Un Estado que no educa adecuadamente a las niñas y adolescentes rurales deja de percibir, en el futuro, importantes beneficios sociales. Esa es una de las conclusiones de un estudio presentado en audiencia pública en el Congreso de la República por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas y el Movimiento Manuela Ramos.

Las estadísticas muestran que cerca de 750.000 mujeres no han iniciado su educación formal, debido a que los padres no consideran un beneficio invertir en su educación, señaló Lisbeth Guillén, coordinadora del programa Derecho a la Participación Política y Ciudadana, del Movimiento Manuela Ramos.

"Hemos analizado el tema de la educación de las niñas y adolescentes rurales, desde un enfoque económico, con los doctores Enrique Vásquez y Álvaro Monge, de la universidad El Pacífico, y a partir de las investigaciones realizadas consideramos que, para enfrentar la desigualdad y la deserción de las adolescentes entre 12 y 17 años, se debe crear una partida presupuestal", dijo Guillén a SEMlac.

Al presentar los resultados de la investigación "Inversión necesaria para una educación adecuada de niñas y adolescentes rurales en el Perú", Vásquez señaló que se debe incidir directamente en la reducción de los costos de la educación, fundamentalmente en el nivel secundario.

"El costo de este programa durante el primer año de funcionamiento alcanza poco más de 70 millones de soles, lo cual representa 4,2 por ciento del presupuesto en educación, considerando sólo la enseñanza inicial, primaria, secundaria y asistencia a educandos, y excluyendo costos administrativos", explicó.

Se estima que las niñas y adolescentes rurales que acceden al mercado laboral, con niveles educativos inferiores a la educación secundaria completa, percibirían en promedio el equivalente a 312 dólares anuales menos de los que deberían recibir durante el resto de su vida laboral.

Pese a que en 2001 se aprobó la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales (Ley No. 27558), hasta la fecha muy poco se ha avanzado.

"En muchos casos, las niñas no asisten por cumplir labores productivas o quehaceres del hogar, lo cual denota que desde el hogar ya se verifican patrones de discriminación contra ellas", indica Vásquez.

"El tema de la educación es central para revertir estos patrones, estereotipos y todas estas prácticas de violencia que van en contra del derecho a la educación de las niñas y adolescentes y lograr mecanismos de inclusión y reducción de la discriminación de género. Vamos a trabajar para que las conclusiones de las investigaciones se traduzcan en medidas legislativas y en políticas públicas desde el Ejecutivo que mejoren la atención a este sector", puntualizó Guillén.

Julia Vicuña Yacarine

Tomado de SEMlac

12 de marzo de 2009