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El golpe 
de Estado que en junio de 2009 derrocó al gobierno legítimo de Manuel Zelaya, no 
ocasionó solamente la ruptura del orden constitucional que aún no ha sido 
sanado, sino que profundizó la ya grave situación de violación a los derechos de 
las mujeres hondureñas.   
En ocasión del Día 
Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) 
conversó con Sirel acerca de la situación de la violencia de género en el 
país. 
  
Según estadísticas del 
Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, del 2002 al 2010 en 
Honduras fueron asesinadas 1.778 mujeres, casi la mitad de las cuales en edades 
comprendidas entre los 15 y los 29 años. 
  
Además, el año pasado 597 mujeres 
fueron víctimas de violencia -incluyendo 343 femicidios- con aumento del 85 por 
ciento en los últimos dos años. 
  
De acuerdo con la 
Fiscalía Especial de las Mujeres, de un acumulado de 944 casos (2008-2010) de 
muertes violentas de mujeres, sólo se han obtenido 61 sentencias (6,4 por 
ciento). 
  
Esta situación 
evidencia una significativa profundización de la violencia de 
género después del golpe de Estado.  
  
En un documento 
dado a conocer a finales del año pasado, el CDM reveló como el golpe de 
Estado significó “el derrumbe y deslegitimación de la poca institucionalidad y mecanismos 
existentes -creados con esfuerzo y lucha de las organizaciones feministas- para 
garantizar el respeto y goce de los derechos humanos”. 
  
Ante esta situación, el documento denuncia que el gobierno 
continuador del golpe se está limitando a realizar esfuerzos “por 
ocultar las permanentes violaciones a los derechos humanos de la población 
hondureña y de las mujeres en especial”, 
sin garantizar el cumplimiento de los mecanismos necesarios para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 
  
“Vivimos una situación de absoluta ingobernabilidad. El Estado ha 
colapsado y las mujeres estamos expuestas a la violencia sistemática y a la 
falta de respuesta institucional”, dijo a Sirel, la coordinadora del 
Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos del CDM, Regina Fonseca. 
  
Según Fonseca, el Estado, a través de sus cuerpos represivos 
y de las estructuras encargadas de aplicar justicia, se ha convertido en una 
importante fuente de agresión a la integridad y vida de las mujeres. 
  
“Casi 
el 96 por ciento de los femicidios quedan en la impunidad. Las autoridades son 
incapaces de realizar su trabajo o están coludidas con los responsables de 
violencia.
 
  
Además -continuó la activista- nos preocupa el ritmo de crecimiento 
de los asesinatos de mujeres, que ya es el doble con respecto a los hombres, y 
la estigmatización que se está dando a este fenómeno de parte de las autoridades 
de Seguridad. 
  
También estamos viendo como las instituciones se han parcializado a 
favor de los grupos de poder, contribuyendo de esa manera a la criminalización 
de la protesta social y a la persecución política, represión y violencia sexual 
contra las mujeres que son parte de la Resistencia.”, aseveró Fonseca.
 
  
Frente esta situación, las integrantes del CDM siguen sin 
reconocer al actual régimen de Porfirio Lobo. 
  
“Reconocerlo sería como que alguien me viole y después tenga que 
sentarme con él a negociar. No es posible y es por eso que necesitamos refundar 
nuestro país. 
  
Queremos un Estado donde las mujeres sean parte del espíritu y de 
la acción social y política. Somos parte de la Resistencia y apostamos a 
auto convocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente, con nuestra mirada 
femenina y con nuestras necesidades y demandas”, concluyó Fonseca. 
  
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