existe la mala fe, por qué no va a haber una buena duda? Esto es, un
poco de audacia, ser responsablemente irresponsables”
4.
El Ministro Bonomi
ofreció integrar una comisión, con participación de los sectores empresarial
y sindical, para reglamentar las leyes cuestionadas. Dicha propuesta dividió
al sector empresarial. Las cámaras más tradicionales, que representan a los
sectores históricamente dominantes (Cámara de Industrias, Cámara de Comercio
y Asociación Rural) se oponen a volver al diálogo. Por su parte, un grupo de
empresarios conocido como el Grupo de los 10 es partidario de
participar en la comisión. Se trata de las cámaras del Transporte, la
Alimentación, cuatro asociaciones de empresarios de la Construcción, las
organizaciones del comercio minorista de alimentación, radiodifusión, micro
y pequeñas empresas y la Intergremial del Transporte de Carga.
Las cámaras empresariales siempre tuvieron un diálogo fluido
con los gobiernos anteriores y estaban acostumbradas a imponer su poder
económico. No debe ser fácil para ellos sentarse en la mesa de negociación,
y ver como mediadores y en última instancia árbitros a militantes sociales y
ex asesores de sindicatos, que durante años fueron sus adversarios. Por otra
parte, debe haber muchos trabajadores que piensen que el gobierno dialoga
demasiado cuando cuenta con las herramientas para imponer sus posiciones, ya
que goza de mayorías para hacer aprobar las leyes que proponga. Cuando
Bruni habla de hacer o deshacer historia está haciendo referencia a esa
difícil construcción de consensos que el gobierno persigue. Es aquello a que
hacía referencia Enrico Berlinguer, secretario del Partido Comunista
Italiano entre 1972 y 1984 cuando hablaba de pasar de la simplicidad de
la utopía a la complejidad de la historia.
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En Montevideo, Uruguay Ortiz
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Rel-UITA
9 de marzo de 2007 |
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