Colombia 

Entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres colombianas han sido en algún momento víctimas de distintas formas de violencia, afirmó Amnistía Internacional (AI) en un informe dado a conocer el pasado 13 de octubre en Suiza.

Los abusos sexuales constituyen la práctica más generalizada en medio de un conflicto que devasta el país, señala la ONG, que critica a la vez al Gobierno colombiano por no tomar las "medidas adecuadas para poner fin a esa violencia y luchar contra la impunidad".

Se considera que en cuarenta años de conflicto interno todos los grupos armados -desde los grupos guerrilleros y los paramilitares hasta las fuerzas de seguridad- "han abusado o explotado sexualmente a las mujeres, tanto civiles como a sus propias combatientes, tratando de controlar las esferas más íntimas de sus vidas".

A la violencia doméstica y aquella ejercida por la comunidad se suma la perpetrada por los grupos armados que suelen ver a las mujeres como "trofeos de guerra", sea para vengarse del adversario o para utilizarlas como esclavas sexuales.

Las más expuestas son las afrocolombianas, las indígenas, las campesinas, las que habitan en sectores urbano-marginales y las desplazadas en el interior de Colombia, recalca el informe, que consta de 60 páginas.

AI denuncia como uno de los hechos más graves que los guerrilleros abusen sexualmente de mujeres y niñas que han reclutado o secuestrado, las fuercen a utilizar métodos anticonceptivos y a abortar en caso de embarazo.

La organización humanitaria señala en una sección de su informe que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "han perseguido y matado por razones de orientación sexual, han obligado a sus víctimas a someterse a pruebas para detectar el virus del sida y han asesinado a seropositivos y a trabajadoras sexuales".

Para Amnistía Internacional el que los casos de violencia sexual se investiguen dentro del sistema de justicia militar, facilita el encubrimiento de casos y considera que la actual política de "seguridad democrática" ha aumentado los peligros.

Asimismo, considera que el estado colombiano "ha hecho muy pocos esfuerzos por poner los servicios básicos y los procedimientos de urgencia al alcance de quienes sobreviven a la violencia sexual", mientras que el tratamiento profiláctico ante un posible contagio de sida es "prácticamente inexistente".

Precisa que los principales proveedores de esos servicios son actualmente las organizaciones no gubernamentales y privadas que trabajan con las víctimas de la violencia en Colombia.

Aunque admite que algunas instancias del Gobierno impulsan programas contra la violencia sexual, "tales esfuerzos no forman parte de una política integral del Estado".

Frente a este diagnóstico, AI pide al Gobierno del presidente Álvaro Uribe que garantice que todos los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos, solos o en complicidad con paramilitares, sean suspendidos del servicio hasta que se determine su responsabilidad o inocencia.

Asimismo, plantea que se excluya el delito de violación de la jurisdicción de la justicia militar y que se revoquen todas las medidas que agravan la impunidad en Colombia, "como las que otorgan facultades de policía judicial al ejército y amnistías de hecho" a paramilitares.

En relación con los activistas de los derechos humanos, la organización internacional reclama que se asegure que éstos "puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias", y para las víctimas de las violaciones pide protección de modo que puedan denunciar a los responsables.

AI reclama igualmente a los grupos guerrilleros que se comprometan a dejar de reclutar menores de 18 años e instruir a sus combatientes para que no cometan ningún tipo de violencia sexual, sea contra mujeres de sus filas, civiles o del bando enemigo.

EFE

15 de octubre de 2004